Fue por pedir agua limpia. Porque el agua llegaba tan sucia que ya no se podía usar ni siquiera para fregar el suelo o para lavar la ropa. Fue porque los filtros terminaron negros de suciedad, porque los tinacos se echaron a perder por todos los días que resguardaron agua que llegó a ser de color negro y textura babosa. Fue porque las personas comenzaron a enfermar, silenciosamente y sin saber qué hacer. Los que tenían recursos suficientes fueron al médico o se compraron los remedios en la farmacia. Los que pudieron compraron garrafones de agua potable, con los que se siguen bañando y lavando los dientes. El pasado 11 de octubre, una marcha multitudinaria con familias con niños y niñas, adultos mayores y jóvenes tomó las calles de Guadalajara. El hartazgo y la desesperación de meses de denuncias sin respuestas colmaron el ambiente, que poco a poco se transformó en un escenario violento en el que fueron detenidos en condiciones arbitrarias estudiantes universitarios, académicos, padres de familia o activistas.
De trabajar como repartidor para una aplicación, a ser detenido en el penal de Puente Grande. El caso de Samuel Morales Navarro, un joven de 24 años, ha sido uno de los más emblemáticos de la protesta. Los momentos de su detención, que han sido grabados por lo menos desde tres perspectivas distintas, muestran que los policías antimotines van tras de él y, mientras lo sostienen y lo golpean, otro de los elementos se lleva su moto, que ha quedado tirada en el piso. La detención de Navarro tuvo lugar en el cruce entre las calles Manuel Acuña y Rubén Darío, a una cuadra de Casa Jalisco. Según testigos, ha sido en este punto y en calles aledañas, y no frente a la residencia oficial, donde más detenciones hubo.
Casi unas 24 horas después, a las puertas de la Fiscalía, la madre de Samuel, Claudia Morales, denunciaba que nadie le daba información: “Yo estoy aquí sin dormir, sin comer y con un diagnóstico de cáncer”. La mujer había contado ya que tenía miedo de que no soltaran a su hijo, porque dentro de la Fiscalía él todavía reclamaba que sus medios de trabajo le fueran devueltos. Había ahorrado para comprarse su moto, de la que dependen él y su madre para sobrevivir. Como a Navarro, la mayoría de detenidos han narrado que los policías les quitaron sus pertenencias, se quedaron con sus carteras y con sus celulares.
La marcha fue convocada a las 11:00 de la mañana, pero comenzó a avanzar una hora después. La distancia desde la glorieta hasta Casa Jalisco es de poco más de un kilómetro, que los manifestantes recorrían en unos 40 minutos, a paso lento. Un asistente de la protesta que no quiere ser identificado por temor a represalias recuerda que comenzó a caminar en los contingentes ubicados en el medio de la marcha. En un momento, policías aparecieron de pronto frente a él y se colocaron en una línea recta, justo antes de llegar a Casa Jalisco. “De pronto, todas las personas que iban hasta adelante quedaron como encapsuladas. Eso me pareció raro, porque hubo una clara intención de dividirnos. Y después de un rato, comenzó todo, justo con la gente que había quedado al principio”, relata.
Alejandra Rivas y Jorge Ignacio Luna son miembros del Centro Cultural Casa Quinqué, un espacio comunitario ubicado en el centro de la ciudad. Ella es una urbanista de 42 años, egresada de la Universidad de Guadalajara, activista y gestora cultural. Él tiene 31 años y es actor y egresado de Relaciones Internacionales del ITESO.
Martín Torres Ortega, representante de Casa Quinqué y amigo de ambos, ha narrado que Alejandra estaba en la marcha cuando vio cómo los policías detenían a un joven e intentaban llevárselo. Ella comenzó a grabar y, al hacerlo, llamó la atención de los elementos de seguridad que se lanzaron, ahora, en su contra. “Fue reducida y golpeada, primero, por tres policías mujeres y después por un cuarto policía varón”, dice. “En otro punto cercano, Jorge, en una de las arremetidas de esta línea de la policía, queda en el medio y lo golpean muchísimo. En los videos notamos que hay una persona vestida de civil con una chamarra café que aparentemente dirige a los demás policías y comienzan a darle golpes de puño, de pies, con los bastones retráctiles, dejándolo muy herido, particularmente en su cabeza, y lo meten a Casa Jalisco” dice.
Amigos y familiares de quienes fueron retenidos por la policía han contribuido con sus testimonios de lo que ocurrió ese domingo, cuando capturaron a todos, a punta de golpes que, coinciden, se agravaron de forma indiscriminada durante las horas que estuvieron en la residencia oficial. Incluso, Torres Ortega asegura que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) estuvo presente en Casa Jalisco, sin que hicieran algo para frenar las agresiones por parte de los servidores públicos.
Alejandra fue liberada la noche del domingo. Jorge tardó un poco más; fue de los últimos liberados durante la tarde del lunes. Cuando salió, su cabeza estaba totalmente vendada, con sangre en la cara y la ropa; se notaba conmocionado y no podía hablar demasiado. “Muchos de los golpes que le dieron fueron en la cabeza. En su cara todavía tiene la marca de la suela de la bota de uno de los policías que se fue contra él”, añade Torres.
Jorge Luna fue uno de los nombres a los que hizo referencia el ITESO, a través de un comunicado, para solicitar a la Fiscalía y a la CEDHJ que garantizaran el debido proceso y la integridad de la gente que estaba retenida. “Reconocemos la liberación de nuestro profesor de Prepa ITESO, Preparatoria Jesuita de Guadalajara, Eduardo Daniel Ramírez Silva, y nos mantenemos cercanos a las familias y a la situación de quienes aún permanecen detenidos, entre ellos nuestro egresado Jorge Ignacio Luna Bernal”, publicaron.
Los relatos coinciden con el que ha hecho Teodoro Jesús Torres Valdéz, que fue a la protesta acompañando a su hija y a su sobrina. Él tuvo todavía una peor suerte. Fue uno de los siete que terminaron en el penal de Puente Grande, al menos durante unas horas. “A mí me detuvieron los encapuchados de Casa Jalisco”, relata Vásquez, con las marcas de golpes en sus ojos y una larga cicatriz en el cráneo que todavía tiene un color rojo vivo. “Hay videos donde se ve que yo levantaba varias vallas. La gente las tiraba y yo las volvía a recoger, porque para mí era importante mantener esa seguridad”, comienza. A él también le quitaron su cartera, junto con todo lo que había dentro. “Lo que yo quiero informar es que la misma Casa Jalisco mandó encapuchados para jalar más y más gente dentro”, dice.
Los abogados coordinados con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ya lo habían documentado: “Lo que sabemos es que la policía de Jalisco utilizó las instalaciones de la residencia oficial del gobierno para concentrar a los detenidos, subirlos a camiones de la policía, torturarlos y trasladarlos a la Fiscalía. O sea que la residencia del gobernador de Jalisco se convirtió en una casa de tortura”, dijeron la noche del lunes mientras pedían, sin conseguirlo, que la dependencia les permitiera presentarse como defensores de los detenidos.
Liberados, pero con procesos abiertos
Denisse Montiel, codirectora de Cepad, dice que es importante que, tras las declaraciones de este martes del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se aclare que de los más de 30 detenidos que fueron llevados a la Fiscalía el domingo, solo se tiene certeza de que una persona no tiene un proceso legal abierto en su contra; el resto sí. Todavía hoy, los abogados no saben cuántas carpetas de investigación tiene abiertas la Fiscalía ni a cuántas personas podrían pertenecer.
“En cuanto a las declaraciones del gobernador de reconocer que sí hubo algunas violaciones de derechos humanos, creo que el discurso se tendría que transformar, porque no fueron errores, fueron delitos que cometieron servidores públicos y graves violaciones a los derechos humanos que cometieron funcionarios públicos”, dice Montiel.
Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y actos de tortura física y psicológica son solo algunas de las violaciones a los derechos de quienes fueron retenidos por participar en la marcha. “También podemos hablar de desapariciones forzadas porque las detenciones ocurren a partir de la 1:00 de la tarde, y durante todo ese tiempo no se supo dónde estaban, no hubo comunicación alguna con ellos y, a partir del criterio de varios organismos internacionales, y de hecho por casos de Jalisco, es aplicable el término de desaparición forzada de corta duración”, precisa la abogada.
El Cepad señala que existen por lo menos dos procesos judicializados que de manera conjunta corresponden a seis personas. “La fiscalía determinará si continúa con la integración de esas carpetas de investigaciones o no”. Los delitos que podrían achacárseles van desde lesiones, resistencia a autoridades y daño a la propiedad privada. Este viernes, a las 10:00 de la mañana, un juez determinará si los casos que ya han sido judicializados son, ahora, vinculados a proceso.
