Pablo Ortiz no regresará al Concejo Deliberante de Alta Gracia y continuará de licencia sin goce de sueldo hasta que la Justicia avance en la causa que lo tiene como imputado por abuso sexual. La decisión, presentada por el propio dirigente como una determinación personal tomada “con responsabilidad institucional”, respondió en los hechos a una definición ajena: la conducción del oficialismo local, encabezada por los hermanos Facundo y Marcos Torres, descartó esa vuelta apenas conoció la intención de Ortiz de retomar la banca.
El anuncio llegó acompañado de la renuncia de Ortiz a la vicepresidencia de Cormecor, cargo que ocupaba desde abril de 2024 y que había motivado su licencia legislativa. La nota de dimisión, dirigida al intendente de la ciudad de Córdoba y presidente de la corporación, Daniel Passerini, invocó “motivos estrictamente personales” y llegó apenas horas después de conocerse las imputaciones de la Fiscalía de Alta Gracia.
La reconstrucción de lo ocurrido puertas adentro del bloque oficialista muestra una definición tomada con una velocidad inusual. Ortiz difundió su comunicado un sábado, apenas dos días antes de la imputación, y en la práctica esa intención nunca llegó a discutirse de manera orgánica dentro de Hacemos Unidos: no hubo pedido formal de sostén ni instancia de debate interno. La decisión de los Torres circuló puertas adentro del bloque como un hecho consumado antes de que la oposición pudiera siquiera avanzar con una moción de rechazo.
El desgaste acumulado por la gestión explica en parte esa premura. Semanas antes del escándalo de Ortiz, el entonces subsecretario de Educación de la Municipalidad, Rodrigo Martínez, había debido renunciar tras una denuncia de acoso, un antecedente que dejó al oficialismo local sin margen político para sumar un nuevo frente de conflicto. Un dirigente con banca en el Concejo lo resumió en una frase que sintetiza el clima de la interna: “La sociedad hoy se está encargando de hacer esta justicia propia“, contó a PERFIL CÓRDOBA.
Del otro lado del mostrador, una fuente con peso dentro del bloque de Hacemos Unidos justificó la premura del veto con un argumento centrado en los costos políticos acumulados: “No teníamos margen para avanzar ante este tipo de situaciones“. La frase condensa el diagnóstico que primó dentro de la conducción local: sostener a Ortiz hubiera implicado exponer al oficialismo a una nueva ola de cuestionamientos en momentos en que la gestión ya acumulaba varios frentes abiertos.
El affaire de Alta Gracia no puede leerse de manera aislada. En las últimas semanas, la política cordobesa quedó atravesada por otros dos episodios que reinstalaron el debate sobre protección de estructuras y responsabilidad política ante denuncias de violencia de género.
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El legislador Ernesto “Cañito” Flores debió afrontar el escándalo derivado de la detención de su asesor José Villarreal en Río Seco, mientras la Legislatura provincial procesó la detención de Omar Ludueña, histórico asesor de planta permanente vinculado al bloque de la Unión Cívica Radical y al entorno de Alejandra Ferrero y Rodrigo de Loredo. Que los tres casos alcancen tanto al peronismo gobernante como a un sector de la oposición con aspiraciones para 2027 explic a, en parte, la cautela con la que ambos espacios evitaron cruzarse públicamente por el tema.
Esa cautela cruzada aparece como una de las claves para entender el silencio de De Loredo y Ferrero frente al caso Ortiz. La ausencia de declaraciones desde la Legislatura, en momentos en que el propio radicalismo todavía daba explicaciones por la situación de Ludueña, evitó un cruce que corría el riesgo de leerse como un búmeran hacia el propio bloque opositor.
El escándalo también permitió reponer una lectura sobre el verdadero mapa de pertenencias de Ortiz dentro del armado provincial. Pese a la asociación pública con el torrismo, su trayectoria remite a otro origen: milita desde hace años en el espacio de Martín Llaryora, a quien acompañó incluso en la interna de 2019 frente al propio Marcos Torres, y su desembarco en Cormecor pareció responder más a una estrategia para despejarlo de la escena municipal que a un premio de la conducción local.
Esa distancia real con el círculo íntimo de los Torres facilitó, según pudo reconstruirse, que la resolución del conflicto se procesara con rapidez y sin fracturas visibles dentro del bloque.
