El Presidente empuñó en 2023 la motosierra. Antes de cumplir su primer año de gobierno, volvió a sostenerla. El plan de destrucción del Estado continúa. Y el Estado –no hay que olvidarlo– tiene un fundamento: la Constitución. ¿Qué pasa con una Constitución cuando el símbolo del ajuste sobrevive mientras el contenido mínimo que promete garantizar se vacía o se cae?
Las comunidades del mundo pueden dividirse en dos: las que logran estabilidad y cumplimiento efectivo de sus reglas, y las que van sin ellas al precipicio de la anarquía. Las reglas existen para garantizar condiciones de convivencia para todos. Su diseño presupone cierto grado de cumplimiento efectivo como criterio de validez. No alcanza con que el texto exista: hace falta que un “contenido mínimo” se cumpla para que la promesa no sea una ilusión. La Constitución es el programa de gobierno.
Frente a las derivas autocráticas que hoy inquietan, la Constitución no solo protege la vida digna como categoría que iguala en libertad a todos los seres humanos, sino también aquello que, vivencialmente, nos vuelve personas irrepetibles, capaces de realizar su plan. Gobernar el poder es preservar lo humano en esa doble condición. La función del hombre es vivir con dignidad, no la mera existencia. Para eso hacen falta al menos tres pilares que transforman el instinto en biografía: sustento, distribución y legado. El “contenido mínimo”.
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Entiendo por “sustento” alimento, salud, vivienda, trabajo y seguridad material. Sin sustento, la existencia se reduce a la lucha por sobrevivir. No es vida. Y el Derecho constitucional pierde sentido como promesa hacia el bien común. Ese mensaje sobre la prosperidad, el bienestar general y la justicia social tiene anclaje en la Constitución argentina. La “distribución” es la protección frente al poder arbitrario, que solo se asegura con un poder dividido, razonable y controlado, con tutela real y resguardo frente al abuso del Estado, de cualquier mayoría o de quienes concentran poder económico o tecnológico. Esa distribución republicana es una regulación histórica y perenne de la Ley Fundamental.
El “legado” consiste en transmitir con responsabilidad a las generaciones futuras un mundo habitable, una memoria y una cultura. Incluye el cuidado del ambiente natural y el no endeudamiento: compromisos que la generación presente no puede descargar con descuido sobre las que vendrán. También está establecido en la Escritura Fundamental.
Sin estas tres dimensiones, la Constitución deja de ser un conjunto de reglas para una vida pacífica y digna. Subsistiría como sistema idealizado, pero no perduraría, porque le faltaría aquello que la legitima ante quienes deben cumplirla. Esas dimensiones no son realismo mágico. Tampoco pueden configurar un cuento de terror. Aquí cobra fuerza la advertencia del jurista Diego Valadés, quien llama la atención, con preocupación y alarma, sobre el “postconstitucionalismo”: un sistema de apariencias jurídicas que no son tales y que enmascaran realidades opuestas al Estado constitucional, capaz de usar instrumentos democráticos para legitimar un poder concentrado y discrecional. Pareciera que el sistema constitucional sigue en pie, pero el contenido mínimo que lo justificaba –sustento, distribución, legado– se derrumba.
Este diagnóstico se verifica en la Argentina real. A casi tres años de gestión, el gobierno encabezado por el actual presidente liquida o desvanece el “contenido mínimo” prometido.
En materia de sustento, la pobreza no se detiene, cae la inversión educativa, se deterioran la calidad de la salud y su infraestructura, y los salarios no alcanzan. En paralelo, desde diciembre de 2023 se pierden empleos registrados y cierran empresas. El salario mínimo, vital y móvil carece de esa condición. Las jubilaciones y pensiones son desastrosas. El ingreso al primer empleo es una penuria y el acceso a la vivienda no existe: la Argentina es un país capitalista sin crédito que financie con equidad.
En distribución –mejor dicho, en desamparo frente a la arbitrariedad–, todo avanzó y avanza mediante decretos por razones de necesidad y urgencia antes que por leyes del Congreso. La iniciativa presidencial se orienta hacia la concentración, en desmedro de la separación de funciones republicanas.
Y en legado, por ejemplo, el financiamiento del Conicet y de las universidades quedó congelado en pesos de 2023, pese a una inflación acumulada de más de tres dígitos. La deuda externa crece, igual que la agresión al ambiente natural, con licencias para una extracción a cielo abierto cada vez más brutal.
La motosierra sigue y volverá a las calles en 2027. No construye contenido mínimo: solo corta. Puede guillotinar el Derecho constitucional y erradicar gastos, estructuras y ministerios, pero no construye escuelas ni caminos ni hospitales ni juridicidad. No puede fabricar sustento para los ciudadanos, ni tejer la distribución del poder, ni sembrar legado generacional. Esa es la trampa ineludible de gobernar con un símbolo de destrucción: explica lo que el Estado pierde, no lo que debería poner en su lugar y a su tiempo. Una Constitución no se mide por lo que un gobierno logra recortar, sino por lo que consigue garantizar y desarrollar. ¡Para todos!
Cuando llegue la campaña, la motosierra seguirá allí. Quedará pendiente la discusión sobre el “contenido mínimo”. Porque una Constitución que conserva –solo en apariencia– algunos de sus procesos públicos, pero deteriora la sustancia de los más importantes, ya no es una Constitución viva: es una escenografía patética. Y ninguna escenografía alcanza para garantizar que sustento, distribución y legado sigan siendo, en 2027, algo más que una promesa vaciada. O, peor aún, puede hacer que los ciudadanos dejen de ser protagonistas de esa Constitución para convertirse en el público de su propia caída. En definitiva, la Constitución es un texto jurídico y, a la vez, la base del modelo de convivencia que una ciudadanía asume para su sociedad.
* Doctor y posdoctor en Derecho (UBA).
