El retiro de visados de Estados Unidos contra voces críticas del presidente Rodrigo Chaves ha saltado las alarmas en Costa Rica. En febrero de 2025 perdieron la visa dos diputadas opositoras que cuestionaban la decisión del Gobierno costarricense de excluir a empresas chinas de un millonario contrato público en tecnología. Después fueron funcionarios de la agencia estatal de telecomunicaciones. La lista se amplió a otros legisladores críticos de Chaves y llegó hasta el expresidente Óscar Arias, Nobel de la Paz. Poco después fueron algunos magistrados de la Corte Suprema y, a las semanas, el empresario fundador de CRHoy, uno de los medios de comunicación señalados como enemigos por el Chaves, un aliado de Donald Trump. El catálogo de sancionados llegaba a casi 15 afectados, pero faltaba un nombre importante: el diario La Nación.
El medio escrito más grande del país, con casi 80 años de historia y un lugar fijo en el paredón de críticas de Chaves, figura ahora en la lista de actores políticos castigados por el Gobierno de Estados Unidos. Aunque no hay explicaciones públicas de las autoridades estadounidenses, todos esos nombres coinciden en ser parte de la lista que Rodrigo Chaves suele mencionar como “enemigos de la Patria”, como repite en sus discursos. En agosto, un oficial de la Embajada, Michael Flores, dijo de manera general que su país revoca visas a quienes representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y, un mes después, el Departamento de Estado adujo que con esa medida pretende contrarrestar la “influencia corrupta” de China en Centroamérica.
Con la cancelación de la visa de cinco de los siete miembros de la junta directiva de La Nación, sin embargo, las reacciones apuntan directo a la posibilidad de injerencia extranjera en contra de la prensa costarricense cuyas libertades, aún excepcionales en el continente, se han deteriorado durante el gobierno actual, según el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Es un nuevo e inesperado golpe al periodismo independiente. Esta vez fue de naturaleza extraterritorial”, afirma un comunicado de la junta directiva del periódico.
Costa Rica, que ocupaba el puesto mundial 5 en libertad de prensa en 2021, ha descendido hasta la casilla 38, señala el informe de RSF. Chaves llama prensa “canalla” y “defensor de las castas” a los medios críticos como La Nación, un periódico que publicó informaciones sobre supuestas ilegalidades en el financiamiento electoral de la campaña de Chaves y las sanciones que él recibió cuando fue funcionario del Banco Mundial por conductas sexuales indebidas.
El periódico también denunció numerosos casos de supuesta corrupción, incluido uno que por poco le hace perder la inmunidad al popular mandatario, y criticó con dureza conductas señaladas como autoritarias y amenazantes para el sistema democrático costarricense, que por décadas recibió reconocimiento internacional. Chaves expresó, siendo candidato, sus intenciones de destruir al diario y a Canal 7, la principal televisora del país.
“Ante la ausencia de explicaciones sobre la decisión (de retirar las visas de directivos) o de razones objetivas que la sustenten, solo es posible llegar a una conclusión: su propósito ha sido castigar la línea editorial de La Nación y, a la vez, tratar de doblegar nuestra autonomía periodística”, expresa el diario en un editorial publicado el lunes.
Con el criterio del periódico coinciden la expresidenta Laura Chinchilla y el expresidente José María Figueres. Aunque ambos tuvieron una relación hostil con el diario en el pasado, ahora señalan la falta de una explicación clara y, por tanto, la probabilidad de que haya un motivo político detrás de las cancelaciones de visas a distintos actores políticos. “El único denominador común que parece emerger es su independencia de criterio frente al Gobierno”, dijo Figueres.
El Ejecutivo de Chaves elude reportar responsabilidad alguna sobre esas medidas. En una entrevista de este lunes en el canal Repretel, Chaves evitó responder con claridad, pero insinuó riendo que no tiene el poder de dar órdenes a Estados Unidos sobre quién puede ingresar a su territorio o no. “Si ese fuera el caso, yo sería el presidente más poderoso que ha tenido Costa Rica con respecto a la nación más poderosa del mundo”, respondió al ser consultado por el caso concreto de Rodrigo Arias, quien ejerció como presidente de la Asamblea Legislativa en los últimos cuatro años.
Distintas organizaciones defensoras de medios de comunicación y del periodismo han expresado su preocupación. “Se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos”, expresó Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Algunos medios locales han evitado publicar la noticia, incluso noticiarios que han estado en la mira de la retórica de Chaves. Dos periodistas dijeron a EL PAÍS, bajo anonimato, que prefieren tener cuidado y esperar la línea que tendrá la Administración de Laura Fernández sobre los medios de comunicación, más aún después del intento del gobierno actual de someter a subasta todas las frecuencias de radio y televisión a precios millonarios.
Tampoco se manifestó la mayor patronal de Costa Rica, la Unión de Cámaras. “El ejercicio de la soberanía es un tema de cada país y lo que nos corresponde como institución es ser respetuosos de las decisiones. Desconocemos las causas”, respondió su director ejecutivo, Jorge Luis Araya, a pesar de la cercanía histórica del grupo con la empresa editora del diario.
“Si bien no hay una causalidad fáctica entre la política interna costarricense y la política migratoria de Estados Unidos, sí genera muchas suspicacias y llama la atención ese retiro de visas a personas empresarias que no parecen representar amenaza alguna para Estados Unidos y que representan a un medio que históricamente ha sido aliado de la política estadounidense, como ocurrió en 2007 con el Tratado de Libre Comercio. Lo que parece ser es una represalia política contra críticos del gobierno de Rodrigo Chaves, que promueve una lucha populista contra las élites”, afirma Felipe Alpízar, politólogo e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR). Alpízar añade que esta medida se interpreta como una amenaza a la libertad de prensa con posibles consecuencias de autocensura en otros medios.
En La Nación, sin embargo, no prevén un viraje en sus publicaciones. “Esta situación no cambiará nuestra línea editorial ni nuestro compromiso con la libertad de prensa”, ha afirmado su junta directiva.
