La Corte Suprema de Justicia decidió que el Estado debe regular los aumentos de las cuotas de las prepagas. Lo hizo al determinar la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei que revocaban ese control mes a mes y ordenó que el Gobierno vuelva a asumir ese rol.
El máximo tribunal advirtió que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’ como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU “sino que resulta necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.
A partir de esos artículos cuestionados del DNU 70, los aumentos de las cuotas se dispararon en enero de 2024, situación llevó en aquel momento a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a denunciar a las prepagas. El conflicto se terminó de resolver mediante un acuerdo judicial, por el que las empresas se comprometían a realizar una devolución en cuotas a los afiliados sobre los aumentos realizados.
Luego de esos primeros meses convulsionados, la mayoría de las prepagas con más afiliados del mercado se comprometieron a su vez con el Gobierno -en este caso informalmente- a que los ajustes mensuales representaran el último índice de inflación conocido. Una situación que, salvo algunas excepciones, continuó de esa manera hasta el día de hoy.
Ahora, la Corte Suprema lo que hace es cuestionar la manera en que el Gobierno decidió correrse de su función rectora: “Los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, sostuvieron por unanimidad los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La decisión de la Corte es la primera en la que se dispone la inconstitucionalidad de artículos del DNU 70, ya que hasta ahora los planteos que habían llegado contra todo el texto o contra algunos artículos habían sido impulsados por actores que no tenían legitimación directa para iniciar esas demandas.
Aquí, la Corte confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”, dijeron fuentes del máximo tribunal.
En este caso, la causa fue iniciada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio contra la prepaga Swiss Medical, luego de sufrir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre 2023 y febrero de 2024. Según detalló, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud el incremento hubiera sido sólo de 6,26 por ciento.
En ese contexto, la mujer reclamó que se dictara la inconstitucionalidad de los artículos en cuestión, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, mecanismo que imponía el control estatal respecto de los valores de las cuotas de las prepagas.
El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos dos artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos de las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a la vez que ordenó al Estado a reasumir las funciones que le corresponden en función de la ley y determinar el valor de la cuota.
Según se sostuvo en esa oportunidad, el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y una decisión de esa naturaleza sólo podía hacerla el Congreso Nacional. Añadió que el Ejecutivo podría haber incluido la iniciativa en sesiones extraordinarias, como lo hizo con otros asuntos legislativos, y que no estaba probada la necesidad y la urgencia.
El Estado Nacional y la empresa Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal entendió que correspondía confirmar la sentencia en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden de la autoridad estatal de reasumir control fiscalizador sobre los aumentos.
En sus argumentos, los jueces citaron un reciente fallo en la causa conocida como “Cencosud” en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
En la práctica, la decisión de la Corte no significaría un cambio sustancial para los afiliados, dado que lo que se puso en tela de juicio es la forma en que se deciden los aumentos. Esto quiere decir que si el Estado hubiera fijado las subas periódicas acordes con el IPC de cada mes en vez de dejar “librado” a las empresas esa decisión, la demanda judicial y sus consecuencias eventualmente no habrían tenido lugar.
Clarín consultó a la SSS sobre cómo el nuevo escenario que se abre a partir del fallo de la Corte. Respondieron que debido a que la sentencia modifica el DNU 70 el tema excede a esa repartición y que compete a la Casa Rosada dar las explicaciones del caso. Al cierre de esta nota no hubo manifestaciones al respecto.








