Una veintena de campesinos del pueblo originario de los tallán, un grupo de hombres, mujeres y niños, se subieron a un autobús este sábado para viajar durante tres horas desde su comunidad de 30.000 personas, San Juan Bautista de Catacaos, en la costa norte de Perú, hasta Chiclayo, la ciudad con la que León XIV se ha reencontrado en esta gira por Suramérica y que considera su casa. Quieren que el Papa escuche la historia de cómo fueron despojados de sus tierras por empresas vinculadas a la poderosa secta del Sodalicio, ya disuelta por Francisco pero cuya estructura económica sigue operando.
“Fue de la noche a la mañana”, explica Luis Inga, de 42 años, uno de los comuneros de Catacaos. En diciembre de 2011, él y otros comuneros detectaron la presencia en sus tierras de suelo desértico y bosques secos de algarrobo y zapote, una fruta, de unos “200 hombres armados”. “Llegaron para instalar unas empresas, pusieron vallas y cercas en las tierras”, relata. Al principio no sabían quién enviaba a esos hombres ni qué fin tenía todo aquello, luego entendieron la maniobra con esas empresas realizada por una entidad vinculada a la Iglesia católica, la Asociación Civil San Juan Bautista, ligada a su vez, hoy lo saben, al Sodalicio. “Ellos decían que habían comprado esa tierra, pero eso es imposible porque es comunal y no se puede vender, es todo un proceso histórico. Excepto si se decide en una asamblea entre los comuneros, y no ha habido ninguna sobre este tema”, dice Inga.
El sentido que otorgan a su territorio de Catacaos no es el de una propiedad, sino que es parte de su identidad, “pertenece a la comunidad campesina desde el Virreinato, y vivimos con la tierra desde tiempos ancestrales de los tallán”, explica Inga. Por eso el despojo supone arrebatarles tanto. Se llaman a sí mismos comuneros, y la tierra que habitan y por la que luchan es, como la define Paula Sandoval, de 58 años, su “fuente de vida”. “Mis hijos han nacido y se han criado allí, de ahí obtenemos la miel de abeja, sacamos a pastar las ovejas y las cabras todos los días, y ahora quieren echarnos”, denuncia en Chiclayo, con la esperanza de que el Papa les reciba.
Los comuneros de Catacaos son, quizá, las víctimas menos conocidas del Sodalicio, el gran escándalo de la iglesia católica en Perú, cuyos miembros han sido acusados por unas 250 víctimas de agresiones sexuales, castigos físicos, de obligar a tomar medicamentos psiquiátricos a personas homosexuales, abuso de poder y abuso espiritual. Esas son las personas que acudieron a dar su testimonio a la oficina de escucha que puso en marcha el Vaticano entre mayo y agosto de este año. En mayo, un enviado de León XIV acudió a la comunidad de San Juan Bautista de Catacaos a pedir perdón a las víctimas de rodillas, en un acto de reparación simbólica. Ahora, durante la gira por Suramérica, el Papa se ha reunido con víctimas en privado tanto en Argentina como en Perú, donde se vio con algunas del Sodalicio.
Aunque Francisco disolvió el Sodalicio como grupo católico ultraconservador dentro de la Iglesia, con la ayuda del hoy Papa, las víctimas denuncian que sus negocios siguen activos y que algunos de sus miembros conservan su influencia en ámbitos de poder, mientras sus denuncias siguen sin producir ninguna consecuencia ni hay reparación efectiva. “El Sodalicio ha sido descabezado, pero el cuerpo se sigue moviendo”, explica la periodista Paola Ugaz, autora del libro que en 2015 destapó el escándalo, Mitad monjes, mitad soldados, junto a Pedro Salinas. “Continúa el lucrativo negocio de la gestión de cementerios, en el que consiguieron exenciones de impuestos por ser de la Iglesia, algunos párrocos siguen al frente de iglesias vinculadas”, afirma.
Esas empresas que se instalaron en las tierras de los comuneros de Catacaos y que han ido cambiando de nombre, no se limitaron al despojo, sino que, según las víctimas, se han dedicado a hostigar, amenazar y acosar a los campesinos durante años en los tribunales acribillándolos a denuncias. Por robo, hurto, despojo y hasta “por terrorismo y extorsión”, cuenta Tania Pairona, presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos de Perú, en la rueda de prensa convocada en Chiclayo por la organización de víctimas de abusos de la Iglesia Ending Clergy Abuse (ECA) en la que han intervenido los comuneros y víctimas de abuso sexual del Sodalicio.
La coordinadora se ocupa desde 2019 de proporcionar orientación legal a los comuneros, pero antes tuvieron muchas dificultades. “Nos han criminalizado, la fiscalía admite denuncias de ellos contra nosotros: a una mujer de 86 años que ya murió la denunciaron por terrorismo, otro comunero recibió 25 denuncias por robo, hurto, usurpación…todo esto nos ha destrozado la vida, porque teníamos que pagar abogados para evitar la cárcel y por cada diligencia nos cobraban”, explica Inga. Él no recibió denuncias, pero sí su padre, su tío, sus primos y sus vecinos entre 2012 y 2018. A la comunera Paula Sandoval también le pusieron varias y ahora tiene “un juicio por desalojo porque no nos vamos de la tierra de la que ellos se quieren apropiar”, afirma.
Esta campaña de hostigamiento también la sufren periodistas que investigan la trama del Sodalicio en Perú, como Paola Ugaz. Aunque “la persecución” no empezó con el libro en el que documentaron los abusos a las víctimas por parte del Sodalicio, sino cuando puso la lupa en el entramado económico de la organización. “La fiscalía admitió contra mí una querella criminal por difamación el 19 de octubre. Me piden un año de cárcel”, explica Ugaz. “En los últimos ocho años no he dejado de estar procesada: hay cinco investigaciones contra mí y aceptadas por la fiscalía. Me acusan de estar al frente de una red de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, cohecho”, explica. “En el 2020, sufrí una campaña de hostigamiento a través del ecosistema de medios de desinformación que manejan, y ahora hay una segunda en marcha”, cuenta.
En la comitiva de los comuneros estaba también Fiorela Martínez, la viuda de Guadalupe Zapata Sosa, a quien le dispararon en el campo en diciembre de 2011, cuando empezaron a llegar los hombres armados y a poner cercos en sus tierras. Su asesinato sigue impune. “Le arrebataron la vida dejando huérfanos a dos niños, de tres años y seis meses”, explicó en la rueda de prensa en Chiclayo. “Son 15 años ya. Busco justicia y reparación”, dijo al borde de las lágrimas. Ella fue la encargada de leer una nueva carta de las víctimas del Sodalicio al Papa en la que le piden ser escuchados: “La Iglesia tiene hoy la oportunidad de demostrar que la supresión del Sodalicio no es solamente una decisión administrativa o canónica, sino el comienzo de un proceso auténtico de verdad, justicia y reparación”, dice la misiva.
El Vaticano mandó, como Estado, un requerimiento a Perú para que investigue a la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al Sodalicio y al despojo de tierras en Catacaos, por supuesto lavado de activos, pero el caso ha encallado en la fiscalía del país. Lo que hay es una demanda constitucional de amparo todavía activa que ha sido rechazada en dos instancias. A día de hoy, los comuneros denuncian que esas empresas instaladas en su territorio siguen allí y que sueltan perros que atacan al ganado.
La historia de los comuneros habla también de la indefensión, de un Estado, de una policía y una fiscalía que les ha dado la espalda a las víctimas. “Venimos de una historia de violencias sistemáticas desde los años ochenta, con miles de víctimas, que comprometen al Estado y a los militares”, dijo en la convocatoria en Chiclayo Tania Pairona, de la coordinadora de derechos humanos. “El Papa conoce Perú, conoce su historia de abusos del Estado, sus injusticias”, afirmó. Después del acto, explicó que “la voz del Papa es legítima para interpelar a las autoridades, porque es importante que las víctimas sientan que les cree, que lo que vivieron fue un delito y que puedan hacerlo con su voz. Se tienen que estar defendiendo del propio Estado, así que el Papa los puede abrazar en su lucha recibiéndolos”.
