En la antesala de la exposición del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, prevista para el 29 de abril, el oficialismo reactivó una estrategia legislativa de alto voltaje. Ahora impulsa un paquete de proyectos sensibles con un doble objetivo: recuperar iniciativa política y desplazar el foco del escándalo del funcionario.
Su jugada, diseñada en el corazón de la mesa chica del poder, combina reimpulsos de iniciativas ya trabadas con nuevos proyectos que abren frentes. En paralelo, expone una interna cada vez más visible entre los sectores que responden al asesor del presidente, Santiago Caputo, y el espacio articulado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el Presidente de Diputados, Martín Menem, como actor clave en la negociación parlamentaria.
Así, uno de los ejes centrales de este “repechaje” es la Ley de Ficha Limpia. El proyecto vuelve al centro de la escena tras la derrota sufrida en el Senado, donde el oficialismo no alcanzó la mayoría especial por apenas dos votos. En aquella votación, realizada el 7 de mayo, el resultado fue 36 a 35, y dejó expuesta la fragilidad de los acuerdos parlamentarios.
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El descenso estuvo marcado por la ausencia de respaldo de senadores misioneros, en un movimiento que en el oficialismo atribuyen a la influencia del exgobernador Carlos Rovira. A partir de allí, el Gobierno busca recomponer apoyos con iniciativas paralelas presentadas por bloques aliados, con la intención de reconstruir una mayoría más amplia.
Sumado a eso, en el mismo paquete aparece la reforma electoral, donde la discusión más ríspida gira en torno a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Aunque ya hubo una suspensión parcial para las elecciones legislativas de medio término, no existe consenso para avanzar con su eliminación total en comicios presidenciales.
Algunos exsocios de Juntos por el Cambio ya anticiparon que no acompañarán esa modificación. Argumentan que el sistema vigente, sancionado en 2009 durante el kirchnerismo, fue un factor estructural en la construcción de coaliciones políticas recientes.
Discapacidad y universidades: dos frentes de conflicto social
El relanzamiento legislativo también incluye dos proyectos que abren frentes sociales inmediatos:
El primero es la nueva Ley de Discapacidad, enfocada en el control de pensiones por invalidez. La iniciativa ya generó movilizaciones en distintos puntos del país y en Plaza de Mayo, en un contexto atravesado por el antecedente reciente del veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y su posterior judicialización.
El segundo es el proyecto de financiamiento universitario, reactivado tras haber sido presentado inicialmente en febrero. El debate vuelve a tensar la relación con el sistema universitario en un escenario donde los votos en Diputados no están garantizados. Ambos expedientes, según coinciden en el Congreso, se mueven en un terreno de alta sensibilidad política y social, con impacto directo en sectores organizados y con capacidad de movilización.
La interna en el poder: Caputo vs. Karina Milei
La estrategia legislativa volvió a poner en superficie la disputa interna dentro del oficialismo. En un sector del Gobierno señalan a Santiago Caputo como el principal impulsor de avanzar con proyectos sin respaldo suficiente en el Congreso, incluso con riesgo de nuevas derrotas parlamentarias.
Su línea choca con el esquema más cauteloso que impulsan Karina Milei y Martín Menem, orientado a evitar votaciones adversas que expongan debilidad política en el recinto. En paralelo, operadores legislativos advierten sobre la tensión con los gobernadores, pieza clave en la construcción de mayorías, especialmente en el Senado.
El “caso Adorni” y el reloj político del 29 de abril
Todo el tablero legislativo se ordena alrededor de un mismo punto: la exposición de Manuel Adorni ante Diputados el 29 de abril. El funcionario llega al recinto atravesado por lo que en la Casa Rosada describen como un “goteo judicial” y una creciente presión mediática. En el oficialismo admiten que la estrategia busca contrapesar ese impacto con una agenda activa en el Congreso. Sin embargo, también reconocen que no hay garantía de resultados legislativos positivos.
El día de la presentación aparece así como un examen político de alto riesgo, no solo para Adorni, sino para el propio esquema de poder del Gobierno. En la Cámara Baja anticipan una sesión cargada de tensión, con una tropa oficialista obligada a sostener una postura común en un escenario sin certezas.
Más allá del resultado, en el Congreso ya se da por hecho que el 29 de abril marcará un punto de inflexión. Tanto para la estrategia legislativa del Gobierno como para el futuro inmediato del propio Adorni dentro del gabinete.
