El Atlántico, que durante generaciones separó a aquellas familias españolas que tenían hijos emigrantes en América, vuelve a aparecer como una frontera. La cautelar del Tribunal Supremo que frena el voto a los descendientes nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática ha generado inquietud en las comunidades españolas de Argentina y Chile. Cuestionan una decisión que, a su juicio, cercena un derecho básico y temen que pueda ser un primer paso para otras restricciones, entre ellas denegarles la ciudadanía. Muchos pasaron años reuniendo partidas de nacimiento, certificados y documentos familiares para recuperar una nacionalidad que sentían como parte de una historia heredada. Algunos acaban de convertirse en españoles; otros siguen esperando una resolución. Ahora descubren que la ciudadanía que tanto les costó recuperar no garantiza, al menos de momento, el derecho a votar.
