Flavia Kuperman vive en una pesadilla desde diciembre de 2024, cuando Eduar Belmonte Marrero ingresó a la casa de su hija, Florencia Cuenca, y la mató a balazos a ella y a quien era su pareja en ese entonces, Jonathan Peralta. A la espera del juicio por el brutal crimen, la mujer impulsó una petición para eliminar el acceso a celulares dentro de las cárceles ya que, según denunció, desde que el acusado fue detenido sigue usando redes sociales para hostigar y burlarse de la familia.
“Este asesino utiliza redes sociales desde la cárcel para burlarse de nosotros, creando perfiles con la cara de Florencia. Su crueldad no tiene límites, y las autoridades parecen ignorar nuestro clamor por justicia”, expresó Flavia a través de una petición ciudadana de la plataforma Change.org, donde pide a la gente que sume su firma para respaldar el reclamo.
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De acuerdo a su explicación, Marrero era un allegado a la familia y había tenido una breve relación con su hija, luego de la cual había quedado “obsesionado” con ella. Pasó el tiempo, Florencia rehizo su vida junto a Jonathan y al momento del doble crimen estaba embarazada de pocas semanas. “¿Cómo es posible que alguien que ha causado tanto dolor tenga un teléfono desde prisión para atormentarnos aún más?”, cuestionó.
“En Argentina, la ley debería ser clara: los presidiarios no deben tener acceso a dispositivos móviles que les permitan seguir haciendo daño, fuera o dentro de prisión. Exigimos que se retiren los teléfonos móviles dentro de las cárceles para poner fin al abuso y al dolor que las familias de víctimas como la nuestra seguimos padeciendo”, añadió Flavia en el texto que acompaña la solicitud.
Asimismo, indicó que la solicitud, que se puede visitar en este link del sitio de activismo digital, no solo busca justicia para Florencia sino también paz para su familia y para otras que son “vulneradas por las acciones insensibles de quienes están tras las rejas”.
El planteo reavivó un debate que en Argentina continúa abierto respecto del uso de teléfonos por parte de personas privadas de la libertad. No todos los detenidos en el país pueden usar celulares, sino que se trata de medidas excepcionales que surgieron mucho más luego de fallos judiciales a partir de la pandemia de Covid-19 y que fueron cambiando de acuerdo a la jurisdicción.
Con el aislamiento obligatorio, se suspendieron distintas formas de contacto, que antes permitían la comunicación entre los presos y sus familias y abogados defensores.
Uno de los puntos de la discusión actual es por qué se siguieron usando una vez que terminó la pandemia. Los argumentos a favor van desde el mantenimiento del contacto familiar, la realización de actividades educativas y formación y la realización de trámites judiciales, entre otras, que apuntan al principio de reinserción social, una de las finalidades que deberían tener las penas.
Sin embargo, a raíz de la autorización de esta tecnología comenzaron a advertirse que varios detenidos también los utilizaban para cometer delitos, que fueron desde estafas telefónicas y extorsiones hasta secuestros virtuales y la coordinación de organizaciones criminales. El caso del soldado Rodrigo Gómez -cumplía funciones en la Quinta de Olivos- que se quitó la vida tras recibir extorsiones sexuales y los múltiples robos de “La Banda del Millón“, entre otros, expusieron un costo humano en este sistema.
Otras miradas intermedias sostienen que la comunicación y la educación son un derecho, pero el celular es solo una opción y que si se habilita debe ser estudiado el caso y regulado con restricciones de aplicaciones, horarios de uso y demás.
El crimen de Florencia y Jonathan
El 1 de diciembre de 2024, Florencia y Jonathan fueron atacados a balazos por la madrugada mientras dormían en su casa de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero. La pareja recibió alrededor de 17 disparos y el joven de 28 años murió en el acto, mientras que la hija de Flavia, de 31, quedó gravamente herida y tras dos meses internada falleció. Desde el hospital, llegó a decir que había sido Eduar quien la había querido matar.
El sospechoso, oriundo de Venezuela, fue capturado por la Policía en la terminal de ómnibus del barrio de Retiro, momentos antes de que se dispusiera a tomar un micro con destino a Salta. Según la investigación, quedó detenido de forma preventiva e imputado por femicidio y homicidio agravados por el uso de arma de fuego.
Kuperman reveló que Belmonte Marrero está alojado en la Unidad Nº60 de Merlo, a la espera del juicio en su contra: “Desde la prisión, con su celular, no deja de hostigarme, mandarme mensajes. No me deja tener salud ni tranquilidad”. Además, detalló que el acusado crea perfiles de cuentas con la cara de Florencia “para burlarse de la familia”, situación que viene denunciando desde hace varios meses.
La mujer comentó que la expareja de su hija “no actuó solo“, ya que habría tenido ayuda para ingresar al domicilio y para escaparse después de perpetrar el ataque. Fuentes judiciales revelaron a este medio que el hombre imputado por el doble crimen será juzgado por un jurado popular a partir del 21 de junio de 2027.
FP
