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En diciembre de 2025, el gobierno de Tierra del Fuego, Argentina, una provincia situada en el extremo sur de América del Sur, anunció que permitiría el regreso de la salmonicultura tras una prohibición de cuatro años. La ley que revocó esa prohibición se aprobó por un margen estrecho, con ocho votos a favor y siete en contra. Los detractores expresaron preocupación por el impacto ambiental de la cría de peces en jaulas marinas. Los defensores sostuvieron que las granjas de salmón serían sostenibles y atraerían empleo e inversión a la provincia, entre otros beneficios.

“La nueva ley posicionará a Tierra del Fuego como un polo acuícola competitivo, priorizando la producción para el consumo interno y fortaleciendo la soberanía alimentaria provincial”, señalaba el comunicado de prensa del gobierno provincial. Representantes de la industria de productos de mar celebraron la medida. “Hoy, la provincia finalmente dio un paso estratégico hacia su futuro”, afirmaba Lucas Maglio, gerente de la empresa procesadora Idris Patagonia, en una columna de opinión publicada dos días más tarde.

Había, sin embargo, un problema. “El argumento de venta de la industria acuícola es completamente erróneo”, afirmó Daniel Pauly, director del proyecto Sea Around Us de la Universidad de Columbia Británica. El producto de mar más producido en Chile, el salmón, se alimenta de las mismas especies de peces silvestres que la acuicultura afirma estar protegiendo, lo que en realidad acelera el agotamiento de los océanos en lugar de frenarlo, explicó.

Dos tercios de la acuicultura mundial cultivan especies que se alimentan con harina y aceite de pescado, ingredientes elaborados a partir de peces capturados en estado silvestre que luego se cocinan y se trituran. Antes de llegar al mercado, un salmón de criadero, por ejemplo, puede consumir en algunas granjas más de seis veces su propio peso en peces capturados en el medio natural.

Varios de estos costos quedaron expuestos gracias a una investigación de dos años realizada por The Outlaw Ocean Project, una organización periodística con sede en Washington D. C. Estos costos incluyen la pérdida de empleos en la pesca artesanal, la exposición crónica a sustancias químicas, muertes laborales evitables, protestas violentas, a menudo provocadas por el hedor insoportable de las fábricas de harina de pescado, y el aumento de las tensiones geopolíticas a medida que los países compiten por fuentes escasas de proteínas.

Lo que los economistas suelen denominar “externalidades”, estos impactos sociales y ambientales imponen un costo que recae principalmente en los países más pobres donde se extraen y procesan los insumos, lejos de donde se consumen estos costosísimos productos de mar.

En Argentina, la industria impone su mayor costo a los residentes que viven cerca de las plantas. El hedor que emana es más que una simple molestia: deteriora activamente la economía local, ahuyentando a los visitantes de las playas, a los clientes de los restaurantes y socavando el turismo. Cuando los turistas llegaban a un hotel en Mar del Plata en 2015, el olor era tan intenso que a veces tenían que salir al patio a vomitar. El mal olor también indicaba la liberación de sustancias químicas nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano. Estas sustancias han sido asociadas con graves problemas de salud, incluidos náuseas, edema pulmonar e incluso la muerte entre trabajadores de las plantas y vecinos.

La principal fuente del olor “a pescado” es la trimetilamina (TMA), un gas incoloro identificado como “altamente tóxico y cancerígeno” por la Sociedad de la Industria Química en 2021. Más de 48.000 personas, de las cuales más de 7.800 son menores de 15 años, viven a menos de un kilómetro y medio de plantas de harina de pescado en Argentina, según la herramienta Bait-to-Plate de The Outlaw Ocean Project, que realiza un seguimiento de las industrias pesquera y de productos de mar a nivel mundial.

Con el objetivo de obtener el panorama más completo posible, la investigación cartografió prácticamente toda la industria mundial de la harina de pescado, incluidas más de 1.400 plantas en 64 países, y rastreó las cadenas de suministro desde los buques pesqueros hasta las plantas de procesamiento, las fábricas de ración, las piscifactorías y los minoristas de productos de mar.

El trabajo periodístico involucró a decenas de periodistas en igual número de países, quienes realizaron visitas a fábricas y establecimientos, e incluso abordaron buques de producción de harina de pescado en alta mar. El objetivo era documentar lo que los economistas denominan “externalidades”: los costos sociales ocultos y desplazados de producir este insumo, que rara vez aparecen en los balances de las empresas de productos de mar que dependen de él.

Mucho más allá de Argentina, la investigación reveló una sorprendente diversidad de otros costos sociales. En Gambia y Mauritania, por ejemplo, los periodistas documentaron cómo la industria de la harina de pescado agrava la inseguridad alimentaria, ya que peces que antes sostenían a las comunidades locales se desvían cada vez con más frecuencia hacia estas fábricas para exportación. En las islas remotas del extremo oriental de Rusia y en la región de Xinjiang, en China, el trabajo periodístico detalló casos de trabajo forzoso en embarcaciones, granjas y fábricas.

En otros países, como India y Chile, esta industria estuvo vinculada a al menos 80 episodios de conflictividad social, algunos de ellos violentos, generalmente en forma de huelgas laborales y protestas comunitarias desencadenadas por la contaminación del agua o el hedor proveniente de fábricas que procesan miles de toneladas de pescado en descomposición. En Senegal, la producción de harina de pescado ha dejado sin trabajo a pescadores locales, que cada vez más venden, o reconvierten, sus embarcaciones para huir hacia Europa, normalmente emprendiendo la travesía marítima de aproximadamente 1500 km hasta las Islas Canarias, en España, una ruta que, en 2025, se cobró más de 3.000 vidas.

“Somos pescadores, pero aquí ya no quedan peces, así que nos fuimos”, contó Cheikhou Omar, un pescador de 21 años, a los periodistas en septiembre de 2024, mientras se encontraba en una playa en Senegal, tras ser rescatado luego de que la embarcación en la que intentaba llegar a España volcara, causando la muerte de 30 personas.

La industria de la harina de pescado contribuye a las tensiones geopolíticas, especialmente a medida que los países compiten por fuentes de proteína cada vez más escasas, lo que provoca enfrentamientos tanto en el mar como en tierra.

Por ejemplo, en 2021, una decena de arrastreros de fondo turcos que pescaban ilegalmente en el mar Egeo intentaron embestir a un buque de investigación griego cuando los científicos comenzaron a filmar su actividad. En 2018, estallaron disturbios en Saint-Louis, Senegal, después de que un pescador fuera abatido por guardacostas de Mauritania, durante lo que las autoridades mauritanas describieron como una incursión transfronteriza de una embarcación vinculada a la industria de la harina de pescado.

Desde mediados de la década de 1970, Marruecos ocupa militarmente el Sáhara Occidental, una presencia considerada ilegítima por más de diez fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diversas resoluciones de las Naciones Unidas. Aun así, buques marroquíes pescan de forma habitual en aguas del Sáhara Occidental para luego transformar su captura ilegal en harina de pescado en plantas ubicadas en ese territorio y exportarla a granjas acuícolas de todo el mundo etiquetada como marroquí. En 2020, un enfrentamiento violento a causa de varios camiones, muchos de ellos cargados con pescado y harina de pescado procedentes del Sáhara Occidental, provocó el colapso de un alto el fuego de 29 años entre las partes.

Los océanos soportan una carga especialmente pesada y en gran medida invisible derivada de la industria de la harina de pescado. Más de una quinta parte del pescado capturado en el mundo se destina a usos no relacionados al consumo humano, principalmente como ración para peces, pero también para pollos y cerdos. La investigación analizó más de 2.400 embarcaciones vinculadas a la producción de harina de pescado, que operan en aguas de al menos 30 países. Concluyó que esta flota es, en gran medida, muy poco transparente y difícil de controlar.

Por ejemplo, la mayoría de los buques analizados no cumplen plenamente con la Carta Mundial para la Transparencia Pesquera, una guía elaborada por destacadas organizaciones de la sociedad civil centradas en los océanos que establece estándares de rendición de cuentas para las flotas pesqueras industriales. Menos del 30% de la flota contaba con información pública sobre su ubicación y menos del 25% tenía un número único de identificación de embarcación (algo así como la matrícula del buque). Este nivel de opacidad dificulta garantizar que los capitanes cumplan con las normas.

Al menos la mitad de las especies desembarcadas por los buques analizados fueron clasificadas por estudios científicos como “sobreexplotadas”. La mayoría de las embarcaciones de la flota mundial de harina de pescado eran cerqueros o arrastreros, que utilizan redes de gran tamaño para capturar densos cardúmenes.

Ambos tipos de artes de pesca están asociados con altos niveles de desperdicio, ya que capturan de forma habitual grandes volúmenes de captura incidental y especies no objetivo. Al menos 165 de los buques de esta flota eran arrastreros de fondo, una de las formas de pesca más destructivas, que emplea redes lastradas que recorren el lecho marino destruyendo prácticamente todo a su paso. En muchos países, el problema de la pesca no sostenible se ve agravado por fuertes subsidios gubernamentales que mantienen en operación a demasiadas embarcaciones, intensificando la presión sobre pesquerías ya sobreexplotadas.

“Cualquier evaluación del verdadero impacto de la acuicultura debe comenzar no en la granja, sino en la ración”, afirmó Daniel Pauly. “Y ese tipo de análisis ofrece una imagen muy distinta de la que presenta la industria.”

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, comimos lo que los ecosistemas producían por sí mismos: peces silvestres, animales de pastoreo y cultivos destinados al consumo humano. El ganado sobrevivía en gran medida a base de pasto y de residuos agrícolas que las personas no consumían. Hoy hacemos algo distinto: cultivamos o capturamos alimentos que los humanos podrían comer y, en cambio, los destinamos a alimentar animales, especialmente en la ganadería industrial y la acuicultura. Estas calorías se transforman antes de ser consumidas.

Esta transformación global ha reconfigurado la cadena trófica, convirtiendo las granjas y los océanos en sistemas diseñados para procesar calorías. La red alimenticia natural, incluyendo quién se come a quién y cómo fluye la energía desde las plantas hasta los animales y los humanos, ya no está determinada principalmente por los ecosistemas, sino por el diseño industrial.

Los animales han dejado de parecerse a una especie de “cuenta de ahorro” que convertía residuos en alimento, para convertirse en fábricas biológicas impulsadas por insumos comercializados a escala global, como la soja y la harina de pescado. Aproximadamente el 90% de las capturas destinadas a la producción de harina de pescado a nivel mundial es apto para el consumo humano, según un estudio de 2017 publicado en la revista Fish and Fisheries. La mayoría de las plantas de harina de pescado en el mundo utiliza pescado entero en lugar de residuos de procesamiento o

La ciencia detrás de la ración animal, que combina maíz, soja, cereales y componentes como la harina de pescado para criar ganado de forma más rápida, con mayor tamaño y eficiencia, ha sido fundamental en el desarrollo de la civilización moderna.

Las prácticas de cría de animales surgieron hace aproximadamente 12.000 años en el llamado Creciente Fértil, una región que se extiende desde Mesopotamia hasta Egipto. Junto con innovaciones como el riego y el arado, la domesticación del ganado permitió a los seres humanos construir sistemas alimentarios estables, asentarse de forma permanente y, con el tiempo, desarrollar ciudades. A medida que la producción pasó de criar animales en pastizales abiertos a mantenerlos en espacios confinados, los seres humanos asumieron la responsabilidad de proporcionar dietas equilibradas, un antecedente temprano de los sistemas de alimentación industrial actuales.

En su libro de 2021 The Fishmeal Revolution, Kristin A. Wintersteen analiza cómo la corriente de Humboldt, un sistema de afloramiento frío y rico en nutrientes a lo largo de la costa del Pacífico de América del Sur, fue reinterpretada como una fuente de proteínas. Ese cambio, sostiene, convirtió al Perú en una superpotencia mundial de la harina de pescado.

A medida que la población mundial crece, también crece la competencia por nutrientes claves. Los países buscan reducir su dependencia de la importación de carne en un intento por alcanzar la “soberanía proteica”. Los inversionistas, por su parte, apuestan por fuentes alternativas de proteína, como la carne de origen vegetal o cultivada en laboratorio.

Las crisis como la gripe aviar y la guerra entre Rusia y Ucrania han provocado fuertes aumentos en los precios de la carne, poniendo de relieve la interconexión y la volatilidad de estos mercados de materias primas. “Cada vez con mayor frecuencia, los países ricos importadores de alimentos y los inversores privados adquieren tierras cultivables en el extranjero”, señala un informe del Centro Internacional Wilson titulado “Land Grab? The Race for the World’s Farmland”, que explica cómo estas compras apuntan a producir más alimentos.

En el contexto de esta disputa global por recursos valiosos, la ración animal representa una batalla oculta dentro de una guerra mayor. La competencia es especialmente intensa en torno a los cultivos, en particular de soja, destinados a la alimentación del ganado. “China, Estados Unidos y Brasil son, por lejos, los tres mayores productores de carne del mundo, y todos dependen de una misma materia prima que los vincula: la soja”, señaló un pódcast de 2024 de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. “En 2024, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se centran principalmente en productos de alta tecnología, como los semiconductores o los minerales críticos.

Pero en 2018, uno de los primeros campos de batalla entre estas superpotencias fue la soja”. Al igual que ocurre con este cultivo, la carrera por la harina y el aceite de pescado está impulsada por las mismas aspiraciones geopolíticas de soberanía y control sobre recursos estratégicos. Sin embargo, esta competencia no se desarrolla en tierra firme, sino en el mar, donde recibe mucha menos atención por parte de periodistas, gobiernos y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.

La acuicultura moderna tiene sus beneficios. La cría de peces proporciona accesos a proteínas asequibles a millones de personas durante todo el año. En India, por ejemplo, la acuicultura es una fuente clave de empleo, especialmente para las mujeres. En Bangladesh, la producción acuícola ha contribuido a una disminución general del precio del pescado, haciéndolo más accesible para los hogares de menores ingresos. Incluso teniendo en cuenta insumos como la soja y la harina de pescado, así como el transporte hasta Estados Unidos, algunos peces de cultivo, como la tilapia y el salmón del Atlántico, emiten menos gases de efecto invernadero por libra que la carne de vacuno o de cerdo.

La producción de bivalvos, como almejas, ostras, vieiras y mejillones, es una forma especialmente sostenible de acuicultura, ya que estas especies no requieren alimentación adicional. Este tipo de producción también tiene una huella de carbono muy baja y genera conchas que pueden funcionar como una forma de captura de carbono, según un estudio de 2020 publicado en la revista Nature Food. Desde 2022, aproximadamente un tercio de la acuicultura mundial no requiere insumos de alimentación externos.

La industria de la ración ha destacado la reducción en su dependencia de la harina y el aceite de pescado, y especialmente en el uso de pescado entero o apto para el consumo humano. Sin embargo, a medida que la acuicultura sigue creciendo, también lo hace la demanda de harina de pescado, y se prevé, según la FAO, que la producción mundial aumente casi un 10%, entre 2022 y 2032, principalmente a partir de subproductos de procesamiento.

Consultada sobre las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de su sector, Véronique Jamin, portavoz de la IFFO, la asociación internacional de la harina y el aceite de pescado, afirmó que la acuicultura es “el sistema de proteína animal más eficiente”. Añadió que el “papel de su organización no es aconsejar qué mercados deberían utilizar harina y aceite de pescado”. “Los marcos de sostenibilidad no funcionarán si ignorasen la economía del mundo real”, señaló, y sostuvo que las empresas de productos de mar deben responder a “lo que la gente realmente quiere comprar y comer”.

Los intentos por sustituir la harina y el aceite de pescado han enfrentado dificultades. Los investigadores han identificado diversas fuentes alternativas de alimentación para peces carnívoros de cultivo, incluidas las algas, residuos de yuca, larvas de mosca soldado, proteínas unicelulares producidas por hongos y bacterias, e incluso aguas residuales. Sin embargo, ninguna se produce a escala de forma asequible. Estas alternativas suelen carecer de toda la gama de nutrientes necesarios para el crecimiento de los peces de cultivo, en particular de ácidos grasos omega-3. Algunas opciones, como la harina de insectos, resultan costosas y, por ello, existe un interés limitado por parte de las empresas que fabrican ración en pagar un sobreprecio por estas alternativas “verdes”.

Por ahora, el patrón persiste: peces capturados en Argentina y en otros lugares son transformados en alimento, mientras muchos de los costos de esa producción se pagan en otros sitios. En Chile, varios cientos de manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon carreteras costeras y vías ferroviarias para protestar por el cierre anticipado de la temporada de pesca, una medida impulsada en parte por la sobrepesca vinculada a la producción de harina de pescado. En Rusia, trabajadores del procesamiento de pescado fueron retenidos en pueblos empresariales aislados en zonas remotas del país, o quedaron atrapados en embarcaciones lejos de la costa.

“La gente no tiene adónde ir, no tiene dinero”, dijo un trabajador en un pedido dirigido a Vladimir Putin, quien participó en un programa televisivo de llamadas en vivo en el que se abordó el tema de una planta de harina de pescado. Un segundo trabajador añadió: “Por favor, ayúdennos”.

La investigación también reveló el papel oculto de las prácticas de reducción de costos, como el trabajo forzoso y la apropiación de tierras, en la expansión de la industria acuícola de China. Actualmente, China produce más de cuatro veces la cantidad de pescado que captura. Una de las regiones de crecimiento más acelerado en este auge es el interior occidental del país, caracterizado por zonas montañosas y desérticas, especialmente Tibet y Xinjiang, dos áreas conocidas por una intensa represión política.

La investigación identificó más de 1.000 granjas acuícolas en Xinjiang y el Tíbet que producen anualmente productos de mar por un valor estimado de 500 millones de dólares, gran parte de los cuales se exporta a más de una decena de países, incluidos Estados Unidos.

A medida que la producción de productos de mar se ha globalizado, sus cadenas de suministro se han alargado y se ha vuelto más difícil para los consumidores saber si esos productos fueron obtenidos de forma sostenible o legal. La mayoría de los minoristas que venden estos productos también carece de información, ya que el seguimiento resulta complejo y costoso.

Robert K. Stumberg, profesor en Georgetown Law y experto en cadenas de suministro, explicó que esto se debe en parte a que los minoristas suelen comprar a mayoristas y rara vez rastrean a sus proveedores. Otra razón puede ser la negación verosímil, añadió: “Las empresas pueden eludir la responsabilidad o la necesidad de corregir problemas si no son conscientes de ellos.”

Cuando los organismos reguladores han demostrado no poder garantizar que las cadenas de suministro estén libres de prácticas no sostenibles, ilegales o poco éticas, los programas de certificación impulsados por la propia industria han intentado llenar ese vacío. Los críticos señalan que estos programas funcionan más como una cortina de humo en materia de sostenibilidad, al tiempo que ofrecen a los clientes en etapas posteriores de la cadena una forma de evitar examinar con mayor profundidad a sus proveedores. En general, estos esquemas se centran en los delitos ambientales, mientras que en gran medida pasan por alto los abusos laborales a bordo.

Allie Brudney, abogada sénior de Corporate Accountability Lab, una organización sin fines de lucro dedicada al litigio estratégico, señaló que en tierra, en plantas de procesamiento o en granjas, los programas de certificación rara vez realizan inspecciones sorpresa para verificar las garantías ofrecidas por los responsables de los establecimientos. En su lugar, con frecuencia avisan a las empresas antes de la llegada de los inspectores, lo que les da tiempo para “limpiar” el lugar y evitar que se detecten infracciones. En el mar, estos programas también suelen basarse en información autodeclarada por los capitanes, en lugar de contar con auditorías directas a bordo de los buques, donde los abusos son más frecuentes.

Devan Meserve, portavoz de The Global Seafood Alliance, que gestiona el programa Best Aquaculture Practices, afirmó que su organización representa el “programa más completo para productos de mar de cultivo”, en parte porque abarca “toda la cadena de producción acuícola”. No obstante, añadió que proteger a los trabajadores en los buques pesqueros que abastecen a las fábricas de ración es un “enorme desafío”, ya que las auditorías se realizan estrictamente en puerto y no permiten observar las condiciones de captura en el mar. También señaló que su organización ayuda a la industria a combatir la pesca ilegal y la sobrepesca al exigir que las fábricas obtengan la mayor parte del pescado que utilizan, para producir harina o aceite, de pesquerías acreditadas por programas de certificación como MarinTrust y Marine Stewardship Council.

En parte respaldadas por estos programas de certificación, las empresas de productos de mar suelen hacer afirmaciones de marketing sobre la ética y la sostenibilidad de sus productos. A menudo, estas afirmaciones no tienen en cuenta delitos o problemáticas sociales en etapas anteriores de sus cadenas de suministro, incluidos los buques o las plantas que producen el alimento para las piscifactorías. Esta desconexión está generando un creciente riesgo legal para las empresas del sector y los minoristas.

Desde 2020, se han presentado al menos nueve demandas por publicidad engañosa contra seis empresas de productos de mar en seis jurisdicciones de Estados Unidos. Las denuncias se centraron en un patrón común: declaraciones de marketing que presentaban los productos como sostenibles o de origen ético, acompañadas de evidencias en la cadena de suministro que sugerían lo contrario. Los demandantes cuestionaron expresiones como “sostenible”, “ecológico”, “totalmente natural”, “capturado en estado salvaje” y “de la costa de Maine”, así como afirmaciones sobre estándares superiores en seguridad laboral.

En al menos cuatro casos, el uso de harina y aceite de pescado, y su vínculo con la pesca industrial y la degradación de los ecosistemas, fue un elemento central para argumentar que los productos no eran ambientalmente sostenibles. Otras acusaciones incluyeron el uso de trabajo forzoso en embarcaciones pesqueras y la dependencia de pesticidas y antibióticos nocivos. Durante ese mismo período, las empresas del sector pagaron más de 2 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para resolver estos casos de publicidad engañosa.

La investigación de The Outlaw Ocean Project analizó más de 800 empresas de productos de mar que realizaban afirmaciones de marketing similares, o incluso más contundentes, que las cuestionadas en las demandas, y encontró que más de la mitad presentaba delitos o irregularidades documentadas en sus cadenas de suministro.

Dana Cleaveley, consultora de investigación anteriormente vinculada a SeaChoice, señaló que muchas industrias ya han tenido que enfrentarse a abusos de derechos humanos y daños ambientales ocultos en sus cadenas de suministro. Citó como ejemplos la “ropa producida en talleres clandestinos”, los “diamantes de sangre” y el “café de comercio justo”.

El sector de los productos de mar ha tardado más en enfrentar ese nivel de escrutinio, aunque, a medida que el mundo busca más fuentes de proteína y recurre cada vez más a la acuicultura, esto podría cambiar, especialmente si más gobiernos comienzan a restringir las importaciones vinculadas a prácticas ilegales o no sostenibles. Y añadió: “Será entonces cuando los inversores comiencen a percibir un riesgo material, no solo reputacional, y las empresas tendrán que ajustar sus prácticas.”

Parte de la preocupación en torno a la industria argentina de la harina de pescado se centra mar adentro, en si se están capturando más peces de lo que resulta sostenible. Las plantas argentinas dependen principalmente de sardinas, caballa y merluza, capturadas en su mayoría en aguas nacionales.

En 2022, se implementó una veda temporal para la pesca de merluza en una zona compartida entre Argentina y Uruguay, con el objetivo de evitar capturas no sostenibles de ejemplares juveniles que, de otro modo, serían extraídos antes de poder reproducirse. Asimismo, Argentina cuenta con dos poblaciones de anchoa: una compartida con Uruguay en la frontera norte y otra en la Patagonia, al sur. Debido a preocupaciones en materia de sostenibilidad, la provincia de Buenos Aires ha prohibido el uso de anchoas para la producción de harina de pescado.

A menudo enmarcada más en términos de soberanía nacional que de pesca sostenible, Argentina ha realizado esfuerzos significativos para vigilar sus aguas y prevenir incursiones extranjeras.

En septiembre de 2020, el gobierno aprobó por unanimidad una legislación que incrementó considerablemente las sanciones y multas para quienes pescan ilegalmente en aguas argentinas, incluidas las que rodean a las Islas Malvinas. Con la aprobación de esta norma, el Congreso de la Nación convirtió en ley tres iniciativas enviadas por el presidente Alberto Fernández sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como las áreas marítimas circundantes. Posteriormente, el gobierno desplegó flotas navales en los límites de las aguas nacionales para ayudar a monitorear y combatir la pesca ilegal, frecuentemente llevada a cabo por embarcaciones chinas, según la Armada Argentina.

A pesar de estos esfuerzos, algunos críticos han señalado que el gobierno argentino es demasiado permisivo con las grandes empresas pesqueras. Por ejemplo, en septiembre de 2024, representantes del gobierno se reunieron en secreto con varios ejecutivos del sector y solicitaron pagos de millones de dólares a cada empresa a cambio de derechos de pesca de merluza durante los siguientes 15 años. Los detalles de la reunión se filtraron posteriormente a La Política Online, lo que desencadenó una investigación por parte de la fiscalía y la suspensión del proceso de renovación de las cuotas de merluza.

Las empresas pesqueras argentinas han contado históricamente con el apoyo del estado. En 2018, Argentina otorgó al menos 240 millones de dólares en subsidios perjudiciales a su industria pesquera, según un estudio de la Universidad de Columbia Británica. Los subsidios a la pesca son controvertidos porque, según muchos investigadores, pueden incentivar la presencia de demasiadas embarcaciones en el mar, lo que acelera la sobrepesca. Los gobiernos de todo el mundo dieron un paso hacia el fin de esta práctica cuando un acuerdo sobre subsidios a la pesca aprobado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la cual Argentina es miembro, entró en vigor en 2025. En virtud de este acuerdo, los estados miembros se comprometieron a prohibir los subsidios que contribuyen a la pesca no regulada o ilegal y a la explotación de poblaciones sobreexplotadas.

El futuro del papel de Argentina como productora y consumidora de harina de pescado depende en gran medida de si expande su industria acuícola. Algunas instituciones influyentes impulsan esta dirección. En 2024, el Banco Mundial publicó un informe en el que sostiene que el país debería ampliar tres tipos de cultivo acuícola para promover el desarrollo económico, generar empleo y ofrecer fuentes de proteína más accesibles. Uno de ellos, los mejillones, es ampliamente considerado una forma sostenible de acuicultura porque no depende de alimento como la harina de pescado, mientras que los otros dos, el pacú y la trucha arcoíris, sí la consumen.

La elaboración de este reportaje formó parte de una investigación más amplia realizada por un equipo internacional de periodistas de The Outlaw Ocean Project.