Este fin de semana, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha estado más alborotado que de costumbre. A las largas colas, los vuelos retrasados y la difícil accesibilidad se sumó un incidente que ha puesto a prueba a los controles de seguridad. El sábado por la noche, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, el economista peruano de origen polaco que gobernó al Perú entre julio de 2016 y marzo de 2018, iba a volar hacia los Estados Unidos. Pero agentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones se lo impidieron por una alerta vigente. El Poder Judicial tenía previsto evaluar un nuevo impedimento de salida en su contra este lunes. Pero frente a lo que consideraron un evidente peligro de fuga, adelantaron la audiencia para este domingo. Y el resultado ha sido categórico: PPK, de 86 años, no podrá salir del Perú en los próximos dieciocho meses.
Kuczynski alega que se dirigía a abordar su vuelo hacia los Estados Unidos “como cualquier ciudadano” por dos razones: una cita médica y reencontrarse con su esposa, la ex primera dama Nancy Lange, a quien no ve desde hace siete años. Aseguró que estaba dispuesto a volver al Perú el 15 de junio y que Migraciones vulneró sus derechos. “He impuesto un habeas corpus y me reservo el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables de este hecho arbitrario”, anunció en un comunicado. Sobre la audiencia, que inicialmente estaba programada para el 9 de junio, señaló que al ser virtual estaría presente a distancia. Su abogado calificó su viaje frustrado como un “secuestro administrativo”.
A la jueza Margarita Salcedo no le tembló la mano y falló en contra del expresidente, quien se ausentó alegando que tenía descanso médico. La razón por la que el Ministerio Público solicitó su impedimento de salida del país se remonta al 2015 y 2016, cuando se hallaron presuntas irregularidades en la campaña de Peruanos por el Kambio, partido con el que Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones generales en una reñida segunda vuelta ante Keiko Fujimori. PPK es investigado por presuntamente haber recibido un donativo de 100.000 dólares de parte de CASA, una empresa que durante su Gobierno supuestamente se favoreció con contratos de obras públicas a cambio de aportes irregulares. Para la Fiscalía, este caso fue operado por la red criminal liderada por Kuczynski conocida como el “Club de la Construcción”. Por tal motivo es investigado por lavado de activos agravado, fraude procesal y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En 2019, un aspirante a colaborador eficaz señaló que cuando la empresa CASA le dio el supuesto aporte a Kuczynski, estuvo presente su entonces jefe de campaña, Martín Vizcarra, su sucesor en Palacio. Fue este último quien, mientras se desempeñaba como ministro de Transporte y Comunicaciones en el mandato del economista, adjudicó a la empresa CASA cuatro obras. Una de las hipótesis es que el expresidente escondía las coimas utilizando el método conocido como “pitufeo”, que consiste en dividir altos montos de dinero en pequeñas cantidades. De esta manera, se vuelve menos detectable para los equipos de fiscalización, ocultándose su origen.
En marzo de 2018, tras 20 meses en el cargo, PPK renunció a la Presidencia, y aseguró que las denuncias en su contra por casos de sobornos y corrupción eran falsas. En abril de 2019, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra. Pero, debido a sus problemas cardiacos, los cumplió bajo arresto domiciliario. En 2022, la medida cambió a comparecencia con restricciones, sin incluir el impedimento de salida del país. PPK también está siendo investigado por presuntos aportes de Odebrecht a sus empresas: Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise. Según la acusación, favoreció a la constructora brasileña mientras fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Alejandro Toledo.
