En la cárcel del Rodeo I, donde todavía están detenidos decenas de presos políticos en Venezuela, una de las formas más habituales de castigo consiste en trasladar a los presos a una de las ocho celdas del cuarto piso. Esta es un área de aislamiento, donde los presos son suspendidos por las muñecas, mantenidos desnudos y expuestos a bajas temperaturas. Allí reciben continuas golpizas por parte de los guardias penitenciarios en represalia por protestas —incluidas huelgas de hambre— iniciadas por ellos o sus familiares para exigir su liberación o denunciar sus condiciones de reclusión. Esta forma de tortura está documentada en la más reciente actualización de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que desde 2019 investiga detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas en Venezuela.
Este sexto informe de seguimiento evalúa la situación con Delcy Rodríguez al frente como presidenta encargada y reporta que estas prácticas contra los reclusos continuaron ocurriendo hasta hace menos de tres meses. “Según los testimonios, esta forma de tortura persistió hasta bien entrado el año 2026 y se infligió a presos que protestaban por las condiciones de reclusión tras los terremotos”, refiere el documento.
Nueve meses después de que Estados Unidos capturara en una operación militar a Nicolás Maduro, “sigue intacta” la estructura de persecución y represión del Estado –con su enorme saldo en violaciones de derechos humanos impunes- y los cambios políticos son “limitados”, concluye la Misión.
La situación de las prisiones, sobre las se ha puesto especial atención estos meses por las excarcelaciones concretadas después del 3 de enero, tiene una extensa documentación en el informe. En el Rodeo I, la Misión también documentó un método de tortura no registrado anteriormente, llamado “la máquina del tiempo”. Según testimonios coincidentes recogidos por los investigadores, el método consiste en confinar a grupos de unos 15 detenidos en un tanque subterráneo sellado, donde se les obligaba a permanecer desnudos y en total oscuridad. “Los detenidos permanecían confinados en esas condiciones durante períodos que oscilaban entre unos pocos días y tres meses, sin acceso al aire libre ni a instalaciones sanitarias. En algunos casos, el castigo se aplicó al mismo recluso en más de una ocasión”. En el Fuerte Guaicaipuro detectaron otras prácticas. La celda de castigo, conocida como “La Luciérnaga”, estaba infestada de ratas e insectos, y los detenidos permanecían en ella durante varios días bajo iluminación artificial continua, desnudos, en cuclillas, con las manos y los pies atados.
El informe recoge al menos seis casos de alimentación forzada mediante intubación a detenidos en huelga de hambre y el sondaje vesical forzoso. “Este método se utilizó como forma de intimidación para disuadir a otros de sumarse a futuras huelgas, ya que se obligaba a otros detenidos a presenciar el doloroso procedimiento”, señala el informe.
El avance, que será presentado en Ginebra este jueves, reconoce que tras el 3 de enero el Gobierno dio señales de apertura política y cambios en su discurso que se materializó en liberaciones de centenares de presos políticos, la creación del Programa de Convivencia y Paz y el anuncio del cierre de la cárcel del Helicoide. “A pesar de los indicios de liberalización política, no se ha producido un desmantelamiento sustancial ni una reforma significativa del aparato represivo del Estado, compuesto por más de 60 instituciones, además de actores y perpetradores”, señala el documento.
De acuerdo con la misión, al menos 19 funcionarios con distintos grados de responsabilidad en la comisión de violaciones de derechos continúan en el aparato estatal. A la primera que mencionan es la propia presidenta encargada que, como vicepresidenta de Maduro, estuvo por años tuvo a cargo el Servicio Bolivariano de Inteligencia, señalado de ser parte del engranaje de persecución política en Venezuela, en particular durante el ciclo represivo luego de las elecciones de 2024. Aunque Rodríguez ha remodelado casi totalmente su gabinete, hay funcionarios involucrados en la comisión de violaciones de derechos humanos que permanecen en su entorno, estructuras que no han sido desmanteladas y leyes represivas que siguen estando vigentes.
La misión de la ONU señala a su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. “El 5 de enero, el hermano de la Sra. Rodríguez, Jorge Rodríguez, fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, cargo que ha ocupado ininterrumpidamente desde 2021. En esa función, desempeñó un papel clave en el impulso de legislación que facilitaba la persecución política. En dicho cargo, así como en su anterior función como Ministro de Comunicación e Información, ha sido un destacado portavoz de las políticas represivas del Estado —incluida la ofensiva represiva postelectoral de 2024— y ha utilizado activamente plataformas públicas para intimidar o desacreditar a líderes de la oposición y a actores de la sociedad civil”.
Además, se refieren a las reubicaciones en otros cargos otros actores involucrados en la persecución política como Vladimir Padrino, hoy ministro de Agricultura, y el ex fiscal Tarek William Saab, a cargo de una fundación cultural. Así como también destacan el ascenso de Gustavo González López al Ministerio de Defensa y la permanencia de Diosdado Cabello como ministro de Interior. “En informes anteriores, la misión ha vinculado al Sr. González y al Sr. Cabello con graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, señala el texto.
La misión destaca que las excarcelaciones concretadas este año redujeron significativamente el número de presos políticos, pero señala que entre 379 y 500 personas siguen detenidas, según las ONG. “La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran las personas que permanecen detenidas y cuál es su situación jurídica”. El caso de la desaparición y muerte en prisión de Víctor Hugo Quero Navas es uno de los señalados.
Los investigadores han subrayado un cambio en las detenciones arbitrarias, ahora de corta duración, contra personas percibidas como opositoras al Gobierno, incluidas aquellas que ya habían estado presas. “Estas acciones cobran especial relevancia dado el contexto de abusos generalizados durante la última década, pues sirven de potente recordatorio a los activistas políticos de que sus actividades son vigiladas y de que el aparato represivo sigue listo para restringir libertades si las autoridades así lo deciden”, advierten.
El grupo de expertos de la Misión exhortó a las autoridades a adoptar “medidas decisivas” para la rendición de cuentas y a “establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”. Pidieron revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, anunciada el mes pasado, luego de que Estados Unidos cargara una vez más contra de esta institución. “Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales,” señaló el canadiense Alex Neve, uno de los expertos de la Misión. “Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país”.
Los colectivos y el Estado
La Misión de la ONU ha profundizado en la actuación de los grupos de choque afiliados al chavismo llamados colectivos y el apoyo político, financiero, operativos y de protección institucional que han recibido desde hace años de organismos del Estado. Las formas de financiamiento documentadas en el informe van desde su inclusión en las nóminas de instituciones públicas y la tolerancia sobre actividades ilícitas como la extorsión hasta asignarles tareas como la distribución de ayudas gubernamentales y bienes o servicios básicos. En algunos casos, se han beneficiado de bienes incautados durante operaciones de seguridad.
“Las pruebas recabadas por la misión demuestran que los colectivos acatan órdenes operativas y mantienen relaciones directas con diversos ministros, miembros de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, directores policiales, personal militar, organismos de seguridad, funcionarios gubernamentales e incluso jueces y fiscales. La misión identificó una lista de actores y autores que desempeñaron ese papel”. De acuerdo con la investigación, los colectivos llevan a cabo funciones de inteligencia y vigilancia, con informantes vecinales, y administran justicia de manera informal en los territorios que controlan. “En varios casos, los colectivos participaron en la identificación, localización y seguimiento de personas buscadas por los servicios de seguridad e inteligencia, tal como ocurrió durante la implementación del Plan Zamora y la Operación Tun Tun”, añaden en referencia a dispositivos policiales y militares desplegados por el Gobierno para perseguir opositores.
