El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, denunció en el seno de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la preocupación de su país por la presencia militar rusa y “de organizaciones terroristas” en Nicaragua, el vecino incómodo del norte, donde gobiernan con mano dura Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aparte de los rusos que llevan años asentados con la venia del régimen copresidencial, lo que sorprendió fue la denuncia sobre elementos de grupos de Hamás y Hezbolá.
“Justo el día de ayer [por el lunes] varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”, dijo Tovar, en referencia a la captura en San José de un hombre palestino de apellido Abuawad. Si bien el hombre no cuenta con alertas internacionales, “el intercambio de la información recopilada y la investigación realizada por la DIS [Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional] permitió ubicar y capturar a esta persona”, informó Migración costarricense en un comunicado. “La persona fue trasladada al Centro de Aprehensión Región Central, en Los Lagos de Heredia, con el fin de iniciar el proceso de deportación”.
Aparte de la denuncia hecha por Tovar, también criticó duramente al régimen Ortega-Murillo por la represión sostenida, en específico por la muerte bajo custodia estatal del preso político y líder indígena, Brooklyn Rivera. “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, sostuvo.
Las declaraciones de Tovar distan de la postura que ha mantenido la presidenta Laura Fernández sobre la dictadura Ortega-Murillo. La mandataria afirmó en una entrevista con NTN24 que los nicaragüenses “han elegido” su forma de gobierno y le acreditó al régimen una estabilidad económica que lo distingue de Cuba o Venezuela, declaraciones que le han significado una lluvia de críticas tanto de periodistas exiliados como de expresidentes costarricenses.
Pese a la postura conciliadora de la presidenta Fernández, Costa Rica parece estar enmendando el rumbo a través de su canciller. Tovar respaldó este martes el borrador de declaración sobre Nicaragua que se vota en la OEA, al que calificó como un instrumento que reafirma que la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales “continúan siendo pilares esenciales del sistema interamericano”. El canciller valoró que la Asamblea haya expresado preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra líderes religiosos en Nicaragua.
Presiones a la OEA para condena contra Ortega
La Secretaría General de la OEA emitió este martes su propia declaración sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la que reiteró que la detención de personas por motivos políticos “es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano” y que “en las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia”.
El organismo hemisférico reclamó la liberación incondicional de todas las personas presas por razones políticas en los tres países y reiteró su disposición a poner sus “buenos oficios” al servicio de procesos de apertura democrática, cuando los Estados lo soliciten.
Ese respaldo diplomático regional coincide con la propia ofensiva de incidencia que libra la oposición nicaragüense en los pasillos del Centro de Convenciones Atlapa, donde plataformas como la Alianza Cívica, UNAMOS y Unidad Nacional presionan a embajadores y diplomáticos para que la Asamblea vaya más allá de la condena humanitaria y declare ilegítimo al régimen Ortega-Murillo.
Es una demanda que ni el borrador de declaración sobre Nicaragua ni la declaración de la Secretaría General contemplan: ambos textos condenan las violaciones de derechos humanos, pero evitan pronunciarse sobre la legitimidad del régimen y, en el caso del borrador que se vota este miércoles, incluso invitan a Nicaragua a reincorporarse al sistema interamericano.
Esa cautela diplomática ocurre, además, en una OEA atravesada por su propia crisis interna, marcada por la salida en bloque de diplomáticos estadounidenses de alto nivel y la intención declarada de Washington de alejar al organismo de la agenda de derechos humanos para enfocarlo en asuntos económicos. En ese contexto de debilidad institucional, el respaldo retórico de cancillerías como la costarricense y el de la propia Secretaría General suman peso simbólico a la causa nicaragüense, pero también exponen los límites reales de lo que la OEA está dispuesta, o en condiciones, de exigirle a Ortega y Murillo.
Nicaragua formalizó su salida de la OEA en 2023, luego de que el régimen acusara al organismo de servir como instrumento de injerencia extranjera y de violar el principio de no intervención. Pese a su retiro, el país sigue ocupando un lugar central en la agenda del sistema interamericano, y el expediente nicaragüense ha sido objeto de sucesivas resoluciones y declaraciones, incluida la de 2021 que calificó sin legitimidad democrática las elecciones de ese año. El régimen copresidencial, además, confiscó el edificio que albergaba la sede de la organización en Managua.
