Los acuerdos petroleros anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez —cuyos detalles apenas ahora empiezan a conocerse, y por partes—, han tocado algunas de las zonas más delicadas del debate público venezolano: la relación del petróleo con el Estado y su vínculo con la ciudadanía.
La existencia de acuerdos de largo plazo (al menos 25 años), anunciados por un presidente extranjero, sin detalles verificables sobre sus posibles beneficios y con extendidas sospechas sobre el uso que Estados Unidos ha dado a los ingresos nacionales de estos meses, ha producido un disgusto generalizado, apenas atenuado por la pulsión de ciertas élites locales a no enemistarse con Washington, acaso la última esperanza que le queda al ideal de un regreso a la democracia. Estos acuerdos no han sido conocidos por la Asamblea Nacional, como lo exige la Constitución.
El debate sobre la explotación y el uso de los recursos petroleros tiene más de un siglo en Venezuela, el mismo tiempo transcurrido desde el descubrimiento de sus primeros yacimientos. Durante todas estas décadas se fue fundando en la sociedad nacional un poderoso sentido de pertenencia sobre el petróleo. En el debate político local, desde siempre, se ha valorado moralmente el compromiso de los actores políticos con la propiedad nacional del crudo. Algunos de los libros más importantes del pensamiento político venezolano —por ejemplo, Venezuela, política y petróleo, de Rómulo Betancourt (1956)— tienen como tesis central la producción de crudo y la estrategia para desarrollarla en un contexto soberano.
La dictadura de Juan Vicente Gómez (1909-1935) ha sido juzgada con severidad por la historiografía nacional por la laxitud con que negoció las primeras explotaciones de pozos en el país con las empresas internacionales, en detrimento del interés nacional. Con Gómez, las multinacionales se asentaron y llegaron para quedarse todo lo posible.
Desde entonces, cada nuevo gobierno que asumió el poder hizo esfuerzos continuos por sumar eslabones al control nacional del petróleo y su producción, una meta histórica de la política local. El gobierno aperturista y moderado de Isaías Medina Angarita (1941-1945) puso en vigor la Ley de Hidrocarburos, que por primera vez obligó a las transnacionales a acoplarse a las disposiciones estatales: fijó las regalías para el Estado en 16% y estableció un impuesto de 12% sobre el total de las ganancias por explotación.
En 1945, el nuevo presidente, Rómulo Betancourt, decretó un impuesto extraordinario a las ganancias de las transnacionales. Poco después, en el gobierno de Rómulo Gallegos, se aprobó la regla del “fifty-fifty”, que establecía que el Estado no podía obtener, en ningún caso, menos ingresos que las ganancias netas de las petroleras. Estas disposiciones fueron derogadas por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que en los años cincuenta abrió las puertas al capital internacional sin demasiadas restricciones.
En los años sesenta, los primeros gobiernos del régimen democrático del Pacto de Punto Fijo (1958-1998) detuvieron el otorgamiento de nuevas concesiones petroleras. Se creó la Corporación Venezolana de Petróleo como ente regulador de la actividad —otro paso hacia la nacionalización— a través de los contratos de servicio, un nuevo formato de acuerdo con las transnacionales.
La nacionalización de la industria petrolera, en 1976, durante el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, despertó una enorme sensibilidad pública sobre las relaciones de la industria con el capital extranjero y consolidó un consenso a favor de la estatización.
Contrariamente a lo que algunos pensaron, Petróleos de Venezuela, una empresa estatal muy bien administrada, se convirtió en un exitoso modelo de gerencia pública, que pagaba los mejores sueldos del país en tiempos de enorme bonanza. Un gigante que asumió todos los eslabones de la producción, abasteció a los mercados internacionales de crudo y derivados, y llegó a ser la sociedad mercantil más poderosa de América Latina, de acuerdo con datos de la revista América Economía. La nacionalización del petróleo, el gas y el hierro fue uno de los hitos políticos más importantes del siglo XX venezolano.
En los años noventa, el Estado venezolano impulsó la llamada Apertura Petrolera, un ambicioso programa de inversiones internacionales que buscaba capital y mercados. Se ejecutó a medias y fue criticado como entreguista por la extrema izquierda. En aquel entonces, con los precios internacionales deprimidos, las regalías eran muy bajas: apenas 2%.
Al llegar al gobierno, en 1999, Hugo Chávez quebró uno de los pactos más delicados de la política local y decidió meter a PDVSA en el debate político, lo que desató en 2002 una grave crisis que casi lo saca del poder.
Tras derrotar a la oposición, Chávez se apropió del control político de la empresa y radicalizó el nacionalismo petrolero y su discurso antiyanqui. Desde entonces acusó sistemáticamente a la oposición venezolana y a los Estados Unidos de querer apropiarse del petróleo del país. Hacia 2007, obligó a las transnacionales a asociarse en empresas mixtas en las que PDVSA retuviera la mayoría accionaria. En una era de precios muy altos, las regalías se fijaron en 30% y el impuesto a la renta obtenida, en 50%. El país recibió cantidades gigantescas de dinero que alimentaron una corrupción desbordada. Con el chavismo, PDVSA se convirtió en un actor adversario de los intereses estadounidenses, y también comenzó su declive operacional y financiero.
La actividad petrolera y su entorno cultural están muy asentados en el imaginario contemporáneo del venezolano: en el mundo artístico, en las artes gráficas, en el ornato público, en la música, en los relatos de la cultura popular. En 1980, en los años dorados de la televisión local, José Ignacio Cabrujas e Ibsen Martínez escribieron un exitoso seriado futurista-apocalíptico titulado El día que se acabó el petróleo.
El tema también está presente, como preocupación permanente, en escritores fundamentales de las letras venezolanas como Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva o Ramón Díaz Sánchez. Sembrar el petróleo, ensayo de Uslar, fue lectura obligatoria en las escuelas del país durante varias décadas.
La propiedad venezolana sobre su petróleo es un criterio atado a la propia existencia del país. Si alguna propuesta le ha costado posicionarse en estos años en el debate nacional —a pesar de la decadencia del nacionalismo petrolero chavista y del derrumbe de la producción— ha sido la privatización de Petróleos de Venezuela.
