En medio de una preocupación creciente de los argentinos por el rumbo de la economía, el Gobierno de Javier Milei busca mejorar el escenario dándole un impulso a los créditos hipotecarios, que en el país sudamericano representan apenas el 2% del Producto Interior Bruto (PIB). El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que volcará al sistema bancario dos billones de pesos (alrededor de 1320 millones de dólares) que corresponden a los fondos de pensión como una manera de financiar los créditos destinados a vivienda que ofrecen los bancos, lo que debería generar una reducción de la tasa de interés para las familias. Los recursos se colocarán mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo de uno o cinco años, que exigirán a cambio determinado nivel de rendimiento para el Estado.
La decisión del Gobierno, anunciada este miércoles en una conferencia de prensa, busca atacar dos de las críticas más severas que recibe el esquema económico del libertario. Por un lado, intenta darle impulso al sector de la construcción, que tiene gran incidencia en el empleo y permanece más de un 25% por debajo del nivel más alto de 2023, previo a la llegada de Milei al Gobierno. Por otro, apunta a darle una señal positiva a los ciudadanos de a pie, que no han sido el eje de ninguno de los principales proyectos impulsados por el oficialismo en el último tiempo.
El ministro Caputo mencionó incluso que la medida “hace a la justicia social”, un concepto asociado al peronismo que Milei ha definido en reiteradas oportunidades como una “aberración moral” y un “robo”. Adicionalmente, destacó que el plan generará un efecto multiplicador en la economía; quien accede a una casa propia debe comprar, por ejemplo, muebles para equiparla, lo que permite darle un impulso también a la industria manufacturera, otro de los sectores más afectados por el modelo actual, que derivó en la pérdida de más de 80.000 empleos registrados.
Mientras empuja en el Congreso una ley de “inocencia fiscal” que condona las penalidades por tener dinero fuera del sistema, el Gobierno busca que los créditos hipotecarios funcionen también como un aliciente para reducir la informalidad, que hoy abarca a casi el 50% de los trabajadores argentinos, dado que las personas deberán acreditar cierto nivel de ingresos para poder acceder a los préstamos.
En Argentina, el stock de créditos hipotecarios es muy bajo: representa apenas 2% del producto, cuando en países vecinos como Chile ronda el 27% y en Estados Unidos se eleva al orden de los 50%, habiendo llegado por momentos incluso al 75%. La inestabilidad política y económica del país sudamericano, sumada a una larga historia de quiebre de contratos, han sido los mayores enemigos para los préstamos a largo plazo. De hecho, el problema de fondo en el caso de los hipotecarios es el descalce de los plazos: mientras que los bancos deben prestar dinero por décadas, los depósitos que los fondean son de apenas 30 días.
Los dos billones de pesos que el Gobierno destinará a robustecer los préstamos hipotecarios pertenecen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un fondo que invierte recursos provenientes del sistema previsional y los destina luego al pago de jubilaciones y pensiones. Según precisó su director general, Juan Cruz Micele, el FGS tiene el mandato principal de buscar rentabilidad y seguridad en sus inversiones, pero también el de “promover la macroeconomía”, lo que explicaría su participación en esta iniciativa.
La primera licitación está planificada para la semana próxima y será de 200.000 millones de pesos (unos 131 millones de dólares). Se exigirá una tasa mínima de rendimiento para los plazos fijos del FGS (alrededor de 2,5% sobre la inflación para los que son a un año y de 4,5% sobre la inflación para los que son a cinco años) y también una tasa tope para los créditos hipotecarios de alrededor del 7,5% por encima de la inflación. Además, los préstamos no podrán exceder los 200.000 dólares cada uno y deberán ser destinados a una primera vivienda. Se espera que el plan genere unos 17.000 préstamos hipotecarios nuevos.
La semana pasada Caputo anunció la habilitación de los bancos para ofrecer préstamos en dólares a las empresas y este miércoles señaló que ambas medidas se complementarán: se busca estimular la oferta de viviendas, al darle a los desarrolladores acceso al financiamiento en dólares, al tiempo que se expande la demanda con créditos hipotecarios. “Esto dará un gran impulso a la industria de la construcción, que es un motor muy importante de la economía y venía rezagada”, admitió el ministro, muy reacio a reconocer los puntos débiles de un modelo de crecimiento que está apalancado en cuatro sectores: agro, energía, minería e intermediación financiera.
El anuncio se da en un contexto en el que crece el debate por la mora de las familias argentinas, que se encuentra en niveles récord y ronda el 12% en los préstamos personales. A pesar de la presión creciente de la oposición, que busca discutir el tema en el Congreso, y de movilizaciones callejeras, el Gobierno insiste en que se trata de un tema “entre privados” y no ha mostrado hasta el momento una intención de mediar entre deudores, bancos y billeteras virtuales, donde se registran tasas exorbitantes y se profundizan los problemas de pago.
Consultado sobre si el Gobierno tendrá un rol en eventuales problemas de cumplimiento que se generen con los préstamos hipotecarios, Caputo dijo que la mora en estos casos es baja —del 1,6%— y mantuvo la línea argumental: “El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no corre ningún riesgo, la mora debe ser gestionada por los bancos”, precisó.bancos”, precisó.
