El Gobierno ha firmado este 14 de abril —aniversario de la proclamación de la Segunda República— el último paso para fulminar la Fundación Francisco Franco, creada en 1976. Este es el último proceso para extinguir la entidad, aunque el último paso dependerá de la decisión de un juez.
“No cumple fines de interés general y desarrolla actividades y mensajes que suponen un desprecio y una humillación a las víctimas”, ha dicho el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), en una rueda de prensa con preguntas este martes en la sede del ministerio.
Este paso del Ejecutivo para extinguir la Fundación Francisco Franco es el último de un largo camino, que comenzó con la Ley de Memoria Democrática de 2022, la ley orgánica que regula el derecho de asociación y que, desde entonces, permite ilegalizar las entidades y fundaciones que hagan apología del franquismo.
El Gobierno envió a la fundación el “acuerdo de inicio de procedimiento de extinción” el pasado octubre. Esta resolución era el punto previo antes de que el ministerio remitiera, a través de la Abogacía del Estado, este mismo texto a la autoridad judicial para que inicie los trámites legales para la extinción. Esto es lo que ha firmado el ministro este martes.
Para motivar la apertura de este expediente, el Ministerio de Cultura encargó el año pasado dos informes al Registro de Fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Esta última estudió todo el contenido de la web de la fundación (aproximadamente 5.500 textos) “dedicados a la exaltación y apología del golpe de Estado, la dictadura y sus dirigentes” y también la cobertura en los medios de comunicación de la fundación entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de marzo de 2025.
“La fundación debe ser cerrada”, ha insistido el ministro Urtasun este martes. “No puede haber espacio para organización que trata de blanquear la dictadura. En España la democracia se defiende con la memoria”.
Ahora, el Gobierno acudirá a un juzgado de primera instancia en los próximos días, según ha precisado sin más detalles el ministro Urtasun. Urtasun ha considerado que el expediente para llevar a cabo la extinción de la fundación es “muy sólido” y que se basa en la ley de Memoria Democrática y que, como no es fundación que apele al interés general, no habrá problema para disolverla.
“Ahora, la decisión final, como ustedes saben, está en manos de un juez”, ha dicho el ministro. “Pero el Gobierno considera que concurren, de manera fehaciente, las causas legales para su extinción. Y lo decimos con claridad: estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas”. “A partir de aquí”, ha observado el ministro, “soy optimista”.
El informe del Gobierno incluye entrevistas a víctimas del franquismo en las que “queda acreditado cómo el negacionismo de la fundación sobre la violencia y la represión” les causa daño y “afronta” su derecho a la verdad. Los testimonios describen varias de esas situaciones. Por ejemplo, una víctima que se topó en una plaza de Granada con un grupo de “gente de esta” cantando el Cara al sol [himno falangista], lo que le provocó un episodio de malestar físico y psicológico.
Uno de los relatos dice así: “Cada vez que veo en medios de comunicación alguna de sus actividades o declaraciones, se me encoge el corazón, la respiración se me detiene y no soy capaz de articular palabra. En ese momento vuelve a mi mente el relato de la desaparición de mi tío”. Y otro concluye: “Cada vez que leo un manifiesto firmado o una declaración por esta fundación en defensa de los valores franquistas y de la dictadura, naturalmente no siento una agresión física, pero se remueven todos los recuerdos que tengo de mi situación infantil, sin mi padre, la ausencia de él por culpa de una guerra cruel y sinrazón”.
Una “anomalía” en Europa
La Fundación Francisco Franco se constituyó en 1976 y en sus estatutos se señalaba que esta estaría “dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco”, “promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato”, “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española” y “exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria”.
Las cuentas anuales de la entidad entre 2018 y 2022 presentadas al Protectorado Estatal de Fundaciones reflejan que, de media, los gastos mayoritarios (entre 100.000-150.000 euros) se los lleva la publicación de su boletín informativo y la celebración de “jornadas culturales”. Le sigue el mantenimiento de su archivo (una media de entre 30.000 y 50.000 euros). En cuanto a los beneficio (venta de fotocopias, libros DVD y merchandising) la media va de los 4.000 a los 9.000 euros.
