El Ministerio Público Fiscal porteño apeló el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la ley penal juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años por un intento de robo. Además, tal como había anticipado Jorge Macri, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará un pedido de jury contra la magistrada.
“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, aseveró el funcionario porteño en declaraciones a Radio Mitre este martes.
Sobre la inconstitucionalidad de la baja de edad de imputabilidad, Tapia marcó que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y dijo que va a estar “presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete si esta jueza cumplió o no con su tarea”.
Sin embargo, el ministro señaló que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño: “Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso. O sea que la ley está vigente en la Ciudad”.
Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había adelantado que iban a solicitar un juicio político contra la jueza de Marinis.
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, comentó el jefe de Gobierno porteño en su cuenta de X.
Más tarde, en declaraciones a A24, Macri calificó la decisión de la jueza como “una aberración” y dijo que “se extralimita” con su fallo. Subrayó en tanto que no les corresponde a los magistrados hacer las leyes, sino hacerlas cumplir.
“Estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes tienen que ir al Congreso”, afirmó e insistió que los magistrados “una vez que el marco legal está establecido tienen que aplicar la ley”.
La apelación
Esta mañana se conoció que Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, apelaron el fallo de la jueza Laura Beatriz de Marinis. Pidieron el apartamiento de la jueza y el sorteo de un nuevo juez para la causa.
En entre sus argumentos, plantearon que el fallo en cuestión constituiría “un evidente gravamen de imposible reparación ulterior, al finalizar el proceso penal iniciado contra el adolescente sobreseído en la decisión recurrida, que le impide a este Ministerio Público Fiscal ejercer sus facultades constitucionales”.
A su vez, indicaron que “la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma y sobreseer al adolescente imputado causa un agravio a esta parte en su pretensión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”.
Además plantean que la magistrada se habría arrogado facultadas legislativas, que le corresponden al Congreso, al no aplicar una ley vigente.
El fallo
Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3, hizo lugar a un planteo del Ministerio Público de la Defensa y sobreseyó ayer a un menor de 14 años que estaba acusado de un intento de robo.
La causa contra M.I.A. había sido iniciada por una tentativa de robo infraganti, el 10 de septiembre. El adolescente estaba imputado junto a otras tres personas, pero fue el único de los cuatro que recibió el sobreseimiento.
La jueza Laura Beatriz De Marinis.En su fallo, la jueza De Marinis resolvió declarar la inconstitucionalidad solo del artículo 1 de la ley 27.801, que es el que establece el alcance de la nueva normativa. El artículo en cuestión dice:
“El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los catorce (14) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Uno de los argumentos de la jueza aborda la necesidad de dar una respuesta social desde el Estado (educación, contención, salud) en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, señala.
“No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, sostiene.
Se trata del segundo fallo en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. El primero había sido el que firmó la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo para suspender la aplicación de la ley. No obstante la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la cautelar dispuesta por Pascual.
