La decisión del Tribunal Supremo de España de mantener la suspensión del derecho a voto a los nacionalizados a través de la llamada ley de nietos, de 2022, ha generado mucha incertidumbre entre aquellos que acaban de obtener la nacionalidad que tenían sus padres y abuelos.
El hecho de que la negativa a que concurran a las urnas el próximo 29 de noviembre se haya hecho pública un 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ha acrecentado la rabia entre quienes sostienen que la justicia española discrimina entre ciudadanos de primera y de segunda y cuestiona un proceso electoral que siempre había sido visto como transparente. En Argentina, el epicentro del exilio español, con más de medio millón de residentes, organizaciones como el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu) califican de locura la decisión del máximo tribunal y consideran que su aplicación será imposible.
Juan Manuel de Hoz, referente de Cedeu, pone en duda que los consulados que funcionan en el país sean capaces de cumplir con lo encargado por el Tribunal Supremo. “Es imposible de subsanar desde el lado burocrático”, lamenta, al detallar que no todos los que accedieron a la ciudadanía española por la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, están afectados por la decisión judicial. Sólo concierne a los que la obtuvieron a través del primer supuesto, por ser descendientes de exiliados, pero no a aquellos que son hijos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero o a quienes eran mayores de edad cuando quisieron reclamarla y no pudieron. “¿Si ya están en el CERA (Censo de Españoles Residentes en el Extranjero) cómo van a distinguir unos de otros?, ¿Van a suspender a todos los que han accedido por la ley?”, se pregunta De Hoz.
Para De Hoz, es llamativo “que la decisión del Supremo se haya materializado en un Día de la Hispanidad, que debería ser un motivo de alegría y se transforma en un acto de desprecio notorio hacia los españoles en el extranjero”. Destaca, además, la incoherencia de una medida que no afecta a los que obtuvieron la nacionalidad por la Ley de nietos pero residen en España. “Ellos sí van a poder votar y los que viven acá no, no tiene sentido”, opina.
El fallo del Supremo ha provocado además numerosas dudas entre quienes solicitaron la nacionalidad y todavía no la han obtenido. Tienen miedo a que la justicia suspenda todavía más derechos o que, en último extremo, nunca les llegue a dar la ciudadanía española después de años de trámites y espera.
El consulado de Buenos Aires, por ejemplo, recibió casi 650.000 solicitudes, de las que sólo ha aprobado hasta ahora 30.000. De esas, la decisión judicial sólo afecta a 18.000 y entre los que están habilitados para votar baja a 8.000. Si el porcentaje de votantes se mantiene igual que en elecciones anteriores, inferior al 10%, el número de nuevos españoles que votan en Buenos Aires sería inferior a 800.
Las 100.000 solicitudes de México
Esta semana en el tablón de los tres consulados de México se deberá colgar un anuncio: los cinco días que cuentan los afectados de la ley de nietos para luchar por su voto el próximo 29 de noviembre. La confirmación del Tribunal Supremo de suspender este derecho pone a las sedes diplomáticas a trabajar contrarreloj. El Consulado General en México fue, en ese período, el quinto que más solicitudes había recibido, casi 100.000, según el Ministerio de Exteriores español. Aunque no hay datos publicados de cuántas de ellas se aprobaron ni cuántas entran ahora dentro de los 163.000 que ahora están en juego de forma global.
María Fernanda Sánchez-Armáss fue una de las solicitantes. Accedió a la ley en 2025 y consiguió su nacionalidad a mitad de este año. En una entrevista con EL PAÍS en julio ya manifestaba que no pretendía votar en las elecciones españolas: “Para mí, mientras viva en México, lo más responsable sería no votar en las elecciones españolas”. Esa postura contrasta con la que mantienen otros nacionalizados por la ley anterior, la Ley de Memoria Histórica (aprobada en 2008), como Felipe Gómez o Tania Sánchez-Juárez. El primero, quien nunca había votado hasta ahora, contó a este periódico que ya había empezado los trámites para asegurar su sufragio ante lo que considera “hacer ciudadanos de una y de otra categoría”. Sánchez-Juárez, quien reside en Viena, confirma que ella está en el censo registrada, aunque todavía no ha recibido la información para ejercerlo: “Votar es nuestro derecho como ciudadanos”.
La decisión se ha hecho pública en un día no laborable en varios países de Latinoamérica, como Chile. Por esa razón, el consulado español se encuentra cerrado y no se ha observado un movimiento diferente en las oficinas de Santiago de Chile, que además ha enfrentado un fuerte temporal en los últimos días. “Este martes, apenas se retomen las actividades habituales tras el día de fiesta por el 12 de octubre, llamaré al consulado a ver qué implica esta medida para los que hemos obtenido la ciudadanía en los últimos años, sea o no con la ley de nietos. Hay mucha confusión sobre si podremos o no votar el 29-N”, asegura Andrés Sáinz, periodista.
En septiembre pasado, cuando el Supremo anunció la suspensión del derecho a votar para los beneficiarios de la ley de nietos, la comerciante y profesora de educación física Antonia Álvarez aseguró a EL PAÍS: “Esta decisión nos hace sentir despreciados porque es una forma de decir: ‘Usted no tiene este derecho porque no nació acá’. En el momento en que ocurre esta exclusión uno comienza a pensar de qué más será excluido”. La mujer de 43 años estaba a un paso de obtener la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, un trámite que inició a mediados de 2024.
