El usual regateo que se suele escuchar en los mercados de abasto en Bolivia se ha intensificado en las recientes semanas. “Todo caro”, le reclama una compradora a una vendedora de verduras del Mercado de Irpavi, en la zona sur de La Paz. “El diésel, señora. Todos los productos de Cochabamba traemos”, le responde. La eliminación el 18 de septiembre de la subvención que quedaba al combustible motor de la producción se ha sumado a la especulación por la inestabilidad de la moneda local para provocar precios inconstantes. Un monitoreo de la Defensoría del Pueblo en las nueve ciudades capitales del país y en El Alto determina que desde que se quitó el subsidio al menos tres alimentos de la canasta básica subieron su costo en más del 90%.
La zanahoria vendida en la ciudad de Cochabamba es el alimento con la mayor alza registrada, un 219%, según el documento. Pasó de costar 18,50 bolivianos (1,56 dólares) la cuartilla —medida tradicional que equivale a casi tres kilos— el 25 de agosto a 59 bolivianos (5 dólares) el 25 de septiembre. Los otros productos de la canasta básica que superan una subida del 90% son el azúcar granulada, también en Cochabamba (150%), y el tomate en El Alto (95,7%).
“Los efectos del levantamiento de la subvención al diésel han llegado a la mesa de la familia. Han aumentado los costos de producción y, principalmente, del transporte de alimentos, el sector que absorbió el impacto de manera más directa, afectando el traslado de alimentos de los centros de producción a los mercados urbanos”, reveló en conferencia de prensa el defensor del pueblo, Pedro Callisaya. Los alimentos que llegan desde la parte tropical del país, como la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a las ciudades altiplánicas han sido algunos de los que han recibido la mayor parte del golpe. En Oruro, por ejemplo, la cuartilla de cebolla pasó de 2,2 dólares a 3,7 dólares.
Marcha contra el alza de precios
En Tarija, al sur del país, cientos de personas salieron a las calles el lunes contra el alza de precios de la canasta básica. La manifestación fue convocada por la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve) de la ciudad, cuya directiva pidió un subsidio para los servicios básicos.
“Comemos carne menos días a la semana. A veces hago pollo o pescado”, dice Karen Santana, madre de dos hijos, cargando las bolsas con el abastecimiento mensual en La Paz. La Defensoría del Pueblo entrevistó a 63 jefas y jefes de casa, de los cuales un 86% asegura que cambió sus hábitos alimenticios en las últimas semanas. Santana asegura, sin embargo, que las limitaciones de opciones en el almuerzo comenzaron desde antes de la eliminación de la subvención al diésel, “desde que empezó la crisis”.
Desde 2023 escasean los dólares en Bolivia a causa de la drástica caída en la exportación de gas, fuente principal de divisas del Estado, llevando a consecuentes cierres de año con déficit fiscal. El Banco Mundial prevé en su informe de octubre que la economía del país se contraerá un 2,8% este año. Frente al gris panorama financiero, una de las primeras medidas del Gobierno de Rodrigo Paz fue la eliminación parcial, en diciembre, del subsidio a los combustibles que regía desde hace décadas. En ese entonces, la gasolina se encareció alrededor del 86% y el diésel en 163%. Después, en agosto pasado, un decreto niveló el precio del diésel a su costo internacional para los que consumían más de 120 litros, otro aumento que supera el 80%.
El remate final llegó en septiembre con la oficialización del precio internacional para cualquier consumidor. Paz justifica que la subvención le costaba al Estado 55 millones de dólares a la semana. La gasolina correrá la misma suerte al comienzo del próximo año, si Bolivia cumple las condiciones con las que cerró un préstamo por 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El economista Ricardo Fernández confirma que el aumento del costo del diésel incide en la maquinaria agrícola, el riego, el transporte de cosechas y la distribución mayorista y minorista. No es, sin embargo, la única razón en el alza de precios: “influyen también las heladas, la estacionalidad agrícola, los bloqueos, la escasez de productos, los costos de insumos importados y las expectativas de precios”. Los resultados de la Defensoría del Pueblo se contradicen con los oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que registró en septiembre una inflación general del 0,85% y una inflación alimentaria nacional del 0,73%.
“No son indicadores directamente comparables (…). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) incluye 397 productos genéricos [la Defensoría monitorea 21]. El pollo y otros registraron disminuciones que compensaron parcialmente las subidas”, explica Fernández. “Por eso, una zanahoria puede triplicar su precio en un mercado sin que toda la canasta nacional haga lo mismo. Para identificar discrepancias reales habría que comparar productos, fechas, ciudades y ponderaciones equivalentes”, continúa.
Fernández concuerda con la conclusión del informe de la Defensoría, que conmina a las autoridades a supervisar mercados mayoristas para detectar prácticas anticompetitivas y subida de precios injustificada. Otra de las exigencias más repetidas, incluso desde el propio contrato con el FMI, es la protección a los sectores más vulnerables. El Gobierno anunció más de siete millones de dólares para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (bono Pepe II), la continuación de una ayuda que ya abonó en enero cerca de 127 millones de dólares a madres gestantes, estudiantes de colegios públicos, adultos mayores sin jubilación, personas con discapacidad y menores en centros de acogida.
Fernández además propone que parte del ahorro fiscal obtenido por la eliminación del subsidio podría destinarse a inversión productiva y protección social focalizada. “El mayor candidato de Bolivia por su alto multiplicador es el saneamiento básico; la Organización Mundial de la Salud estima que por cada dólar invertido en saneamiento se genera 5,50 dólares de beneficios económicos y sociales”.
