En una fotografía de hace tres años, Jessica Tavares, una ciudadana estadounidense de 31 años de Massachusetts, posa vestida de blanco junto a su futuro esposo, un migrante brasileño. Todo indica que acaban de firmar el acta de matrimonio y a Tavares se le ve sonriente. En otra imagen de 2024, Erica Daniels, de 29 años, también de Massachusetts, intercambia anillos nupciales con otro migrante brasileño. Para esos días en que los declararon marido y mujer ante la ley de Estados Unidos, ninguno sospechaba que iban a ser delatados como los protagonistas de una red multimillonaria de fraude matrimonial que la Administración de Donald Trump asegura haber desmantelado.
Este miércoles, el Departamento de Justicia anunció que seis personas fueron detenidas y acusadas de organizar estos matrimonios que permitieron que muchos indocumentados se hicieran residentes legales y posteriormente ciudadanos estadounidenses, por pagos de entre 38.000 y 40.000 dólares por cada unión nupcial.
Según el Gobierno, por más de una década, Jennifer González, de 43 años, fue la cabecilla de un negocio que organizó cientos de matrimonios fraudulentos en Massachusetts, un Estado demócrata que, según la propia González, es un lugar “santuario”, donde “se recibe mucha ayuda como inmigrante”, y, por tanto, a Trump “no le gusta”. “Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho”, se le oyó decir a un cliente en una grabación utilizada en la investigación.
Un testigo colaborador que se hizo pasar por cliente declaró a las autoridades que González decía que su objetivo era que “alcanzaran el sueño americano”. No obstante, la fiscal federal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley, declaró en una conferencia de prensa en Boston este jueves que esperaba que los acusados y “otros como ellos” entiendan que el sueño americano “no está a la venta”.
“Se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables”, sostuvo Foley.
El negocio funcionaba así: González entrenaba a sus clientes para que simularan tener un matrimonio con algunos de los ciudadanos, quienes incluso se casaron más de una vez. Les pedía contratar seguros de vida juntos, abrir cuentas bancarias, tomarse selfies como si fueran una pareja cualquiera y elaborar un registro que probara los vínculos de una vida compartida para luego presentarlo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
En un plazo de entre tres y cuatro meses, González y su equipo preparaban la documentación y los clientes debían firmar contratos de pagos por los servicios. En videos y audios obtenidos por las autoridades, se muestra cómo ella cobraba un pago inicial de 3.000 dólares en efectivo, y los clientes debían abonar pagos mensuales de 500 dólares a su supuesto cónyuge.
En unos 12 años, González celebró entre 18 y 20 matrimonios al año, con lo que generó unos 6 millones de dólares en ganancias que invirtió en la compra de negocios y bienes raíces en la República Dominicana.
De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades encontraron que varios de los acusados, sin embargo, declararon que no estaban casados para beneficiarse del programa SNAP de Massachusetts, destinado al apoyo a familias de bajos ingresos. González habría gastado más de 120.000 dólares que recibió de este programa.
“La supuesta conducta revelada hoy aquí debe ser una afrenta para quienes respetan las reglas”, declaró Foley. “Ver un negocio con fines de lucro cuyo único propósito es ayudar a la gente a hacer trampa y saltarse la fila simplemente pagando debe ser sumamente ofensivo y desalentador para quienes cumplen con las leyes de nuestro país”.
Aunque por años González acaparó cientos de miles en un negocio que hasta ahora parecía redondo, en los últimos tiempos también empezó a sospechar del riesgo que corría bajo una Administración enfocada en deportar la mayor cantidad de migrantes posibles. En agosto se conoció el desmantelamiento de otra red de 11 personas que por una década se dedicó a falsificar matrimonios entre migrantes chinos y ciudadanos estadounidenses. Era un aviso: la empresa de González peligraba.
En las grabaciones de apoyo a la investigación, la mujer reconoce que desde que Trump volvió a la Casa Blanca, “las leyes y los procedimientos de inmigración son más estrictos”. “Estamos en un nuevo gobierno, las cosas son un poco más difíciles”, aseguró a un cliente.
Aunque todavía la investigación se mantiene en curso, los cargos contra estas seis personas de Massachusetts por albergar inmigrantes indocumentados y conspiración para cometer el mismo delito podrían conllevar una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 250.000 dólares cada uno. Por otra parte, los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometer el mismo delito implican una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 250.000 dólares cada uno.
