La Corte Suprema argentina ha dado marcha atrás en uno de los fallos que más complicaba al Gobierno de Javier Milei. Hace solo diez días, el máximo tribunal dio validez a un artículo incluido en el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que Milei se estrenó en el poder, en diciembre de 2023, que abría de par en par la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. Lo que era una ansiada victoria judicial para el Gobierno, se convirtió con rapidez en un dolor de cabeza. Varias organizaciones sociales anunciaron una marcha contra la decisión judicial, los partidos opositores comenzaron a buscar votos en la Cámara de Diputados para rechazar el decreto completo —con más de 350 artículos— y el movimiento ecologista insistió por otros flancos en la Justicia.
Este viernes, la Corte Suprema falló en sentido contrario y dispuso suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras. Vuelven a regir así los límites previstos en esa normativa: ninguna provincia puede tener más del 15% de su territorio en manos de extranjeros y, en el área más productiva —conocida como zona núcleo—, el máximo permitido por titular foráneo son 1.000 hectáreas.
Esta segunda resolución fue firmada por dos de los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y dos conjueces convocados para suplir las vacantes que hay en la Corte Suprema. El tercer juez supremo, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y cuestionó con dureza la decisión de sus colegas.
Por mayoría, el máximo tribunal ordenó suspender los efectos del artículo 154 hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de quienes promovieron una demanda colectiva y examine su pedido de protección judicial. No se trata, por tanto, de una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, sino de una medida cautelar destinada a evitar posibles daños mientras continúa el proceso.
Ola nacionalista
La novela judicial inició el 29 de septiembre. Ese día, la Corte revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto de Milei. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que impulsaba la demanda en defensa de la soberanía nacional, no tenía legitimación suficiente para reclamar judicialmente la restitución de la ley.
En teoría, ese fallo de la Corte Suprema concedió a Milei lo que había intentado sin éxito desde hace tres años: desregular la venta de tierras para atraer inversiones. El presidente había probado, primero, por DNU; después, por vía legislativa. Chocó con la Justicia y con la oposición.
En la práctica, sin embargo, el contexto no podía ser peor. Con la economía a medio gas, al borde de entrar en recesión técnica, el Gobierno se ha subido a la ola nacionalista iniciada por los jugadores de la selección durante el Mundial, cuando desplegaron la pancarta de “las Malvinas son argentinas” en el campo de juego tras derrotar a Inglaterra. Milei criticó en un primer momento que los futbolistas hicieran política, pero después hizo suya la causa.
El reclamo argentino por la soberanía de estas islas del Atlántico Sur, bajo dominio británico, es uno de los pocos temas capaces de saltar la grieta de este país polarizado. Milei vio los frutos de su giro político de inmediato: el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que operen en las islas Malvinas sin autorización argentina tuvo una aprobación casi unánime. Por el contrario, el apoyo a su política económica divide al país en dos y la eliminación de todas las trabas a la venta de tierras a extranjeros cuenta con un rechazo máximo: el 77% se opone, según una encuesta de Zuban Córdoba.
La decisión de la Corte Suprema de este viernes fue en respuesta a otra de las demandas iniciadas contra la derogación de la Ley de Tierras. A diferencia de los veteranos de Malvinas, la organización ambiental Asociación Civil Árbol de Pie no apelaba a la soberanía, sino al derecho a un ambiente sano. Esta vez, el máximo tribunal dictó una medida cautelar hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión de fondo.
La marcha atrás del máximo tribunal ha supuesto un alivio para el Gobierno. El oficialismo confía en que reste fuerza a la maniobra opositora para rechazar todo el DNU 70/2023 en la sesión convocada para el 15 de octubre. Ese decreto es el corazón del desguace del Estado impulsado por Milei e incluye múltiples derogaciones de leyes y nuevas reglamentaciones con las que el país ha funcionado durante los últimos tres años. De caerse ese DNU, el Gobierno se vería en serios problemas.
