Chile y Argentina vuelven a chocar en política exterior pese a la afinidad política de sus presidentes, José Antonio Kast y Javier Milei. Cuando todavía no se ha borrado el malestar que causaron en Chile las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes, un mes después los roles se invierten al cuestionar la de las islas Malvinas.
El ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, ha asegurado que Chile apoya el reclamo de soberanía argentino sobre las Malvinas, pero que “hay una situación de hecho: un país amigo [Reino Unido] ejerce soberanía sobre las islas hace 200 años”. “Una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo [Argentina], pero de acuerdo al derecho internacional, respetando las voluntades e intereses de las personas involucradas y por la vía pacífica”, apuntó Barros en PolarTV de Magallanes.
En Argentina, sus palabras han sido interpretadas como un espaldarazo a la autodeterminación de los isleños, que el Gobierno argentino rechaza. El presidente, Javier Milei, defendió la postura histórica de Argentina en Naciones Unidas hace menos de una semana: “Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.
El pasado 3 de septiembre, Milei anunció en una cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que impulsa endurecer las penas a las empresas y personas que participen de la explotación de recursos naturales del país sin autorización argentina. El principal objetivo es detener el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, denunciado además ante la Justicia. Ese mismo día, se dio a conocer que la empresa chilena Easter Island Naviera firmó un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland (FIDC, por sus siglas en inglés) para reactivar una ruta marítima entre la ciudad austral chilena de Punta Arenas y las Malvinas, destinada al abastecimiento del archipiélago del Atlántico Sur.
Este lunes está previsto el aterrizaje de una delegación de casi 40 representantes de los sectores privado y público de las islas a Punta Arenas para cerrar contratos de abastecimiento con proveedores chilenos y consolidar la ruta directa Punta Arenas–Stanley, cuyo primer viaje está proyectado para noviembre.
Barros apoyó la operación comercial. Planteó que cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones legales, tanto locales como el derecho internacional, “no puede tener ninguna limitación”. “Chile y la comunidad magallánica tiene el derecho de ejercer el comercio y ejercer todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, señaló.
Sin embargo, indicó que “hay un tema puntual que puede ser un poco más conflictivo; el de las exploraciones petrolíferas y mineras”. “Ahí hay un tema que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga con los planteamientos que ha hecho Chile y los planteamientos que tomó como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur (Mercado Común del Sur) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), en el sentido de que se apoyaba de una manera más categórica, más parcial, más involucrada la pretensión argentina”, señaló.
Hasta ahora no ha habido una respuesta de la Cancillería argentina, pero sí pedidos públicos para que se oponga a la ruta comercial entre el sur de Chile y Malvinas. El más duro ha sido del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata (CECIM), “el objeto de esa ruta no se agota en alimentos, vinos y repuestos. Se trata del cordón umbilical del proyecto Sea Lion/ León Marino, esto es, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo el subsuelo de la plataforma argentina”. Por ese motivo, el CECIM exige al canciller, Pablo Quirno, que “ejerza las competencias que la ley pone en sus manos” para frenar esa ruta.
Sobre el impacto de las declaraciones del ministro Barros, el subsecretario del Interior del Gobierno de Kast, Máximo Pavez, aclaró esta mañana que “lo importante es que la posición respecto a la política exterior chilena la fija el presidente, el canciller y, por supuesto, quienes ejercen labor de vocería”. “En el ámbito que le compete a la Defensa Nacional él tiene absolutamente muy clara la película. Sin embargo, en materia de política exterior, cualquier confusión se tiene que aclarar de inmediato”, afirmó en Tele13 Radio. Sobre la posición de Chile en la cuestión de las Malvinas, dijo que “nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos, eso está consagrado en la Constitución política de la República y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción”.
