La Corte Plena de Costa Rica, máxima autoridad del Poder Judicial, ha dado un espaldarazo absoluto al fiscal general Carlo Díaz Sánchez al reelegirlo para cuatro años más en el cargo que ejerce desde 2022. Sánchez es una figura molesta para el oficialismo liderado por la mandataria Laura Fernández y su superministro y expresidente Rodrigo Chaves, quienes han mantenido una relación tensa con la justicia. Una sorpresiva unanimidad de las magistraturas permitirá a Díaz mantenerse al frente del órgano que tramita decenas de investigaciones penales por presunta corrupción del Poder Ejecutivo y que comanda la lucha judicial ante la ola de violencia causada por el narcotráfico, en asocio con la agencia estadounidense antidrogas DEA.
La ratificación de Díaz, quien ha dedicado la mitad de sus 52 años a trabajar para el Ministerio Público, supone una noticia desagradable para el movimiento oficialista que dirige Chaves, quien entregó en mayo la banda presidencial y asumió funciones como ministro de Presidencia y de Finanzas, cargos que le conservan la inmunidad judicial. Desde días atrás parecía probable la designación de Díaz para mantenerse al frente del órgano de investigación y acusación penal, pero no se esperaba que recibiera el voto de los 21 magistraturas presentes en la sesión del lunes, incluidas las más condescendientes con el Gobierno en la coyuntura inédita actual de enfrentamiento institucional.
Díaz, abogado con maestría en Derecho Penal, ha sido en este cuatrienio uno de los rostros principales del Poder Judicial que el Gobierno y su bancada legislativa de mayoría suelen describir como privilegiado, inoperante y corrupto, atribuyéndole ser defensor de políticos tradicionales y delincuentes, según su discurso. Aunque los datos demuestran que en la última década se duplicó la población carcelaria y que en tiempos recientes se han desarticulado numerosas bandas narcotraficantes debido a acciones judiciales, la inseguridad sigue siendo la mayore preocupación popular del país que por décadas se enorgulleció de su tranquilidad y estabilidad política.
La reelección del fiscal llega como una respuesta contundente del aparato judicial y un fuerte respaldo para el jerarca que se ufana del apoyo de la DEA, de otros organismos internacionales en seguridad y de un sector de la población convencido de la amenaza autoritaria que representa el oficialismo. En una entrevista en julio dijo a El PAÍS que el Gobierno evita combatir en realidad al narcotráfico para procurar un caos y después recordar derechos ciudadanos; por eso también se presentan fuertes recortes presupuestarios que debilitan las acciones judiciales contra las organizaciones criminales, advertía.
La valentía, el compromiso de trabajo contra la criminalidad organizada y las acciones contra la corrupción fueron algunos de los atributos señalados por los magistrados, además de la relación de confianza que ha logrado establecer con las contrapartes estadounidenses para intensificar investigaciones conjuntas en contra de grupos narcotraficantes.
Fue lo que justificó el magistrado Luis Fernando Salazar, a pesar de ser uno de los menos confrontativos con el Ejecutivo: “En este momento de crisis por la penetración del narcotráfico, la sólida colaboración de la DEA y de la Embajada de Estados Unidos debe aprovecharse lo máximo posible, por lo que me inclino a darle a usted, don Carlo, un voto de confianza para que continúe con estos temas que incluyen la extradición de nacionales”, dijo Salazar refiriéndose a la reforma constitucional aprobada en 2025, con la que se ha entregado ya a seis costarricenses y hay 25 en cola.
Otros magistrados fueron más enfáticos en lo político y duros contra el chavismo. Entre ellos, Jorge Araya, de la Sala Constitucional, quien conoce a Rodrigo Chaves desde que eran compañeros de secundaria en un colegio católico en San José. “Lo que más me agrada de usted, don Carlo, es que es un obstáculo para algunas personas en este país. Usted sabe a quiénes me refiero (…) Usted es un estorbo para algunos malos costarricenses y algunos malos extranjeros. Siga así”, pronunció uno de los magistrados a quienes Laura Fernández se atrevió a llamar “golpista” por una sentencia de finales de julio. La frase del estorbo le gustó a Díaz y fue la que usó para rematar su breve mensaje posterior a la juramentación: “Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”. Fuera de la sede de la Corte, unas cuantas decenas de personas celebraban en la calle la reelección de Díaz, como nunca había ocurrido en una ocasión similar.
Después, ante la prensa, Díaz dijo que no pretende cesar su retórica en defensa de la independencia judicial ni de la probidad del Ministerio Público que lidera, aunque sus comentarios con contenido político desagradan a algunas magistraturas. Díaz declaró que dos objetivos mayores en adelante serán defender el Estado de Derecho ante la avanzada populista y robustecer su relación de confianza con la DEA, con la cual avanza en una segunda etapa de la cooperación bilateral, no sólo contra líderes de grupos traficantes de droga, sino también contra el “narcotráfico invisible”.
Se refiere a redes de blanqueo de capitales que se esconden detrás del poder y el éxito de empresarios, particulares o funcionarios. Citó como ejemplo un hombre de apellidos Tam Zhang, sospechoso de lavado de dinero que fue capturado a inicios de octubre para ser enviado a Estados Unidos, a quien se le atribuyen “nexos políticos” con el movimiento oficialista. También en este mes detuvieron a empresarios de la industria de espectáculos y semanas atrás cayó el presidente de un club de fútbol de primera división.
La presidenta Fernández no se manifestó de inmediato sobre la continuidad del fiscal, pero sí lo hizo Chaves en un breve comentario a la prensa. “No me sorprende en lo más mínimo”, dijo sobre la reelección de Díaz. La votación sobre el jefe del Ministerio Público marca también un antecedente para la elección de la presidencia del Poder Judicial, que deben resolver el lunes las magistraturas entre al menos cuatro opciones que también muestran perfiles más duros ante el Ejecutivo y otros más concesivos. Esto puede acabar de determinar la relación institucional contra el narcotráfico y el movimiento conservador populista liderado por Chaves.
