A veces huele a alcohol. Otras veces a algo dulce y penetrante que se mete en las casas. Hay días en que el aire trae olor a huevo podrido y otros, sobre todo en verano, a fermentos y chiquero de chanchos; a materia en estado de descomposición. Esas jornadas de calor, en las que abrir las ventanas se vuelve imposible, hasta los vecinos que se mantienen siempre al margen del conflicto lanzan quejas enardecidas en los grupos de WhatsApp comunitarios. Los habitantes del barrio San Antonio, en el sur de la ciudad argentina de Córdoba, están acostumbrados a convivir con la planta de bioetanol de Porta Hermanos y, sin embargo, hay días en que el entorno se les vuelve intolerable.
―Pero eso es lo menos importante ― suelta Silvia Cruz, de 59 años, que vive separada apenas por un alambre de la fábrica, con las torres de destilación enmarcándole la casa. ―Lo peor es que vivimos con miedo. Miedo a lo que respiramos, miedo a tener una enfermedad incurable que devenga de estos químicos.
Porta Hermanos nació en 1882 como una fábrica de licores fundada por integrantes de una familia de origen italiano y con los años se expandió hasta convertirse en una compañía que produce alcoholes, bebidas espirituosas, vinagres y acetos balsámicos, entre otros productos. Desde 1995 su planta está ubicada en el barrio San Antonio, donde la convivencia con los vecinos se quebró en 2012, cuando la empresa amplió sus instalaciones y comenzó a producir bioetanol a partir de la fermentación y destilación de maíz. La firma nunca realizó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), un procedimiento que la ley provincial Nº 10.208 exige desde 2014, año en que fue sancionada. La empresa ha sostenido que la obligación no aplica a una producción que ya estaba en marcha cuando entró en vigencia la normativa, incluso cuando la justicia se lo ha exigido en múltiples ocasiones.
Con el bioetanol se multiplicaron, según los vecinos, los olores, los ruidos y las vibraciones, y comenzaron a aparecer afecciones que ellos atribuyeron a esa nueva atmósfera: picazón de ojos, dolores de cabeza y problemas dérmicos, digestivos y respiratorios. También denunciaron enfermedades graves y malformaciones que, según los relevamientos realizados en la zona, aparecían con una frecuencia inusual.
Las mujeres del barrio, organizadas en Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS), iniciaron en 2016 una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado Nacional y reclamaron el cese de la contaminación y el cierre de la planta. Fue el inicio de un largo camino judicial que en las últimas semanas tuvo un nuevo capítulo. El 3 de agosto, la Cámara Federal de Córdoba confirmó por quinta vez que Porta debe realizar la Evaluación de Impacto Ambiental.
En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió formalmente un caso contra el Estado argentino a partir de una denuncia presentada por Fundeps junto a las vecinas. El organismo analizará si el Estado incumplió sus obligaciones de proteger derechos como el ambiente sano, la salud, la participación ciudadana, el acceso a la información y la tutela judicial efectiva. También deberá evaluar la actuación de los organismos públicos encargados del control ambiental y la eficacia de las respuestas administrativas y judiciales brindadas.
Según la abogada de Fundeps María Laura Carrizo, la Secretaría de Ambiente de la provincia se ha negado sistemáticamente a exigir el estudio de impacto ambiental a la empresa. En cambio, ha aceptado auditorías y habilitaciones que la justicia ya ha considerado insuficientes. Consultada por EL PAÍS, la firma prefirió no hacer declaraciones.
Exiliados ambientales
“Cuando empezó a funcionar la destilería, cada vez más vecinos venían con lo mismo: cuadros que, si se veían individualmente, parecían alérgicos, pero que en realidad eran cuadros tóxicos”, apunta el médico Medardo Ávila Vázquez, que atiende en el hospital de la Universidad Nacional de Córdoba. “Cuadros respiratorios, conjuntivales, de la garganta, en la piel”, detalla. Y señala un punto que, en ese momento, le resultaba llamativo: los pacientes se sentían mejor cuando se iban del barrio a trabajar y desmejoraban cuando regresaban a sus casas a descansar.
Los vecinos se encargaron de generar pruebas y, a lo largo de los años, participaron en distintos estudios médicos y ambientales. El relevamiento más amplio, realizado en 2016 sobre 508 habitantes, encontró trastornos respiratorios en el 53% de la población estudiada. También registró cuatro malformaciones congénitas entre 27 nacimientos ocurridos en el barrio durante el período analizado: el 14,8%, frente al 1,7% registrado como referencia para la ciudad de Córdoba.
Años después, dos estudios buscaron señales de exposición a sustancias químicas y posibles efectos sobre las células. En uno de ellos, realizado entre 2019 y 2020 sobre 20 niños, niñas y adolescentes de los barrios San Antonio e Inaudi, todos presentaron en el organismo metabolitos de los productos analizados. Además, el 67% tenía alteraciones en sus células compatibles con daño genético. En otro estudio, realizado en 2021 sobre 40 adultos, el 72% presentó metabolitos de tolueno y el 65% mostró alteraciones celulares compatibles con daño genético. Si bien estos estudios, por sí solos, no permiten establecer una relación causal entre las emisiones de Porta y las enfermedades o alteraciones observadas, muestran al menos una situación atípica que merece ser evaluada.
Para la abogada Carrizo, “hoy vivir cerca de la fábrica es casi una decisión política de resistencia”. Mucha gente se fue del barrio en cuanto tuvo la posibilidad, convirtiéndose, en palabras de Carrizo, en “exiliados ambientales”.
Gabriela Aguilar, de 52 años, es una de esas personas que debió mudarse por recomendación médica. Se desempeñaba como docente en una escuela del barrio, al igual que su marido, profesor de música. “Yo vivía ahí desde el 96 y no tenía ningún plan de irme. Esa casa, que es un adelanto de herencia, es lo único que tenemos. Siendo maestro es muy difícil tener una casa tan bonita y le habíamos puesto mucho esfuerzo, habíamos construido un estudio de grabación. Dejamos todo nuestro proyecto de vida ahí con esa casa”, reconstruye.
La recomendación de su médico llegó luego de una seguidilla de “enfermedades muy terribles” que la asolaron a ella, a su marido y a sus cuatro hijos. “Nuestra vida cambió cuando nos fuimos”, dice. Aunque recuerda que fue una decisión muy difícil, se arrepiente de no haberse ido antes. “Yo siempre andaba con parches en los ojos, con mucho dolor: tenía úlceras y los ojos muy lastimados. A los seis meses de irme volví al control oftalmológico y la médica no podía creer que fuera la misma persona”, recuerda.
Un vínculo complejo
La empresa, que ha quedado enclavada en una zona de población densa, está entreverada con el barrio de varias maneras. Muchos vecinos trabajan en la planta, que también financia programas de pasantías para estudiantes de instituciones educativas de la zona e incluso ha comprado las viviendas de algunos vecinos que se han ido. La relación con la comunidad es, por eso, compleja. De acuerdo con las mujeres organizadas en VUDAS, hay vecinos que “niegan” la realidad y conviven con sus afecciones y otros que incluso se quejan de la lucha porque consideran que deprime el valor de sus propiedades
A pesar del conflicto, Porta Hermanos es una empresa B certificada (“Creemos profundamente en utilizar la empresa como fuerza positiva para mejorar el mundo. Agregamos valor en origen, inspirados en un triple impacto positivo”, explica en su sitio oficial). También es un actor relevante dentro del ecosistema agroindustrial, en una provincia donde ese sector tienen un peso económico considerable. Para Fundeps, esa importancia ayuda a explicar la actitud que las autoridades estatales han tenido frente al conflicto.
Gabriela Aguilar dice que decidió alquilar y no vender su vivienda en San Antonio porque confía en que “se haga justicia” y poder volver a su barrio. “Aunque sé que es una lucha muy desigual contra gente muy poderosa”, se desinfla. Las novedades del último mes les dieron ánimo a los vecinos. De concretarse el estudio de impacto ambiental exigido por la justicia, finalmente podrán dilucidar qué hay en el aire que respiran —en el aire que temen—. La Comisión Interamericana, por otra parte, dejará expuesto si durante más de una década el Estado no hizo lo suficiente para protegerlos.
