Desde la Casa Rosada se conoció un ambicioso plan del Gobierno que implica cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales de acá a fin de año, incluyendo aquellas correspondientes a la estratégica Cámara Federal de la Capital y los tribunales orales federales, con 40% de postulantes propios en el Poder Judicial.
Según una fuente legislativa indicó a La Nación, la propuesta va acompañada de la idea de acortar el mandato del Procurador General de la Nación a dos períodos, finalizando con el carácter vitalicio de la gestión. No obstante, aún no se habría definido la duración de los períodos, si es que serán dos de 4 años, dos de 5 o dos de 6.
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“Aún no lo tiene resuelto”, indicaron luego desde el Congreso sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otro tema en debate donde no se conoció aún si el presidente Javier Milei avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en lo que queda de 2026 o si será un tema para 2028.
En medio de la incertidumbre, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, visitó hace unos meses al mandatario para pedirle que las vacantes sean ocupadas con candidatos del Poder Judicial y no de la política, en particular de la justicia federal, ya que el máximo tribunal es federal y las últimas vacantes se cubrieron con candidatos de la justicia nacional.
Mariano Borinsky, Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, son algunos de los nombres que aparecen como posibles candidatos. Cabe recordar que el Gobierno de Milei había enviado los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla en abril de 2025 pero ambos fueron rechazados por el Poder Legislativo.
Por otra parte, desde el Gobierno también se intentará limitar el mandato del Procurador General de la Nación, cuyo cargo actualmente es vitalicio hasta los 75 años, como el de los jueces. El puesto está vacante desde 2017 y es ocupado de forma interina por el procurador adjunto, Eduardo Casal.
La decisión del Ejecutivo parte de la entrada en vigor del sistema acusatorio, donde queda en manos de los fiscales la investigación de los delitos y le da mayor poder al Procurador General, contando con la facultad de controlar y designar a los fiscales que disponen si un caso sigue adelante o no, es decir, disponer de la acción penal.
Una fuente citada por La Nación indicó que aún no se definió si se harán dos mandatos consecutivos de 4, 5 o 6 años de duración y se recordó un proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que proponía un mandato de 8 años, con opción a 4 más, para el Procurador General, junto al requisito de dos tercios de votos del Senado para ser designado.
Otro de los focos principales del Gobierno se encuentra en la cobertura de 300 vacantes de jueces de acá a fin de año, intentando que el Senado abra entre 20 y 30 pliegos por sesión. En este marco, ya se enviaron casi 140 pliegos y la primera sesión se prevé para el 16 de julio, con próximas audiencias citadas en agosto.
En este marco también se habilitó el envío de pliegos para cambiar la Cámara Federal, para lo que el Gobierno debe enviarlos para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos trasladados hace diez años por el expresidente Mauricio Macri.
Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Bertuzzi y la fiscal Cecilia Incardona son algunos de los nombres que suenan para estar incluidos en la propuesta del Ejecutivo, la cual le corresponde al ministro y al Presidente.
El diseño de una nueva Cámara Federal va de la mano con la apertura de una tercera vacante, considerando que no se elevó el pliego para la revalidación del acuerdo del juez Martín Irurzun que cumple 75 años el 18 de julio y debería acogerse a la jubilación. El tema ya generó debate en tribunales, donde Mariano Llorens busca consolidar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, aislando a Roberto Boico, respaldado por la oposición.
En paralelo, también hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, en un marco donde los puestos a cubrir en Comodoro Py incluyen también los juzgados federales, con cuatro lugares. A su vez, el presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña manifestó su deseo de obtener la reelección y presentó una medida cautelar, ya que la reelección está prohibida por el Consejo.
AS / EM
