Keiko Fujimori alcanzó la presidencia con una promesa sencilla: “Vuelve el orden”. Pero en su primer mes, el transporte se ha convertido en uno de los escenarios donde esa consigna enfrenta sus contradicciones. Conductores y empresarios son víctimas de mafias que cobran cupos y asesinan choferes, pero integran también un sistema marcado por la informalidad y las infracciones. Ante la amenaza de un paro este martes en Lima y Callao, el Gobierno negoció. La huelga se suspendió y, casi al mismo tiempo, llegó una concesión reclamada por los gremios.
El Ejecutivo anunció un régimen excepcional que permite cancelar multas pagando solo el 10% de la sanción. El beneficio alcanza expedientes en trámite, multas firmes, impugnadas o en cobranza coactiva. Regirá 90 días para infracciones de tránsito y 180 para las de transporte público y privado. El decreto afirma que busca “facilitar su pago efectivo y fortalecer la eficiencia del sistema sancionador”. Quedan fuera infracciones vinculadas con la conducción en estado de ebriedad, la informalidad o las agresiones a inspectores, entre otras.
La medida abre un flanco incómodo para un Gobierno que hizo del orden su bandera. Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria de Lima registró 496.156 multas, el 94,82% de ellas de tránsito. La rebaja ha sido recibida por un sector de la población como una “carta blanca a las infracciones”. La discusión plantea hasta qué punto el Estado puede atender a un sector golpeado por la delincuencia sin debilitar el principio de que las reglas deben cumplirse.
En julio, la Policía informó que las muertes por accidentes de tránsito superaban a los homicidios registrados en el país: 1.785 fallecidos entre el 1 de enero y el 16 de julio, frente a 1.362 víctimas de homicidio. La imprudencia del conductor y el exceso de velocidad aparecen entre las principales causas. El Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) ha elevado el número de muertos por siniestros viales a 2.113 hasta agosto. “Son nueve muertes diarias en promedio por accidentes de tránsito y con una clara tendencia de que este 2026 será el año con la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito de la última década”, dice el analista Juan Carbajal. En 2025 fueron 3.026.
La otra cara de la crisis se cuenta con armas y ejecuciones indiscriminadas. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 hubo 214 atentados contra el transporte público, con 283 víctimas entre muertos y heridos. Un gremio interprovincial asegura que entre enero y julio se produjeron 113 ataques, más que los 107 de todo el 2025. Fujimori respondió con el Plan Escudo, que desplegó a más de 4.000 policías con apoyo militar. Los ataques, sin embargo, no han desaparecido.
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que reúne a 71 empresas y unas 7.000 unidades, impulsó el paro finalmente suspendido. Su presidente, Héctor Vargas, rechaza que la rebaja de multas haya determinado la decisión. “Respetamos las críticas de la gente. Pero nosotros no dimos marcha atrás por la reducción de multas, sino porque la presidenta ya nos ha hecho saber su plan de gobierno respecto a la seguridad”. El último sábado, Keiko Fujimori sostuvo una reunión con algunos gremios del transporte donde dejó compromisos sobre una unidad de élite, control de penales y control territorial.
Vargas, en tanto, atribuye buena parte del caos del sistema a los operadores informales. “El porcentaje mayor de los accidentes los producen los informales; no quitamos nuestra responsabilidad, pero hay que ser sinceros en decir que la informalidad ocasiona mucho más daño que la formalidad”, dice sin aportar cifras. Las empresas formales reclaman protección frente al crimen y reglas contra los informales, mientras reciben un alivio extraordinario sobre sanciones ya impuestas.
Martín Ojeda, gerente general del único gremio de transporte interprovincial en el Perú, cuestiona que el Gobierno haya dialogado solo con determinados representantes. “Queremos que esta situación no se politice. El que aplaude no va a conseguir la solución. El Estado tiene que escuchar a todos”. Además, lamenta que las bandas de extorsionadores también estén atacando a los buses interprovinciales. “Han cruzado una línea. Ya son 19 atentados contra buses interprovinciales en este año. Esto quiere decir que estas bandas están más consolidadas y están tratando de copar todo el mercado del transporte”, dice.
Mientras el Gobierno desactivaba el paro de Lima, el conflicto se trasladaba a la Amazonía. Transportistas y organizaciones sindicales iniciaron este 25 de agosto una paralización de 48 horas en Loreto por el precio de los combustibles, la crisis eléctrica y la minería ilegal. Exigen que el subsidio, aprobado por Fujimori al inicio de su gobierno, sea general y no focalizado. Finalmente, la bancada Juntos por el Perú impulsó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno por el alza de combustibles.
