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En un anteproyecto ómnibus de desregulación que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, envió a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, con vistas a ser remitido al Congreso próximamente, se deroga el precio uniforme de venta al público (PVP) del libro, amparado por la ley 25.542, con la “intención de eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en distintos mercados”.

Conocida la iniciativa oficial, que es como una Babel que propone desregular desde el negocio inmobiliario hasta el régimen de gas licuado, pasando por la ley de farmacias, dedicando el título III al régimen del libro y el doblaje, las reacciones no se hicieron esperar.

La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro emitieron sendos comunicados en los que advierten sobre los perjuicios para el ecosistema editorial si se deroga la ley de defensa de la actividad librera.

En un comunicado, el Consejo de Administración de la Fundación El Libro, que organiza la Feria del Libro, afirma: “Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio. Se trata, además, de una ley que cuenta con el consenso unánime de todo el sector del libro –editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos–, que durante más de dos décadas la ha sostenido y defendido como pilar de la actividad”.

Desde el ministerio de Sturzenegger dicen que “el proyecto tiene por objetivo que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograrlo, elimina una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque”.

Y agregan que “en el Reino Unido, tras eliminar el sistema de precio único en 1995, no solo no desaparecieron las librerías ni la producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad”.

Dejan a salvo que el anteproyecto no contempla borrar de la faz de la tierra a editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. “Lo que elimina es una prohibición para competir en precios. El objetivo es que más personas puedan acceder a los libros, ampliando la oferta para los lectores y permitiendo que cada librería compita con las herramientas que considere más convenientes”, agregan las fuentes consultadas.

Para la Fundación El Libro, “las librerías son patrimonio cultural de nuestro país –agrega el texto– y la red de librerías argentinas –reconocida a nivel internacional por su densidad, riqueza e historia– no representa meros puntos de venta de mercancía. Son verdaderos faros culturales, espacios de encuentro democrático y de promoción de la lectura. Su valor social e histórico excede cualquier lógica de mercado tradicional”.

Según las entidades del sector editorial, la desregulación del precio del libro no genera mayor competitividad, sino que desprotege a los eslabones más débiles de la cadena –libreros independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores– y favorece la concentración, poniendo en riesgo real de cierre a cientos de espacios que dan vida a nuestras ciudades.

La ley 25.542 salió con el consenso de las entidades que componen el ecosistema del libro. Es lógico que, a 25 años de una ley que ha preservado uno de los tesoros de la cultura argentina, y más concretamente de la Ciudad de Buenos Aires, como son las librerías, el sector se pregunte por qué cambiar lo que ha funcionado, desde su perspectiva.

Pero lo que se pierde de vista, o por lo menos habrá que debatir en el Congreso, es cómo se actualiza una ley que no incluye a las plataformas de venta online –Mercado Libre o Buscalibre– ni los nuevos formatos de libros que no pasan por librerías. Quien busca hoy una novedad puede hacerlo sin pisar una librería, con el plus de que quizá el libro que busca tiene versiones de “usados”, como ocurre en Mercado Libre, y lo compra por una suma menor que la del ejemplar nuevo en librerías.

Todas las nuevas situaciones en el ecosistema editorial y librero tienen que ser consideradas.

La Fundación El Libro argumenta que “defender a las librerías es defender nuestra propia historia, nuestro pensamiento crítico y nuestro futuro” y se declara en estado de alerta.

Sturzenegger es un ministro audaz. Tira la piedra al agua y, conforme se amplían los círculos concéntricos, levanta el pie del acelerador o va a fondo.

Hay quienes, de buena fe, piensan que, si se libera el precio único, habrá más ofertas, más promociones, y que la competencia libre entre librerías favorecerá al que mejor precio tenga. No es tan fácil en el país del sube y baja económico y financiero. El libro no es solo su precio de tapa. Detrás hay un proceso de producción que empieza en el autor y que implica costos que deben absorberse en moneda corriente y en dólares. ¿Qué garantiza que con la desregulación no salte todo por los aires si un elemento de la ecuación fracasa?

El titular de la Fundación El Libro, Christian Rainone, le dice a Clarín: “Escuchando a los distintos actores del sector y con buen diálogo con el gobierno, puedo trasladar lo que se viene conversando puertas adentro. Si dejamos de lado la derogación y abrimos una conversación honesta sobre modernización, aparecen varios ejes concretos que parte del sector estaría dispuesto a trabajar”.

Rainone pone un ejemplo: “Se plantea la necesidad de algún esquema de descuentos para que el sector pueda participar más activamente en fechas especiales, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Madre, Navidad, cuando el libro compite con otros artículos de regalo. En esos momentos hay actores que consideran que un margen acotado y reglado puede tener sentido”.

Otro planteo recurrente, dice Rainone, “es definir con claridad cuándo un libro se considera descatalogado y cuándo no. Hoy es una zona gris y ahí se juega buena parte de la trastienda comercial. Hay consenso en que reglas más claras protegerían al librero, al editor y al lector. Y aparecen con fuerza –porque son huecos evidentes de la ley del 2001– la venta online, las plataformas digitales y el libro electrónico. Cuando se sancionó la ley, todo eso o no existía o era marginal. Hoy es una parte central del mercado y desde el sector se pide discutir cómo se aplica el principio del precio uniforme en esos canales”.

Y, en tren de dejar claro el eje central del debate, Rainone dice: “La librería independiente no compite por precio; compite por curaduría, por comunidad, por asesoramiento, por la experiencia del punto de venta físico. Cuando la mesa de novedades pasa a ser una guerra de descuentos, ese partido está perdido de antemano”.

Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro (período 2025-2026) y dueño de Editorial Corregidor, dice, ante una consulta de Clarín, que “el precio uniforme del libro hizo del ecosistema editorial algo virtuoso. Tu pregunta es si hay que modernizar la ley, pero aún no lo hemos hablado internamente. Hoy por hoy esta es la mejor ley posible. Es cierto que hay nuevas formas de comercialización. Los libros electrónicos en nuestro país son el 3% o 4% y su comercialización se hace a través de grandes plataformas, donde es muy importante”.

Y aquí viene el temor del ecosistema editorial: Mercado Libre. “Si bien no está contemplado en la ley vigente, Mercado Libre y Buscalibre venden muy bien. Y pueden hacerlo mientras respeten la ley de defensa de la actividad librera. Hay un montón de páginas, además, que venden por fuera del precio uniforme y desde la Cámara hacemos permanentes denuncias porque entendemos que es una competencia desleal”.

Pero el problema –según vamos escuchando voces–, además del terremoto que significaría hacer caer el precio único del libro, es que plataformas internacionales como Mercado Libre o Amazon puedan comprar miles de bestsellers y hacer ofertas increíbles, a contramano de las librerías que traccionan la bibliodiversidad que tanto apreciamos en nuestras librerías, también a partir de los best sellers.

Gracias a que se venden copias de esos libros es que las librerías pueden apostar a autores y títulos de editoriales más pequeñas, que en muchos casos son joyas en los anaqueles de las tiendas.

“Si se desregula, incide en forma negativa en las librerías. Las grandes plataformas se harían dueñas de los bestsellers y eso pone en peligro al ecosistema del libro”, dice Pampín.

Es cierto que la librería es el equivalente al kiosco. Uno va por un encendedor y termina llevándose una lamparita que necesita. En el caso de la librería, uno va por un libro y se encuentra con otros, busca al mismo autor, el librero recomienda títulos nuevos, y hay una referencia social en la librería.

Consultamos al ministro porteño de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, respecto del anteproyecto de Sturzenegger. “Las librerías de Buenos Aires son parte fundamental de la vida cultural de los porteños y de los barrios. Hay más de 350 librerías independientes y se llega a 400 con las cadenas. Pero no son solo eso. Son además espacios culturales, de encuentro, el lugar donde se teje la trama de la Ciudad”, explica.

Por eso, ratifica, “siempre vamos a defender las librerías. En ese sentido, el ministerio a mi cargo, junto con el Ministerio de Cultura, que conduce Gabriela Ricardes, impulsamos un programa de librerías en barrios donde hacemos activaciones, pequeños festivales gastronómicos y presentaciones para mantener vivo ese ecosistema”.

Para no esquivar las preguntas de Clarín, el ministro dice que no comparte la derogación de la ley 25.542, que defiende la actividad librera (y, añadimos, fue promulgada durante la presidencia de Fernando de la Rúa), pero que en el Congreso hay una serie de puntos por revisar al respecto. En cambio, sí comparte que la ley 25.446, de fomento de la lectura, admite ser modernizada, “porque hay muchos cambios en los sistemas editoriales en todo el mundo”.

Casi por casualidad, el ministro nos dio una primicia: en octubre, el Gobierno de la Ciudad lanzará, junto con la Fundación El Libro, una feria de ofertas y oportunidades de libros en la vía pública. Posiblemente será en la Avenida de Mayo y la ciudadanía podrá comprar libros ya saldados por las editoriales con precios de oferta.

Datos para tomar en cuenta: Francia (en cuya ley Lang de 1981 se apoya nuestra ley 25.542), Alemania, España y México tienen precio uniforme para el libro. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Suecia, Finlandia y Brasil tienen un sistema de precio libre.

En ambos grupos hay matices. En Brasil, las editoriales sugieren un precio de venta y las librerías físicas y plataformas tienen total libertad para aplicar descuentos y promociones. Hay un proyecto de ley frenado en el Senado brasileño que propone un tope máximo de descuento del 10% durante el primer año de lanzamiento del libro.

En México, con precio único de tapa, este se aplica durante los primeros 18 meses de la publicación del libro. Aun así, el sistema librero en México se estructura sobre grandes cadenas. En Brasil, lo difícil es encontrar librerías independientes.