La Sección Quinta del Consejo de Estado ha suspendido este miércoles el debatido decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro ha convocado a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. Al admitir una de decenas de demandas contra la norma, encontró que el decreto “fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado de la República, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución“, que exige ese aval como requisito para llamar a los ciudadanos a las urnas. Con ello le da la razón a los críticos del Ejecutivo, quienes han argumentado que el presidente se extralimitó en sus funciones con dicho decreto, al pasar por encima del Legislativo, después de que el Senado consideró y votó negativamente en mayo la iniciativa de Petro para una consulta popular.
El Consejo de Estado anunció la decisión en un corto comunicado que compartió en sus redes sociales. Si bien había un debate sobre si este tribunal o la Corte Constitucional son los competentes para decidir el futuro del decreto, el comunicado informa que “la Sección Quinta es competente para adelantar el trámite del medio de control de nulidad”. Con ello se adelanta a cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional, que también ha recibido varias demandas contra el mismo decreto, pero cuyos tiempos suelen ser más lentos.
La demanda a la que respondió el Consejo de Estado fue interpuesta por varios senadores opositores (de los partidos Conservador, Colombia Justa Libres y Cambio Radical), y entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien Petro acusó varias veces de hacer fraude y viciar la votación de la consulta popular en el legislativo el pasado mes de mayo. Por esas irregularidades, argumentaba el presidente, tenía derecho al decreto. El Consejo de Estado no concuerda con el jefe de Estado.
Un día antes de este comunicado, el registrador de Colombia, Hernán Penagos, decía que precisamente le parecía clave esperar un pronunciamiento de los tribunales antes de llamar a dichas elecciones para la consulta que quiere el presidente en agosto. Recordó que solo el Consejo de Estado ha recibido 10 acciones de nulidad simple contra el decreto, 34 denulidad por inconstitucionalidad y 97 acciones de tutela. La Corte Constitucional, por su parte, ha recibido 11 demandas de inconstitucionalidad.
El presidente Petro inmediatamente acusó al registrador de “sedición” y de hacer un “golpe institucional”. Pero en la noche del martes, poco después de la rueda del registrador, el Senado aprobó su reforma laboral—que el presidente supuestamente quería salvar con el recurso de la consulta popular, convocando a los ciudadanos a una docena de preguntas en temas laborales y sanitarios. Si se concilia ese texto del Senado con el de la Cámara de Representantes pronto, dijo Petro en la noche, él está dispuesto a derogar el decreto y firmar la reforma laboral aprobada por el legislativo. Pero mientras que eso no se concrete, el decreto sigue en marcha, anunció el presidente, amenazando con demandas al registrador.
“Pasó lo obvio en un estado social de derecho: Suspendido el decretazo”, reaccionó en redes sociales la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, quien estuvo liderando de la ponencia que se aprobó en el Senado. El presidente le hizo caso a Montealegre y usurparon funciones exclusivas de la justicia“, añadió.
El presidente, por su lado, no considera que la discusión jurídica tenga el foco en el lugar indicado. “Ni el consejo de estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fué a la Corte Constitucional”, dijo el presidente al conocer la noticia, desconociendo la competencia que alega el Consejo de Estado. “Pero ya la discusión no es jurídica. El congreso tiene su última palabra, después de llegados al resultado final”, en referencia a la conciliación.
La noticia del Consejo de Estado es una derrota al nuevo ministro de Justicia, el exfiscal Eduardo Montealegre, quien llegó a esa cartera con la bandera de defender el decreto de Petro ante los varios juristas que lo señalaban de anticonstitucional. La oposición política celebró inmediatamente la decisión del tribunal. “Confirma que nuestras instituciones no están al servicio de intereses gobiernistas, sino del respeto al orden constitucional”, dijo el senador conservador Mauricio Giraldo, quien con otros 11 congresistas conservadores demandó el decreto. La senadora María Fernanda Cabal, del partido de derechas Centro Democrático, también recordó que ella estuvo entre quienes interpusieron una acción de nulidad. “Extraordinaria noticia. Es deber de las altas Cortes Consejo de Estado y Corte Constitucional defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro”, dijo en redes.
