Durante los primeros mil días de su gestión, Javier Milei construyó una relación con la causa Malvinas que osciló entre la indiferencia y la subordinación a Londres. Elogió reiteradamente a Margaret Thatcher, máxima responsable del hundimiento del crucero ARA General Belgrano —un acto perpetrado por el submarino HMS Conqueror a 210 millas al sur de la isla Gran Malvina, fuera del radio de 200 millas fijado por el propio Reino Unido como zona de exclusión, y que causó la muerte de 323 marinos argentinos—. Validó la tesis británica de la autodeterminación de la población implantada en las islas, al sostener que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y al plantear el diferendo colonial como si fuera un problema de atractivos fiscales.
Asimismo, calificó las expresiones espontáneas de reafirmación soberana —como las de los jugadores de la Selección tras el partido contra Inglaterra en el Mundial— como manifestaciones de un “patrioterismo rancio y berreta”. Autorizó, mediante el DNU 292/2025, ejercicios militares combinados con tropas británicas, y mientras esto ocurría, guardó silencio de radio frente al avance del megaproyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, un negocio de 1.700 millones de barriles de crudo del consorcio integrado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El 3 de septiembre, sin embargo, el Presidente anunció en cadena nacional, con una épica que contrastaba con todo lo hecho hasta el momento, una batería de medidas de tono nacionalista: la reglamentación por decreto de la Ley 26.659 sancionada en 2011; un refuerzo presupuestario; la reactivación —tras haber sido paralizadas al comenzar su gestión— de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia iniciadas en 2022; y el envío al Congreso del proyecto de ley del que se ocupa esta nota. El contraste entre el antes y el después del 3 de septiembre es tan formidable que exige preguntarse qué lo explica.
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Un estudio de Management & Fit reveló que el 61,1% de los argentinos atribuye el cambio de rumbo discursivo en torno a Malvinas a una “conveniencia política”, frente a apenas un 24,7% que lo interpreta como una convicción genuina. La consultora CEOP Latam había medido semanas antes que dos de cada tres argentinos consideraban que a Milei le importa “poco o nada” la causa Malvinas, y que una mayoría similar reprobaba que el Gobierno no hubiera respaldado el derecho de la Selección a exhibir la bandera de las islas tras el triunfo ante Inglaterra.
A su vez, Google Trends registró que, tras la victoria de la Selección sobre Inglaterra, las búsquedas globales sobre las Islas Malvinas crecieron un 2.400% en una semana; y en el Reino Unido el salto llegó al 1.700%, con picos puntuales que superaron el 5.000%. Fue el mayor salto de atención digital sobre la cuestión Malvinas desde que existen registros.
A esa ola simbólica se sumó el rechazo social al proyecto de extranjerización de tierras impulsado por el propio oficialismo, que había vuelto a exponer la sensibilidad de la sociedad argentina frente a la entrega de recursos estratégicos.
Efecto Galtieri. Este tipo de giro copernicano, montado sobre una causa nacional como recurso de supervivencia política, no es una novedad en la historia argentina. Hay un antecedente que merece ser recordado porque la lógica política que lo anima guarda un parentesco con aquel.
El académico Roberto Russell, en su estudio clásico sobre los sistemas de creencias y la política exterior argentina entre 1976 y 1989, reconstruyó cómo la última dictadura militar sostuvo, hasta 1982, una autopercepción de “bastión de Occidente” en la guerra global contra el comunismo. La derrota diplomática que significó el respaldo de Estados Unidos a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas obligó al gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri a un replanteo integral de esa cosmovisión en tiempo récord. El propio Galtieri, que hasta entonces había definido el conflicto mundial como un choque de civilizaciones entre Occidente y el marxismo, terminó declarándose dispuesto a aceptar la ayuda de “quien se la quisiera dar”, incluida la Unión Soviética.
El vuelco más formidable lo protagonizó el canciller Nicanor Costa Méndez, quien viajó a La Habana para participar de la reunión de países No Alineados (NOAL) y allí, ante Fidel Castro, comparó la lucha argentina por Malvinas con las gestas de independencia de Argelia, India, Cuba y Vietnam, calificando a la isla caribeña como un “protagonista decisivo” de la política latinoamericana y denunciando a las “potencias hegemónicas”. El mismo canciller que meses antes reivindicaba la occidentalidad cultural de la Argentina terminó, forzado por la derrota diplomática, abrazando el discurso tercermundista que había despreciado.
El giro de Milei guarda con aquel episodio una analogía de método: un gobierno que había construido su identidad sobre un alineamiento incondicional con Londres se ve obligado, por el cambio de circunstancias, a ensayar un discurso que contradice sus convicciones más arraigadas. La diferencia sustancial es que Galtieri lo hizo en el marco de una derrota militar irreversible. Milei lo hace, en cambio, como maniobra preventiva de supervivencia política.
El contenido del proyecto. Presentado el vuelco mileísta, conviene describir qué contiene la iniciativa enviada al Congreso, un texto de 133 artículos organizado en ocho títulos. El Título I endurece el régimen sancionatorio de la Ley 26.659, ampliando su alcance a cualquier explotación de recursos naturales en las islas y sus espacios marítimos, extendiendo la responsabilidad a socios, aseguradoras, bancos y proveedores logísticos, e incorporando el juicio en ausencia. El Título II crea el Sistema de Seguridad Nacional y su órgano rector, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), presidido por el Presidente. El Título III regula la protección de espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres, incluyendo la interceptación progresiva —hasta el uso de la fuerza— contra aeronaves y buques calificados como “hostiles”. También aborda la cuestión de las infraestructuras críticas. El Título IV crea infracciones administrativas y sanciones directas para conductas de “afectación a la Seguridad Nacional”. El Título V reforma la Ley de Defensa Nacional. El Título VI incorpora al Código Penal figuras vinculadas a la influencia extranjera, el espionaje y las campañas de desinformación electoral. El Título VII eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). El Título VIII contiene disposiciones transitorias.
Hasta aquí, la descripción formal. El problema de fondo es que, de esos ocho títulos, solamente el primero se vincula con la causa Malvinas. Los siete restantes constituyen una reestructuración profunda y regresiva del sistema de defensa y seguridad argentino, presentada bajo el paraguas emotivo de una causa de consenso nacional.
Un nuevo andamiaje autoritario. La primera objeción refiere al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que crea el proyecto, el que concentra en el Presidente —sin intervención judicial previa— facultades de investigación, sanción y coerción sobre personas y empresas. Se trata de un desplazamiento evidente del Poder Judicial de su rol de control preventivo de garantías constitucionales, montado sobre la vaguedad del concepto de “Seguridad Nacional”. A ello se suma un absurdo técnico: el CSN excluye expresamente de su integración al Ministerio de Seguridad, la cartera que conduce a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la PSA.
La segunda crítica refiere al riesgo para las libertades públicas. El Título VI incorpora al Código Penal el artículo 225 bis, que castiga con penas de cinco a doce años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, desarrolle “campañas coordinadas de desinformación masiva” que alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. La laxitud de esta figura la convierte en una posible herramienta de censura previa aplicable contra periodistas, medios, sindicatos y ONG.
La tercera objeción es que el proyecto desmantela el consenso democrático construido desde 1983 en defensa y seguridad. Ese consenso se asienta sobre tres leyes que establecieron una frontera clara entre la Defensa Nacional —destinada a enfrentar agresiones militares de origen externo— y la Seguridad Interior —a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad—. La Ley 23.554 de Defensa Nacional ordenó mantener siempre “la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior”. La Ley 24.059 de Seguridad Interior limitó el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en tareas internas a supuestos excepcionales bajo estado de sitio. Y la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohibió que los organismos de inteligencia realicen tareas policiales o investiguen a ciudadanos por sus opiniones políticas o posicionamientos sociales. Ese trípode fue la respuesta democrática a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) que consideraba al opositor un “enemigo interno”.
El Título V reemplaza el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional y redefine su objeto: ya no se trata de enfrentar “agresiones de origen externo”, sino “riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”. La incorporación de “no estatal” y “no cinético” —que puede incluir desde el narcotráfico hasta una huelga en una empresa de energía calificada como “infraestructura crítica”— habilita el empleo de las Fuerzas Armadas y su poder de fuego dentro del territorio nacional contra actores privados y organizaciones civiles. Convertir a soldados en policías es un error doctrinario que genera indefensión jurídica para los propios militares, quienes carecen del poder de policía que el artículo 184 del Código Procesal Penal reserva a las fuerzas de seguridad, quedando expuestos a procesos penales.
A todo esto se suma un dato revelador: en sus 133 artículos, el proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” no menciona ni una sola vez al Reino Unido. La única potencia que ocupa militarmente parte de nuestro territorio queda invisibilizada en el proyecto.
Esta omisión expresa al Reino Unido se vuelve más elocuente al repasar la agenda de ejercicios militares conjuntos previstos para 2026-2027: además de los ejercicios “Estrella Austral” y “Tradewinds” —donde en ediciones pasadas participó el Reino Unido—, la planificación castrense contempla la participación argentina en el ejercicio “Nanook”, liderado por Canadá con presencia británica. Habilitar instancias de cooperación militar con la potencia ocupante debilita cualquier expresión seria de firmeza soberana.
Otra dimensión central de la crítica remite a la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya reactivación fue anunciada en la cadena nacional del 3 de septiembre tras haber sido paralizada al inicio del gobierno de Milei. La preocupación es importante: se ha documentado la presencia de delegaciones del Comando Sur en el predio y el arribo de pertrechos militares norteamericanos a Ushuaia. El riesgo de que ese enclave estratégico termine funcionando como plataforma logística del Pentágono, en lugar de como un polo soberano orientado a la Antártida y al Atlántico Sur, es una amenaza a la autonomía nacional.
Posibles medidas soberanas.Por fuera de la retórica nacionalista de las últimas semanas, existen medidas concretas que el Gobierno podría haber adoptado en torno a Malvinas. En primer lugar, Milei podría haber utilizado su vínculo privilegiado con Benjamín Netanyahu para presionar sobre la empresa israelí Navitas Petroleum (socia mayoritaria en el megaproyecto Sea Lion), en lugar de limitarse a anunciar sanciones de papel.
En segundo lugar, podría haber promovido una actualización de la Resolución 2065 (XX) de la ONU del año 1965 —que consagró la disputa de soberanía y descartó la autodeterminación para la población kelper implantada—, requiriendo que el alineamiento incondicional con Estados Unidos se tradujera, por impulso de Trump, en un respaldo diplomático explícito de Washington para forzar a Londres a retomar las negociaciones bilaterales. Nada de esto sucedió y, como se ha visto en Nueva York, Washington y Londres han reafirmado su alianza histórica que lleva dos siglos.
En tercer lugar, con miras a consolidar una presencia disuasiva propia en el Atlántico Sur, la Argentina podría haber programado ejercicios militares combinados con países que respaldan históricamente la causa Malvinas, empleando de manera efectiva en esos adiestramientos los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. Ello permitiría comprobar si existen o no restricciones geopolíticas impuestas por potencias occidentales a dicho equipamiento.
Nada de eso requería tocar una sola coma de la Ley de Defensa Nacional, de la Ley de Seguridad Interior o de la Ley de Inteligencia Nacional. Hubiera bastado con un proyecto acotado al Título I de esta iniciativa: profundizar la línea de la Ley 26.659 del año 2011, ampliar su alcance a todo tipo de recursos naturales, endurecer las sanciones contra quienes operan de manera ilegítima y dotar al Estado de herramientas procesales eficaces. Un proyecto así habría concitado, posiblemente, un consenso parlamentario amplio.
La causa Malvinas es demasiado importante como para permitir que sea usada como cobertura emotiva de un proyecto que, leído en su totalidad, tiene mucho más que ver con una exacerbada concentración de poder que con la recuperación de un territorio ocupado.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
