Mientras en buena parte del mundo los ciudadanos conocen a su nuevo presidente la misma noche de las elecciones, en Perú la espera puede tardar más de un mes. Es ya costumbre que el escrutinio electoral no proclame a un ganador, sino que apenas ofrezca una fotografía preliminar de una contienda que suele resolverse lentamente entre actas observadas, apelaciones y acusaciones de fraude. Esa agónica espera puede repetirse en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, porque Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), advirtió este miércoles de que puede repetirse la lentitud en el conteo y que el país probablemente no tenga plena certeza sobre quién será el próximo jefe de Estado hasta julio.
La justificación de Burneo no deja dudas de la lentitud que tendrá el proceso: “Hemos tenido una carga procesal sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son dos organizaciones políticas que están compitiendo, así que estimamos que no menos de un mes, o quizás en un mes, estaríamos ya proclamando los resultados, o antes dependiendo de la carga procesal que tengamos”, ha señalado el funcionario electoral, quien recibió amenazas de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el candidato ultraconervador que se quedó a 21.210 votos de tentar la presidencia.
La demora en definir los resultados alimenta una ansiedad colectiva comparable a la del videoarbitraje en el fútbol: una incertidumbre larga, frustrante y cargada de suspicacias, que termina por empañar la percepción del proceso democrático. El JNE tardó 33 días en oficializar el conteo al 100% de los votos de la primera vuelta, realizada el 12 de abril, y confirmar así el pase al balotaje de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). El 15 de mayo se proclamó finalmente que la hija de Alberto Fujimori obtuvo 2.877.678 votos (17,18%) y que el heredero político de Pedro Castillo sumó 2.015.114 respaldos (12,03%).
El proceso volvió a exponer las fragilidades del sistema electoral y alimentó el discurso de los candidatos que no reconocieron los resultados, quienes denunciaron un presunto intento deliberado de alterar el escrutinio. Fue el partido de López Aliaga, exalcalde de Lima, el que impulsó una serie de impugnaciones de votos que terminaron por entrampar aún más el proceso. Cerca de 60 Jurados Electorales Especiales —los órganos encargados de impartir justicia en materia electoral— tuvieron que resolver unas 68.000 actas observadas a lo largo de 2.300 audiencias. A ello se sumaron las graves fallas logísticas de la primera vuelta: 211 mesas no llegaron a instalarse en Lima, lo que obligó, en un hecho sin precedentes, a prorrogar las elecciones por un día adicional en medio del malestar y el desconcierto general.
Burneo ha señalado que ha dispuesto que todas las mesas de sufragio queden instaladas desde el sábado 6 de junio, con el objetivo de evitar contratiempos durante la jornada electoral. Asimismo, ha reiterado que el JNE actuará con transparencia e imparcialidad y ha asegurado que, desde el inicio de la distribución del material electoral, se supervisará que este llegue oportunamente a todos los locales de votación.
Hace unos días, la Contraloría determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en diez funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, Piero Corvetto, por una “serie de irregularidades” que repercutieron directamente en el derecho al voto de 55.261 electores de Lima durante la primera vuelta. A pesar de dichas fallas, la misión electoral de la Unión Europea descartó cualquier indicio de fraude, un criterio refrendado después por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Este domingo, en el Centro de Convenciones de Lima, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez medirán fuerzas en el esperado debate presidencial, un encuentro que podría resultar decisivo en la recta final de la campaña. La expectativa gira en torno al desempeño de ambos candidatos en cuatro bloques temáticos especialmente sensibles para el electorado: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.
