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Un juez de Colombia ordenó días atrás al gobierno que conserve las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país, tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella que desató protestas en Bogotá.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas de sus paredes por decisión del gobierno bajo el argumento que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

Colectivos culturales y políticos opositores del partido del expresidente Gustavo Petro presentaron un demanda para que las obras vuelvan a exhibirse. Los demandantes aseguran que la decisión del gobierno “es censura” y “vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Un juez de Bogotá admitió la solicitud e impuso varias medidas para proteger las obras mientras toma una decisión de fondo. El juez ordenó proteger las obras “en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación” y abstenerse de “destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas”. Además, solicitó un informe de las piezas retiradas.

“Seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, dijo Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Desde el sábado pasado, cientos de personas protestaron frente al museo, rodeado de decenas de policías antidisturbios y una tanqueta. Las jornadas terminaron con choques entre uniformados y manifestantes, expulsados con chorros de agua y gases lacrimógenos.

En la escalinata de entrada del Museo Nacional de Colombia, decenas de personas escuchaban esta semana atentamente a profesores universitarios que llevaron allí sus clases para protestar por la retirada de obras de este centro como parte de la “batalla cultural” del Gobierno.

Como si fuera un aula, los docentes invitaron a la ciudadanía a aprender sobre la colección del Museo Nacional, el mayor de Colombia, y sobre “las dimensiones de la censura” que a su juicio supone la decisión del Ejecutivo del presidente Abelardo de la Espriella.

Con un parlante y micrófono en mano, en la primera de las seis jornadas académicas programadas hasta el momento, los profesores Ana María Forero, de la Universidad de los Andes, y Andrés Góngora, de la Universidad Nacional, interactuaron con los asistentes.

La clase estuvo custodiada por decenas de efectivos de la Unidad Nacional de Antidisturbios (Unadi), el mismo cuerpo que el sábado y el domingo disolvió con fuerza las protestas multitudinarias frente al museo a causa de la polémica.

Catalina Muñoz Rojas, profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía en la Universidad de los Andes y promotora de la iniciativa, explicó que salieron a dictar clases en la calle por “la reacción que ha suscitado la remoción de obras del Museo Nacional por una orden desde la Presidencia“.

“Estamos aquí profesores de Antropología, de Arte, de Historia, de Ciencia Política. Vamos a estar toda la semana conversando con el público sobre esto que nos preocupa hoy”, añadió.

La docente universitaria explicó que las piezas retiradas del Museo Nacional hacen parte de “exposiciones que se han venido forjando a lo largo del tiempo como producto de la Constitución de 1991“.

“El museo se transformó para, honrando esa Constitución, reconocer que aquello que el museo muestra como Colombia debe representar lo que la Constitución dice que somos: un país plural, diverso”, explicó.

Añadió que todo se realizaba bajo “unos procesos curatoriales muy rigurosos, involucrando comunidades distintas del país para asegurarse que las narrativas del museo sean representativas” de Colombia.

“Lo que ocurrió es grave porque esos procesos democráticos y participativos se vieron truncados por una orden que vino desde arriba. Eso es contrario a lo que dice nuestra Constitución, eso es contrario a la ley. Estamos aquí para analizar eso desde distintos ámbitos”, resaltó.

La retirada de decenas de obras del Museo Nacional por parte del Gobierno de Colombia desató así una disputa sobre la memoria histórica, la autonomía cultural y la representación de luchas sociales.

La medida alcanzó tres salas del museo, el mayor de Colombia y uno de los más antiguos de América, y dejó fuera de exhibición afiches, fotografías y objetos que documentaban las reivindicaciones feministas y LGBTI; episodios de violencia política; y el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo acuerdo se firmó en 2016.

Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado “Balígrafo“, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.

La medida se enmarca en la “contrarrevolución cultural” anunciada por De la Espriella, quien cuestiona el “wokismo” y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una “apología del terrorismo”.

El Gobierno ordenó retirar de los espacios públicos toda referencia a Carlos Pizarro, antiguo comandante de la guerrilla del M-19 que dejó las armas y fue asesinado en 1990, cuando era candidato a la presidencia del país.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el polémico retiro al afirmar que los museos públicos “no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia”.

Museos de arte moderno y representantes del Consejo Internacional de Museos en Colombia también han puesto en duda la intervención y han advertido sobre sus posibles consecuencias para la autonomía institucional.

A las críticas del sector cultural se sumó el exprocurador Fernando Carrillo, quien criticó la retirada de referencias a la Séptima Papeleta, una iniciativa ciudadana de 1990 que impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y abrió el camino a la Constitución de 1991.

“La intención de invisibilizar la Séptima Papeleta y la Constitución del 91 es un acto torpe que pretende desconocer el consenso ciudadano, político y social más relevante de la historia reciente de Colombia”, afirmó.

Organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han advertido que retirar referencias a las luchas sociales y a la población LGBTIQ+ puede invisibilizar experiencias que también forman parte de la historia nacional.

Con información de EFE y AFP.