La investigación, liderada por la fiscal general María Bottini y el funcionario Julián Forti, reveló que el esquema operaba mediante la emisión de facturas apócrifas y el cobro irregular de cheques. Según la acusación, el empleado municipal, quien no estaba habilitado como proveedor del Estado, emitía comprobantes por servicios que nunca se prestaron. Por su parte, el director del establecimiento habría concurrido personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para efectivizar los cobros, vulnerando la normativa vigente que exige que los pagos se realicen a nombre del proveedor real.
Irregularidades en la rendición de cuentas
El fraude no solo implicó el cobro indebido, sino también la falsificación de registros contables. La Fiscalía sostiene que el directivo asentó información falsa en el Libro Banco de la institución para encubrir las extracciones, vinculándolas a comercios inexistentes o incluso al propio Ministerio de Educación. Además, se detectaron inconsistencias graves en la rendición de productos, como la declaración de compras de 20 kilos de pollo o tapas de empanadas que nunca ingresaron al establecimiento, elementos que no guardaban relación con el menú ni con los horarios del refrigerio escolar.
Próximos pasos judiciales
La causa, iniciada tras la denuncia de la delegada administrativa de la Región III el 21 de noviembre de 2024, ha reunido pruebas suficientes para elevar el caso a juicio oral. Dado que uno de los imputados es funcionario público, el debate deberá desarrollarse ante un tribunal mixto. La fecha del proceso y la conformación del tribunal serán determinadas próximamente, marcando un precedente en la lucha contra la malversación de fondos públicos destinados a la comunidad educativa chubutense.
