El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut dispuso la intervención por 60 días del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que actuó en la decisión de otorgar a su madre la tenencia de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia que murió el 5 de abril. En reemplazo, designaron a la camarista María Marta Nieto.
El titular del STJ, Andrés Giacomone, anticipó este martes por la mañana que tenía prevista la realización de una auditoría para evaluar la forma en que actuaron todos los organismos y profesionales del fuero de familia que intervinieron en el caso del pequeño, cuya muerte conmueve al país.
Según dijo el magistrado, si bien se trata de “una situación que genera un profundo dolor, es necesario revisar el funcionamiento del sistema en su conjunto”.
En este contexto, la medida fue resuelta por unanimidad y tiene la firma de los seis integrantes del máximo organismo judicial provincial: Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani, además de Giacomone.
Como consecuencia de esta disposición, en el caso intervendrá la Cámara de Apelaciones de la circunscripción. Así, será Nieto quien ejerza las funciones de superintendencia. En el proceso, la acompañarán la coordinadora de los ETI, Valentina Kresteff, y de la funcionaria del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Ochoa.
La decisión judicial establece que, efectivamente, se deberá realizar “una auditoría integral y un control del cumplimiento de las funciones asignadas al Equipo Técnico“, que brinda asistencia técnica a los juzgados de Familia en intervenciones vinculadas a niñez, violencia familiar y situaciones de riesgo.
En este contexto, la Cámara de Apelaciones tendrá que presentar informes semanales al Superior Tribunal de Justicia respecto de las acciones realizadas en la investigación de la causa que tiene como protagonista al nene que, según la autopsia, tenía 22 golpes internos que corresponden a agresiones físicas en la cabeza.
De acuerdo con los dichos de Giacomone, citados por el sitio ADN Sur, la auditoría en cuestión abarcará “a todo el entramado institucional”, es decir, juzgados, equipos técnicos, servicios de protección de derechos y otras áreas involucradas. “No sirve hacer un análisis particular cuando fueron distintos actores los que intervinieron en esta causa”, había dicho.
Esta revisión responde a la trascendencia y el impacto que tuvo esta historia. En este sentido, aclararon que el ETI “cumple un rol clave en la evaluación de situaciones familiares y de protección de niños, niñas y adolescentes, por lo que su funcionamiento resulta central en casos sensibles como el que actualmente investiga la Justicia”.
