El fenómeno de ‘El Niño’ deja en evidencia la segregación y las brechas en el Gran Santiago de Chile | América Futura

El fenómeno de ‘El Niño’ deja en evidencia la segregación y las brechas en el Gran Santiago de Chile | América Futura


EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Cuando Aurelia Solorza Rojas vio que el agua comenzaba a entrar a su dormitorio, sintió pánico. La mujer de 82 años, aquejada por múltiples enfermedades y con movilidad reducida, estaba sola durante la noche del 15 al 16 de julio, la jornada en la que se registró uno de los peores temporales de los últimos inviernos en Chile. El sistema frontal llegó acompañado de un potente río atmosférico, lo que provocó fuertes vientos y acumulaciones históricas de agua. Su vivienda, en la comuna periférica de Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago, no resistió los estragos: parte del cielorraso se cayó, el agua se filtró por las principales habitaciones y, en pocas horas, quedó completamente anegada.

“Estaba desesperada sacando el agua que me llegaba hasta las rodillas. Me da pena recordarlo. Porque es triste estar sola e inundada”, dice Solorza conteniendo el llanto. Sus piernas aún tienen los hematomas provocados por los golpes del techo que le cayó encima y por el exceso de frío que debió soportar. Pero su caso no fue el único. A los pocos días, el Gobierno declaró el estado de catástrofe, con 13 muertos y más de 3.500 damnificados. Solo en la comuna de Puente Alto se registraron al menos 430 viviendas dañadas.

Aunque las lluvias, calificadas como históricas por los expertos, se intensificaron por causa del fenómeno El Niño, lo cierto es que este tipo de eventos se puede repetir con mayor frecuencia como consecuencia del cambio climático. En este caso, el sistema frontal que comenzó el 14 de julio se mantuvo de forma intermitente en 10 regiones del país y provocó desbordes de ríos, calles anegadas, aluviones, cortes de energía eléctrica y del suministro de agua potable.

Pero la manera en que los habitantes de la capital chilena enfrentan los sucesos meteorológicos depende de las condiciones habitacionales y territoriales con las que cuentan, lo que abre una gran brecha entre las comunas según su nivel de ingreso. De acuerdo a un análisis realizado por Corporación Ciudades, el 71% de los habitantes del Gran Santiago vive en comunas con alta susceptibilidad territorial a inundaciones.

También juega un rol lo que se conoce como pobreza energética. Roxana Borquez, académica de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (Cr2), lo describe como “el acceso no equitativo de los hogares a los servicios energéticos de alta calidad para poder cubrir las necesidades básicas y fundamentales, y así poder sostener un mínimo desarrollo humano y económico de sus miembros”. Pero en el área metropolitana de Santiago, no solo se trata de esta situación particular, sino que se combina con “una pobreza energética territorial”.

Hay zonas donde estas situaciones se intensifican: puede haber una vivienda con paneles, con una construcción eficiente y en condiciones muy buenas, pero si está en un territorio en donde la pobreza energética es deficiente, igual se va a quedar sin energía.

Desigualdad territorial

El territorio es determinante. No es casualidad la afectación que sufrió la vivienda de Solorza Rojas, ubicada en una zona con altos niveles de vulnerabilidad social, urbana y económica. Es, además, la comuna más poblada del país, con 568.086 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

“Hay que entender que en estos procesos de eventos climáticos ya no es mala suerte el que justo un territorio se vea más afectado. Ya es un tema de desigualdad territorial”, dice Borquez, también parte de la Red de Pobreza Energética (RedPE). “Vemos sectores en el área oriente de Santiago cuyas condiciones de base estructurales son mucho mejores y por eso son redes mucho más robustas: permiten circunstancias más convenientes para sus ciudadanos”.

La investigadora entrega un dato clave: en Chile más del 20 % de la población siente frío en invierno por una cuestión económica, pues debe decidir entre prender la estufa o comer. “Es una situación bien dramática. Si vemos las cifras económicas, claramente se intensifican en los lugares donde a las personas les cuesta más llegar a fin de mes. A eso se suma una condición de construcción de viviendas mucho más precaria”, subraya.

Según la RedPE, la norma en Chile que mejora el acondicionamiento de las viviendas se publicó en 2001. Lo que busca es que los materiales de construcción no solo sean más resistentes, sino que ayuden a mantener las temperaturas ideales: más frescas en verano y más calientes en invierno. Aunque empezó a regir paulatinamente desde ese mismo año, en 2007 la actualizaron porque no era suficiente. Esto, sin embargo, significa que las viviendas construidas antes a ese período no tienen las condiciones físicas que permitan un confort térmico. De hecho, es el caso de un 60 % de las viviendas del país.

“Los eventos extremos finalmente ocurren en todo el territorio, pero no todos respondemos de la misma forma”, dice Borquez. “Justamente por esa vulnerabilidad, capacidad de respuesta y adaptación que tenga el sistema es donde se juegan las grandes diferencias que existen entre el sector oriente y el sector poniente de la capital”.

Otro análisis realizado por Corporación Ciudades sobre la cercanía de las personas y los equipamientos a puntos críticos por lluvias en el Gran Santiago concluyó que aproximadamente el 20 % de la población general se encuentra a menos de 100 metros de estos puntos, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores.

Aunque esa misma noche los equipos de emergencia de la municipalidad llegaron a auxiliar a Solorza Rojas, ella cuenta con angustia que pasó más de una semana con la estufa a gas encendida tratando de secar una de las habitaciones. La inundación repercutió en su calidad de vida en todas las dimensiones y afectó aún más su delicada salud.

Solorza, madre de seis hijos, abuela y viuda, recibe una baja pensión del Estado, por lo que el apoyo de los servicios sociales del municipio ha sido fundamental. De otro modo, le sería imposible costear los gastos que conlleva arreglar el techo, cambiar el piso y reemplazar su cama y otros muebles que se vieron completamente afectados.

“El alcalde [Matías Toledo] vino de madrugada personalmente a sacar el agua. Y dijo que me iba a ayudar y cumplió”, cuenta mientras repasa en su celular los registros de ese día en que por primera vez, en 50 años, su vivienda no resistió la lluvia. Además, el municipio puso a disposición albergues y refugios para recibir a al menos 150 personas afectadas por el temporal y que no pudieron pasar la noche en sus hogares.

Deuda en adaptación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija entre 18 y 23 °C el umbral de confort térmico mínimo recomendado en interiores durante el invierno para proteger la salud de la población, lo cual constituye la base para prevenir problemas respiratorios y cardiovasculares. Sin embargo, un poco más de un tercio de los hogares en zonas urbanas de Chile se encuentra en situación de pobreza energética, según cálculos de RedPE.

“Tenemos muy buena capacidad de respuesta, pero no tenemos ninguna capacidad de adaptación. No estamos aprendiendo nada de lo que nos deja la memoria de esos procesos pasados”, dice. La investigadora hace énfasis en que las viviendas más afectadas son donde viven adultos mayores como Solorza Rojas.

Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, coincide en que se necesita decisión, voluntad política e inversión. “No es posible pensar que nuestros centros de salud estén anegados o actualmente sean puntos críticos. Los centros de salud tienen que estar justamente en aquellos momentos en que más los necesitamos. Entonces creo que partir por esos lugares me parece que es prioritario. También pensaría en los colegios. Los niños no pueden quedarse sin colegio”.

En Chile, cerca del 37% de los municipios no cuenta con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRDD) formalizado o tramitado ante el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). “Es una cuestión obligatoria en lugares tremendamente susceptibles. Pero no tienen estos planes y eso quiere decir que no tienen claro cuál es el diagnóstico con respecto a su vulnerabilidad”, sostiene Andrade sobre la importancia de prevenir escenarios como los que el país ha tenido que enfrentar frente a este fenómeno climático.