“Va a salir a saludar, así que vengan a darle amor”, anticipó Mayra Mendoza desde la vereda de San José 1111. Frente a la prensa y a los grupos de militantes que comenzaban a poblar la esquina, la intendenta de Quilmes confirmó la noticia que todos esperaban: Cristina iba a salir al balcón. El día después de la marcha del millón —como la nombran sus organizadores—, Cristina Fernández de Kirchner abrió los ventanales de su casa en Constitución. Salió. Saludó. Agradeció. Se la vio visiblemente emocionada. Luego, volvió a entrar. Una intervención artística de mujeres que llevaban tobilleras hechas con flores marcó la antesala. La postal fue posible tras una aclaración judicial: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 confirmó que no existe ninguna restricción para que utilice ese espacio. La resolución llegó tras una presentación de su defensa y se conoció el mismo día en que le colocaron la tobillera electrónica. La vuelta al balcón, aunque fugaz, es un gesto político en tiempos donde cada aparición se convierte en mensaje. Este viernes, día de la bandera, habrá un banderazo bajo la consigna “Argentina con Cristina”.
La expectativa por ver salir a la expresidenta se acumuló durante toda la jornada y creció tras la confirmación de que el tribunal no había vedado “el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”. La esquina de San José y Humberto Primo, que había amanecido por primera vez con poca gente desde la confirmación de la condena, volvió a poblarse con el correr de las horas. “Por suerte la pude ver antes de volverme”, dijo a este diario una mujer que viajó desde Puerto Madryn especialmente para participar de la movilización a Plaza de Mayo. “Cristina es inocente y la tobillera nos la ponemos todas, es un certificado de dignidad”, dijo una de las jóvenes que participó de la intervención artística que finalizó con la canción Fanático, de Lali. Ayer, la expresidenta dijo a la multitud que la escuchaba en Plaza de Mayo: “Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque no las podría regar”. Inmediatamente después, la esquina se llenó de macetas para regalarle a la exmandataria.
Sin embargo, la habilitación del balcón no llegó sola. La Justicia también ordenó, con una celeridad poco habitual, la colocación de una tobillera electrónica, una medida que la defensa de la expresidenta considera arbitraria y que ya anunció que apelará. “Creemos que la tobillera es una imposición que no corresponde, es innecesaria y la vamos a recurrir”, adelantó su abogado, Carlos Beraldi.
En un sistema que actualmente tiene alrededor de 5.000 personas bajo monitoreo electrónico, la rapidez con la que se ejecutó la disposición llama la atención. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica —encargada de administrar el sistema— suele advertir sobre la limitada disponibilidad de dispositivos y los tiempos administrativos que implica su asignación: verificación del domicilio, informe socioambiental, resolución judicial y posterior implementación. En este caso, el procedimiento se resolvió en tiempo récord; una tarde. El Servicio Penitenciario Federal, organismo a cargo de la colocación y el monitoreo de los dispositivos, depende del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, lo que alimenta las sospechas del componente disciplinador.
Además, Beraldi anticipó que también buscarán dejar sin efecto la obligación de presentar una lista con los nombres y DNI de quienes visiten a la expresidenta en su domicilio. Durante la jornada, Cristina estuvo acompañada por Beraldi; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; su hijo, Máximo Kirchner; y la intendenta Mayra Mendoza.
Respecto a las restricciones, Beraldi fue claro desde temprano: “Lo que dispone un arresto domiciliario es, básicamente, que no pueda salir del domicilio. Todas las demás cuestiones que tienen que ver con su vida social y su actividad política no están restringidas, así que esperamos que continúen de la misma manera. El tribunal no le ha impuesto ninguna limitación a su actividad política”.
En efecto, restringir las visitas a CFK es una forma solapada de proscribir su actividad política en un momento clave, cuando el peronismo intenta reordenarse tras la masiva movilización a Plaza de Mayo. “Esto fue un punto de partida que ahora tiene que ser ordenado y conducido”, repiten quienes participaron del armado de la marcha. La presencia constante de actores políticos en San José 1111 no solo refuerza su centralidad, sino que irrita al gobierno, hoy preocupado por no poder recuperar el control de la agenda pública. “La marcha de ayer la vi como un partido homenaje”, dijo Javier Milei en diálogo con Trebucq. “Fue como cuando se retira un jugador de fútbol”.
Por caso, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya confirmó que visitará a la expresidenta en los primeros días de julio. En un podcast reciente, Lula contó detalles de su charla telefónica: “Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que fuéramos presidentes. Se debe a que soy una persona y vos sos una persona”, dijo con su voz ronca.
Impedir esas reuniones es, en los hechos, una forma de obstaculizar su rol como articuladora en un escenario donde dirigentes alejados de la conducción del peronismo —como Guillermo Moreno, Alejandro “Topo” Rodríguez o el gobernador Ricardo Quintela— abogan por ampliar y participar, y en el que el PJ vuelve a mostrar músculo para convocar e interpelar incluso sin los dispositivos clásicos como la CGT.
Sobre el futuro del peronismo, Máximo Kirchner dijo en diálogo con Radio con Vos: “Yo al peronismo me lo quiero imaginar en una coalición que promueve y potencie las virtudes de mi pueblo. No anti Milei, o anti Macri. Ya venimos de esas experiencias. La experiencia anti Macri no nos terminó saliendo bien, y es bastante mediocre ponerse en el anti algo. Creo que las expectativas que tenemos como país no tienen que ser que estamos anti algo”.
La agenda a mediano plazo
“Ella está recontra bien, así como la ves en el balcón”, cuenta una de las visitas frecuentes a su casa. Durante la jornada de ayer se analizó la estrategia en el plano internacional: cuál es el mejor ámbito para presentar la denuncia por proscripción y persecución política. Las opciones sobre la mesa son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI).
En el plano local, Página/12 consultó sobre la figura de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos: una exigencia explícita del Fondo Monetario Internacional que el gobierno de Eduardo Duhalde incorporó al Código Penal en 2002, luego de su tratamiento legislativo. Esa norma, hoy vigente, podría ser derogada por vía parlamentaria. El tema aún no está instalado de forma abierta en el bloque de Unión por la Patria, pero ya hay conversaciones subterráneas. “Hay que estudiarlo”, reconoce una fuente consultada. “Hay mucho acompañamiento político que creo que podría ayudar a poner algún tipo de limitación vía Congreso, pero es una agenda a mediano plazo”, explicó. “Hay mil ideas, pero todavía muy sueltas. No es que haya una cosa coordinada”, reconoció una diputada del bloque. En el Senado, la agenda se reactivará recién la semana próxima.
