Hace dos años, en Bogotá, líderes y movimientos progresistas del continente se reunieron para dialogar sobre paz y democracia. Allí, con el impulso del entonces presidente Petro y otros políticos de izquierdas, se fundó el Congreso Panamericano como un encuentro anual de la izquierda regional. La siguiente edición fue en México y la de este año se realizará en Uruguay desde el próximo viernes 21 de agosto. Pero en esta ocasión, en el evento habrá una llamativa silla vacía: la de Gustavo Petro, que, según fuentes de la organización del evento, no podrá asistir como consecuencia de su inclusión hace poco menos de un año en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto con su esposa, su hijo mayor y su ministro del Interior. Quienes están en la lista son señalados de estar ligados al narcotráfico, sin un juicio previo que deba demostrarlo. De acuerdo con la fuente del evento, que pidió reserva, no invitarlo es una medida preventiva para no ser sancionados a su vez por pagarle al expresidente un tiquete de avión o una noche de hotel.
Hace apenas una semana, Petro solicitó al Senado colombiano autorización para viajar fuera del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, y la solicitud fue autorizada por el legislativo. Una de sus paradas esperadas era el foro en Montevideo en el que tiene un papel relevante. “Él, como primer anfitrión del Congreso Panamericano y líder reconocido por su visión y solidaridad internacional, debería estar en la tercera edición en Montevideo, liderando deliberaciones con respecto a temas como paz e integración regional. Pero cruelmente las sanciones injustificadas impuestas por Estados Unidos nos ponen en una situación muy compleja”, dice una fuente del Congreso.
De acuerdo con información conocida por EL PAÍS, los abogados del evento aconsejaron pausar los trámites logísticos para la llegada del exjefe de Estado evitando así posibles sanciones al resto de la comitiva. Ese consejo se basa en disposiciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se pueden leer en el comunicado oficial sobre la inclusión de Gustavo Petro. “Instituciones financieras y otras personas corren el riesgo de verse expuestas a sanciones por realizar determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, dice el documento
La decisión de los organizadores tiene principalmente una motivación preventiva, pues, según alega la fuente citada anteriormente, ““la sanción es muy ambigua, pero puede usarse de forma muy amplia”, lo que dificulta que los organizadores del evento tengan claro hasta qué punto es seguro para ellos avanzar en acciones básicas de logística, tales como comprar tiquetes, reservar hoteles o permitirle una plataforma de tal nivel. “Las sanciones terminan siendo una herramienta para desarticular y desunificar a las fuerzas progresistas del continente y la exclusión impuesta por las sanciones de Estados Unidos sirve para aislarlo [a Gustavo Petro]”, sostiene uno de los invitados, quien también pidió reserva para evitar cualquier sanción.
Algunos meses antes de terminar su mandato, Petro aseguró que en una llamada con su homólogo, Donald Trump, le había solicitado excluirlo de la también conocida como Lista Clinton, y que se había abierto una posibilidad. Incluso intentó viajar a Washington la última semana de Gobierno para presionar por su salida de la lista. Pero hasta ahora esa salida no se ha materializado y, por el contrario, sin la inmunidad diplomática que le daba la presidencia, la sanción cada día le genera aún más problemas.
De acuerdo con Gimena Sánchez de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), el temor tiene asidero. “Ningún estadounidense, sea un individuo o una compañía, puede realizar compras, pagos o ventas o tener tratos comerciales con las personas en la lista. Hay niveles de restricción— uno es el bloqueo total, otro es sectorial y otro solo involucra las cuentas. Creo que él tiene el nivel de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, el más fuerte, que incluye todo lo anterior. Entonces, sí es posible que intercambiar una cena con la persona sea problemático”, explica.
EL PAÍS contactó al abogado del expresidente Petro, Dan Novalik, y dijo no tener conocimiento acerca del viaje a Montevideo, pero añadió que en abril presentó una solicitud de exclusión de la lista ante el Departamento del Tesoro, y la han complementado con más información en varias ocasiones desde ese momento. “Esperamos que, a la luz de lo que hemos facilitado, lo excluyan de la lista a él y a su familia”, sostuvo Novalik.
