Nancy Godoy (52) había empezado a tomar distancia de los peones de la estancia cercana a la escuela donde trabajaba. Según el abogado de su familia, Gustavo Briend, les había contado a sus hijos que se sentía observada y esa situación le generaba desconfianza. Para entonces, la docente también había dejado una advertencia formal ante las autoridades educativas: el establecimiento estaba deteriorado y faltaba documentación básica sobre su funcionamiento.
Briend explicó este sábado a Cadena 3 que Nancy conocía a los hombres investigados porque trabajaban en El Curupí. Sin embargo, el vínculo más cercano lo había establecido con Rosa Leguizamón, quien la ayudaba a trasladarse a caballo y también está detenida. “Era con quien tenía mayor afinidad y empatía”, sostuvo. La querella sospecha que alguien de su confianza pudo haberla llevado engañada al lugar del ataque, una reconstrucción que todavía debe contrastarse con las pruebas.
La denuncia sobre la escuela tiene un recorrido documental propio. El 28 de agosto, la abogada Keila Denis presentó ante el Consejo General de Educación una nota acompañada por un acta manuscrita de Godoy. La documentación, difundida por el sindicato docente SUTECO, quedó identificada como expediente 1-14468/26.
Nancy había asumido como directora suplente de la Escuela 626, en el paraje El Malezal, una zona rural del departamento correntino de Esquina. La presentación describía un establecimiento sin agua potable ni electricidad, con mobiliario insuficiente, aberturas inseguras, suciedad y presencia de roedores y otras alimañas.
El escrito también advertía sobre la ausencia de libros institucionales básicos, incluidos registros de actas y asistencia. Ese punto planteaba un problema que excedía las condiciones del edificio: faltaban herramientas para reconstruir cómo había funcionado la escuela y controlar la actividad de quienes estaban a cargo.
Por eso, la presentación no se limitó a solicitar reparaciones. Requirió información sobre la matrícula oficial, el período de funcionamiento del establecimiento y los registros de asistencia y licencias del personal directivo. También pidió conocer las visitas de supervisión y los antecedentes administrativos.
La abogada reclamó una inspección presencial que permitiera constatar las condiciones de higiene, salubridad, seguridad e infraestructura. Solicitó, además, medidas de control de plagas y la reparación o reposición del mobiliario y del material educativo. La existencia del expediente permite establecer que las advertencias fueron formalizadas, aunque sus señalamientos no constituyen por sí mismos una comprobación de responsabilidades administrativas.
Después del hallazgo del cuerpo, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, confirmó que pidió informes a la supervisora y al director anterior. Según informó el diario El Litoral, les otorgó 72 horas para presentar explicaciones y documentación sobre sus actuaciones. La funcionaria también sostuvo que Nancy mantenía contacto con el responsable de mantenimiento y que la última comunicación registrada fue el 6 de octubre, cuando coordinaban posibles arreglos.
Respecto a la investigación penal, Briend afirmó que las extracciones forenses de los celulares secuestrados ya fueron realizadas, pero sus resultados todavía deben incorporarse legalmente al expediente. Estimó que ese paso se concretará la próxima semana y podría aportar información sobre las comunicaciones y los vínculos entre los investigados.
Godoy tenía 52 años. Su último contacto familiar conocido fue el 7 de octubre y sus restos fueron encontrados el 28. Por el caso hay cinco detenidos.
