El Gobierno nacional mantendrá suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, cuyos titulares tendrán 30 días hábiles para presentar documentación que justifique la continuidad del beneficio. La medida se enmarca en una auditoría que, según el Ejecutivo, detectó presuntas irregularidades médicas y patrimoniales.
El anuncio lo hizo este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí explicó que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones porque, según afirmó, no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.
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“Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa”, sostuvo el vocero.
Cómo hacer el trámite
Las personas alcanzadas por las suspensiones podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar por qué no se presentaron a las auditorías o aportar otros antecedentes para que se revise su caso. Los trámites se podrán realizar a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o en las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, según el procedimiento que establezca el organismo.
Los casos que expuso el Gobierno
Ravier aseguró que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar a titulares de pensiones suspendidas con bienes que podrían ser incompatibles con el carácter asistencial del beneficio. Según los datos oficiales, se detectaron 38 beneficiarios con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles y 40 con al menos una propiedad de más de una hectárea. “Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión”, afirmó.
El vocero recordó que estas pensiones están destinadas a personas que no pueden trabajar y no tienen medios de subsistencia, por lo que su otorgamiento no depende solo de la existencia de una discapacidad o de contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El propio Gobierno aclaró que la existencia de bienes registrados es un indicio que requiere revisión, pero que no prueba por sí misma una maniobra fraudulenta.
IC/ML
