El acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la firma Starlink de Elon Musk, para dotar de conectividad satelital a escuelas rurales reaviva un reclamo histórico: la erradicación de la brecha digital, manifestación directa de asimetrías socioeconómicas (en Argentina constituye una brecha social) y del estructural centralismo geográfico de la Argentina, donde la conectividad es fuerte en centros urbanos y débil y carente en las puntas del país sobre todo en Patagonia y Norte grande.
Sin embargo, detrás de una iniciativa en apariencia democratizadora, el análisis técnico y presupuestario del convenio expone un severo menoscabo a los recursos fiscales y un desmantelamiento deliberado de la soberanía tecnológica nacional.
Bajo el esquema contractual adoptado, la operación se estructura inicialmente mediante una figura de “donación con cargo” de U$S 10 millones por parte de la compañía privada, para el despliegue de kit receptores e infraestructura durante los primeros 24 meses. No obstante, este aporte se encuentra subordinado a una contrapartida del Estado nacional a través de los recursos que “todavía quedan” del ex Fondo del Servicio Universal, por un monto superior, de U$S 12 millones (¡!). El Estado pone más que el “donante”.
La distorsión más severa del acuerdo se consolida a partir del tercer año: finalizada la etapa inicial, el Estado se compromete a abonar un canon mensual de US$ 160 por establecimiento educativo. Esta cifra triplica la tarifa que maneja la empresa estatal ARSAT, cuyo costo de provisión satelital para prestaciones análogas oscila entre los US$ 60 y US$ 70 mensuales por nodo.
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Paradójicamente, en una gestión gubernamental que abandera la libre competencia y la supremacía de las fuerzas del mercado como asignadoras eficientes de recursos, se convalida una contratación sobrevaluada en beneficio de un actor privado.
Esta decisión compromete de manera directa la soberanía tecnológica construida alrededor de ARSAT.
La relegación de la empresa nacional no solo vacía de contenido la inversión pública previa en desarrollo de comunicaciones (son 20 años de trabajo e inteligencia naciona!), sino que profundiza la dependencia tecnológica respecto de constelaciones de órbita de propiedad privada y jurisdicción extranjera.
A esta vulnerabilidad estratégica se suma una grave opacidad procedimental: el acuerdo prescindió de los mecanismos de contratación pública: licitaciones, compulsas de precios o subastas y omitió especificaciones sobre el nivel de servicio, latencia garantizada, tasas de transferencia, límites de consumo de datos y distribución georreferenciada de las escuelas afectadas.
No se conoce en que provincias estarán las escuelas ni cuáles son las 6 mil seleccionadas y qué criterios se siguió para hacerlo.
Tampoco se precisan los esquemas de facturación por excedente de consumo ni las responsabilidades ante eventuales fallas en el servicio.
En lugar de consolidar un modelo sostenible de desarrollo tecnológico propio mediante la integración de la capacidad satelital nacional, el convenio constituye una transferencia turbia de fondos públicos que vulnera la lógica del ex Fondo del Servicio Universal y degrada la autonomía tecnológica del país.
Es bueno aclarar que el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), es un instrumento, concebido por ley (N° 27.078) y se financiaba con el 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones para promover la conectividad en zonas alejadas, costando cero pesos al erario público, y potenciar la infraestructura local, y acá lo desvían de su función de fomento, para subsidiar el ingreso y posicionamiento de un actor privado extranjero.
Fue disuelto (obvio por Milei), mediante el Decreto 6/2025 con el argumento de “mejorar el control y la eficiencia en la administración de los recursos públicos”.
Como bien puede apreciarse en esta reciente medida del gobierno libertario.
