El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó un operativo de desalojo en un inmueble de ocho pisos y 32 departamentos, ubicado a pocos metros de la estación Núñez del ferrocarril Mitre, el cual acumulaba 30 años de ocupación ilegal. A cuatro cuadras de la avenida Del Libertador, el edificio ubicado en Manuela Pedraza 1875 no contaba con luz ni gas, con graves fallas estructurales, acumulación masiva de chatarra y basura, e incendios intencionales previos que no terminaron en tragedia por milagro.
Se concretó como parte de una causa judicial iniciada a partir de denuncias de vecinos, que habían advertido sobre la situación del edificio y su impacto en la zona.
A cargo del operativo estuvieron la Policía de la Ciudad y distintos organismos porteños, entre ellos la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Emergencias, la Red de Atención, la Guardia de Auxilio y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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En tanto a lo que informó la administración porteña, al ingresar al inmueble los equipos encontraron que más de 100 personas vivían allí. La Ciudad señaló que una parte importante de los ocupantes era de origen peruano, boliviano y paraguayo. El edificio tampoco contaba con servicios básicos de electricidad y gas desde hacía décadas.
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En abril de este año, una inspección de la Ciudad había constatado que el inmueble se encontraba en “pésimas condiciones estructurales”. Los vecinos también denunciaron antecedentes de incendios dentro de la propiedad. Señalaron que incluso se habían producido episodios que pudieron haber terminado con víctimas.
Siguiente a esto, en junio de 2026, vecinos de Manuela Pedraza 1875 habían presentado ante la Legislatura porteña un pedido de información por la situación habitacional del inmueble. En esa presentación aseguraron que allí vivían más de 40 familias, algunas desde hacía más de 20 años, y solicitaron conocer qué medidas se tomarían respecto de las condiciones de habitabilidad y los servicios básicos.
La política de desalojos de Jorge Macri
El operativo en Núñez forma parte de una política que la administración del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta como uno de sus ejes en materia de seguridad y recuperación de propiedades ocupadas.
Según cifras oficiales, desde diciembre de 2023 fueron restituidas a sus propietarios 937 propiedades, con un valor estimado en unos US$500 millones. Los barrios donde se realizaron más procedimientos son Constitución, Balvanera (especialmente la zona de Once), San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo.
Aunque el dato supone un promedio de aproximadamente 312 propiedades recuperadas por año desde el comienzo de la actual gestión, la cifra oficial corresponde al acumulado informado por la Ciudad.
Para el jefe de Gobierno: “No cambiaron las leyes ni los jueces, cambió la decisión política y la confianza de la gente en nosotros. En la Ciudad, la ley se cumple”.
En sus redes sociales, el jefe de Gobierno resumió el operativo con una definición política: “Este edificio estuvo usurpado durante 30 años en pleno Núñez. Los vecinos denunciaban violencia. Lo recuperamos y le devolvimos la tranquilidad al barrio. Ley y orden”.
La Ciudad, además, sostiene que en los barrios donde realizó desalojos bajaron los índices delictivos.
MV
