En la Legislatura de Córdoba se analiza un proyecto de ley que busca crear un régimen simplificado para regularizar la situación de las asociaciones civiles y fundaciones en la provincia. Son 12 mil fundaciones de un universo de más de 13 mil en Córdoba.
La iniciativa del socialista Matías Chamorro surge tras constatarse que casi el 90 por ciento de las organizaciones comunitarias registradas se encuentran en infracción con la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas por la imposibilidad de afrontar los costos y trámites de los balances y estados contables tradicionales.
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, 12.138 de las 13.719 entidades anotadas en la provincia están en falta.
Ante este panorama, la iniciativa de Chamorro comenzó a debatirse en comisión de la Unicameral cordobesa con la participación de autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la propia autoridad de aplicación, con el fin de sumar aportes técnicos y agilizar un mecanismo acorde a las pequeñas instituciones.
El proyecto propone que las organizaciones sin fines de lucro de menor escala, como clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados y cooperadoras, queden exceptuadas de llevar una contabilidad formal regular. En su lugar, deberán cumplir con un registro simplificado de ingresos y egresos, conservar la documentación de respaldo y presentar los informes que requiera el Estado.
El proyecto de ley contempla además la creación de un registro provincial de entidades beneficiarias del régimen de eximición contable.
Al defender la iniciativa, Chamorro aclaró que la medida no busca debilitar las herramientas de fiscalización ni la transparencia, sino adaptar la exigencia de la información al tamaño y movimiento económico de cada entidad.
“Una biblioteca popular, un club de barrio, una cooperadora o un centro de jubilados, no deberían tener que dedicar más tiempo a resolver trámites contables que a cumplir la tarea para la que fueron creados”, argumentó el integrante de la bancada oficialista.
El objetivo central del proyecto es evitar que los dirigentes de la sociedad civil destinen recursos y tiempo voluntario a burocracias desproporcionadas, permitiendo que enfoquen sus esfuerzos en las tareas comunitarias de sus respectivos territorios.
“No estamos proponiendo menos control. Estamos proponiendo información proporcional al tamaño de cada organización. No puede exigirse la misma estructura contable a una pequeña asociación barrial sin fines de lucro que a una empresa o institución con un movimiento económico mucho mayor”, explicó Chamorro.
“Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con un rol de promover derechos y crear soluciones comunitarias a los problemas y déficit que generan las políticas económicas y sociales que estamos viviendo”, enfatizó el socialista en defensa de las ONGs y en una abierta crítica al gobierno de Javier Milei.
