Ningún país ha querido acoger hipopótamos colombianos, descendientes de los cuatro ejemplares que el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente desde África en 1981. “El silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibirlos”, ha reconocido este lunes la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, en una rueda de prensa. Colombia, entonces, recurrirá a la eutanasia para frenar la expansión de esta especie invasora, de la cual hay unos 160 ejemplares en el país sudamericano. “Sin esa acción es imposible controlar la población. Las estimaciones indican que a 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando nuestros ecosistemas, afectando nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga de río”, ha subrayado la ministra.
La historia de los hipopótamos colombianos empezó en la Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, donde Escobar montó un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Las tres hembras y un macho originales comenzaron a reproducirse en un clima propicio y en un entorno sin depredadores que los amenazaran. Con el tiempo, tomaron el río Magdalena, el más grande del país, y se expandieron por Antioquia y los departamentos vecinos de Santander y Bolívar. Se volvieron habituales las noticias de campesinos que se los encontraban en las carreteras y que, en algunos casos, fueron víctimas de ataques.
Los hipopótamos, que pueden pesar hasta tres toneladas y consumir 70 kilos de pasto por día, producen todo tipo de afectaciones en el ecosistema. La descomposición de sus desechos en los pozos y ríos en los que pasan gran parte del día produce bacterias, que a su vez liberan dióxido de carbono y limitan el oxígeno que necesitan las demás especies. Cuando se mueven en tierra, también afectan los suelos: trasladan minerales, destruyen cultivos y dejan sin alimento a otros animales. La ministra Vélez ha sido enfática este lunes en que la prioridad de Colombia debe ser proteger a los nativos: “Es en responsabilidad con nuestros ecosistemas que tenemos que tomar estas acciones”.
En la última década, los debates de la comunidad académica y la cobertura de incidentes con comunidades locales en los medios de comunicación han producido una mayor conciencia sobre la necesidad de controlar la reproducción descontrolada, sobre todo ante proyecciones que indican que habrá 1.000 ejemplares en 2035 si no se hace nada al respecto. Sin embargo, hay desacuerdos sobre el cómo. Sectores animalistas y progresistas han cuestionado que se recurra a la caza o eutanasia, como sugieren los científicos. Activistas y políticos han pedido que se opte por la captura y esterilización quirúrgica o el traslado a santuarios en otros países.
El problema es que estas otras opciones son demasiado costosas o poco eficientes. Las esterilizaciones requieren de cirugías que son difíciles de practicar en animales tan grandes y de los cuales es difícil determinar el sexo. Las pocas que se han hecho palidecen ante una reproducción que ocurre a una mayor velocidad. Asimismo, recurrir a los confinamientos en espacios delimitados no solo es costoso por la infraestructura, sino que también es posible que los animales se escapen o se agredan entre ellos al estar hacinados. El traslado a otros países es aún más complicado: requiere de permisos sanitarios difíciles de conseguir, sobre todo para una especie en riesgo de extinción en África.
El Gobierno de Gustavo Petro planteó una solución intermedia en 2024, luego de décadas de inacción. Propuso un “plan para el manejo” que integraría las tres vías y, “como último recurso”, la eutanasia, también conocida en el área como la caza de control. Este lunes, la ministra Vélez ha reducido las opciones a solo “dos caminos”: la translocación y la eutanasia. Ha explicado, además, que Colombia mantuvo diálogos infructuosos con siete países. Las razones oficiales que ha dado el Ministerio son variadas: desde la decisión de un zoológico de Filipinas a desistir por los costos elevados hasta la negativa de la autoridad ambiental de México a autorizar la importación, pese al pedido de un santuario.
El Ministerio ha anunciado la inversión de 7.200 millones de pesos (unos dos millones de dólares) para aplicar la eutanasia a unos 80 ejemplares a partir del segundo semestre de este año. Se priorizará una alternativa química: primero sedar a los animales y luego suministrarles un medicamento hasta que mueran. En caso de que no sea posible, se optará por “la eutanasia física”, en referencia a la caza con balas especiales que logren atravesar los huesos y músculos de estos animales. El Gobierno ha asegurado que el protocolo cumplirá con “altos estándares sanitarios que garantizan el bienestar del animal en su disposición final”.
Entre el optimismo y el rechazo
El biólogo y paleontólogo Jorge Moreno Bernal es uno de los académicos que celebra el anuncio del Gobierno. “Cuando se hablaba de enviarlos a santuarios, era una maniobra publicitaria. No era factible que se otorgaran los permisos”, comenta en una conversación teléfonica en la que también señala que las esterilizaciones que se llevan a cabo desde hace años “no le hacen ni cosquillas al crecimiento poblacional”. Bernal enfatiza que, desde 2020, la comunidad científica ha estado “más involucrada” en comunicar ante la opinión pública los problemas que producen los hipopótamos a los ecosistemas. Para él, esto ha producido “una diferencia grandísima” en los incentivos del Gobierno para avanzar finalmente en una decisión “más técnica”.
El biólogo Germán Jiménez, profesor en Manejo y Conservación de Fauna Silvestre en la Universidad Javeriana de Bogotá, es más escéptico. Dice que le sorprendió el anuncio porque el costo político de la eutanasia aún es alto, sobre todo si se recurre a la caza, y considera que el Ejecutivo solo “le está lanzando la papa caliente” a la próxima Administración, que iniciará en agosto de este año, cuando está previsto que comiencen los procedimientos con los hipopótamos. “Es un proceso complejo, que requiere equipos muy bien entreados. ¿Quién va asumir el costo?”, evalúa en una llamada. Comenta, además, que hay que buscar alternativas económicas para comunidades que viven de las actividades turísticas que han surgido alrededor de los hipopótamos y su origen vinculado a Pablo Escobar.
Los dos expertos coinciden en defender el uso del concepto de eutanasia, pese a que no existe un consentimiento como en el caso de los seres humanos. “Es un término que existe en el manejo de la fauna silvestre, no se inventó ahora. Se refiere a un manejo que respete lo más posible la vida de ese animal. Hay que practicarlo, porque es necesario, pero en las mejores condiciones posibles para no generarle un trauma mayor al animal”, subraya Jiménez, que pide priorizar los criterios técnicos y la evidencia científica por encima de “los sentimentalismos”. Algo similar opina Bernal, doctorando en la Universidad del Norte: “Es distinto al toreo o a las peleas de gallos, que torturan al animal por diversión. La idea es que no sea doloroso y que sea rápido para minimizar el sufrimiento”.
Los sectores animalistas han rechazado el anuncio del Ejecutivo. “¡Decisión facilista y cruel! Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún si son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”, ha escrito en X la senadora Andrea Padilla, que ha insistido en que el Gobierno debe avanzar con los traslados a otros países y las esterilizaciones quirúrgicas. “El costo económico no puede ser un criterio (…). Las matanzas las masacres, jamás serán soluciones aceptables”, ha agregado. Los hipopótamos de Pablo Escobar, una vez más, han quedado en el medio de la polémica. Aunque el Gobierno de Petro ha decidido avanzar en la eutanasia después de más de 40 años, nada garantiza que la decisión política se mantenga con la llegada de un nuevo presidente en agosto.
