La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un reclamo por perjuicios ambientales en Vaca Muerta que había presentado una ONG y generó alivio entre los grandes inversores de la energía en el país. Para las empresas, que en su mayoría se adhirieron al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y planifican sumar nuevos proyectos, el fallo significó dotar de “seguridad jurídica” a los negocios que el Gobierno de Javier Milei impulsó como uno de los motores de generación de dólares para una economía que requiere de ingreso fuerte de divisas y crecimiento del empleo en esa cadena de valor.
En una resolución publicada hoy, el máximo tribunal resolvió “rechazar la demanda interpuesta por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA)”. La organización sin fines de lucro (ONG) había accionado contra la totalidad de las operadoras de la Cuenca Neuquina para exigir “la recomposición integral de los daños colectivos ambientales” y la constitución de un “fondo de restauración ambiental”.
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Sin embargo, el máximo tribunal argumentó que la ONG no logró demostrar, con el grado de verosimilitud suficiente, que la actividad empresaria “provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”. La Corte cuestionó la falta de sustento técnico de la denuncia, al remarcar que la parte actora no precisó “qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados”, ni “la magnitud y gravedad de las alteraciones presuntamente producidas”.
Un modus operandi de negociación
Para los jueces, “la estrategia asumida por la asociación demandante consistente en asociar el daño ambiental a la actividad hidrocarburífera en general” representó “un vano esfuerzo”. En sintonía con los argumentos de los magistrados, fuentes judiciales explicaron a PERFIL que la sentencia constituye “un llamado de atención a la dinámica y a la estrategia judicial de las ONG’s que promueven causas para luego negociar”.
Según el análisis que surgió desde el Palacio de Justicia, el planteo de ASSUPA operó como una “excursión de pesca” sin los elementos esenciales para accionar, por lo que el rechazo del tribunal funcionó como “un castigo a los que utilizan causas nobles, el medio ambiente, como palanca para potenciales negociaciones económicas de carácter extorsivo”.
El aspecto procedimental y el derecho a la defensa de las petroleras ocuparon un lugar central en la resolución. La Corte Suprema hizo hincapié en la “incertidumbre” que les genera a las empresas “encontrarse sometidas a un juicio” sin que exista una atribución de responsabilidad clara que “les permita una defensa constitucionalmente sostenible”.
Al respecto, las fuentes consultadas interpretaron que la decisión reafirma “un modelo de Poder Judicial que es imparcial y no suple las deficiencias de las partes” —en referencia a las omisiones de la ONG— y que pone “un especial hincapié en los derechos que tienen las empresas demandadas”.
Autonomía y federalismo en las decisiones ambientales
El fallo se sustentó en el respeto a las autonomías locales, al señalar que la desestimación de la demanda buscó “preservar el amplísimo campo de acción que ha sido puesto en manos de la gestión pública provincial” en materia de “poder de policía ambiental” y “fiscalización de la actividad hidrocarburífera”. Este pasaje fue leído como “una importante defensa del federalismo y del rol de las provincias en materia de recursos naturales”, según destacaron las fuentes cercanas al máximo tribunal argentino.
El impacto económico del dictamen fue valorado en los pasillos de Tribunales como una señal directa hacia los mercados. Las fuentes aseguraron que el pronunciamiento de la Corte representa “una fuerte defensa del derecho a la propiedad privada y de la libre empresa”. En ese sentido, concluyeron que “la defensa de esos pilares constituye, también, el puntapié para la defensa y la promoción de la inversión de largo plazo con reglas de juego claras”, entendiendo que “sólo bajo estos parámetros de protección a la propiedad privada, de estabilidad y previsibilidad normativa, es que puede sostenerse una baja del riesgo país y una invitación seria a capitales nacionales y extranjeros a invertir en la Argentina”.
El festejo de las empresas
Fuentes empresarias consultadas por PERFIL destacaron la importancia de la “vigencia de la seguridad jurídica para inversiones, que son multimillonarias en dólares y que tienen una permanencia en el lugar de muchos años”, y calificaron de “clave” al fallo de la Corte Suprema, “porque permite no sólo desarrollar los proyectos en marcha, sino también sumar nuevas posibilidades de negocios e incentivar la llegada de nuevos jugadores”.
“La Argentina tiene condiciones de desarrollo extremadamente grandes, pero existieron diversos factores que no lograron estabilizarse durante muchos años y que impidieron la explotación de los recursos naturales para la generación de riquezas para las comunidades locales. Ninguna empresa piensa en generar daños al medio ambiente y, por el contrario, se invierte mucho dinero para hacer sustentable al negocio, porque entendemos que tiene que ir de la mano con el crecimiento de la población local”, afirmó un vocero del sector, consultado por este medio.
