Finalizada la pax romana tras la muerte del Papa Francisco, la Cámara de Diputados retomará su agenda con una sesión clave: el próximo martes se llevará a cabo la interpelación a funcionarios del gobierno en el marco del escándalo por la criptomoneda Libra. La oposición trabaja en el formato del interrogatorio. La propuesta que circula entre los bloques que impulsaron la citación busca que quienes promovieron la interpelación tengan mayor tiempo de uso de la palabra que aquellos que se opusieron. El esquema apunta directamente a limitar la intervención de los libertarios, que intentaron frenar la convocatoria. La estrategia encontrará resistencia en el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados, por lo que todo indica que la discusión sobre el reglamento se definirá en el recinto, voto a voto. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, es hasta ahora el único funcionario que confirmó su presencia. También se espera la asistencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La oposición diseña una estrategia milimétrica para que la interpelación no se extienda más de doce horas y no interfiera con la puesta en marcha de la Comisión Investigadora, prevista para el miércoles a las 10 de la mañana. La clave está en un uso calculado del tiempo que permita un intercambio ágil y evite que el jefe de Gabinete monopolice la palabra, como ocurrió en su última exposición ante el Congreso. Además, buscan limitar la intervención de los oficialistas y sus aliados. “Lo lógico es que quienes se opusieron a convocar a los ministros no ocupen el rol de interpelantes”, anticiparon a Página/12. Detrás de ese armado están Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.
Según pudo reconstruir este diario, los diputados se apoyan en los artículos 208 y 209 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados para definir los tiempos de exposición. La normativa establece que “el ministro o secretario interpelado y el diputado interpelante disponen de hasta una hora cada uno para su primera intervención”. En caso de que el funcionario del Poder Ejecutivo se exceda en ese plazo, el diputado que lo interpela puede igualar ese tiempo adicional.
Los legisladores encargados de diseñar el esquema deberán definir quién asumirá el rol de interpelante durante el tramo inicial —si será una única voz o si se dividirá entre representantes de distintos bloques—. Esa primera parte abrirá un intercambio directo entre Francos y los diputados. Luego comenzará el tramo de preguntas por bancadas.
En Unión por la Patria, el espacio con mayor representación, estimaban dividir sus cuarenta minutos en ocho intervenciones de cinco minutos cada una. “La idea es que tenga una dinámica veloz, que no se parezca al monólogo que fue la última visita del jefe de Gabinete”, confiaron a este diario. Al cierre de esta edición, las fuentes parlamentarias encargadas de diseñar el formato anticipaban que el oficialismo rechazará el cronograma, pero confiaban en poder imponerlo de todos modos. El esquema se discutirá primero en la reunión de labor parlamentaria previa a las interpelaciones, aunque todo indica que deberá definirse en el recinto. “Se va a tener que votar el plan de labor, como viene ocurriendo últimamente. Y tenemos los votos para sostener esa dinámica”, aseguraron.
De los cuatro funcionarios que deberían someterse a la interpelación en Diputados el próximo martes, los únicos que confirmaron su presencia son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Durante su último informe de gestión ante la Cámara baja, Francos eludió responder las más de cien preguntas vinculadas a la estafa de la criptomoneda $Libra, aunque aseguró que regresaría al recinto para ser interpelado. Según pudo saber este diario, Cúneo Libarona se preparaba para realizar una defensa centrada en los aspectos legales del caso.
Todas las miradas apuntan ahora a Luis “Toto” Caputo, célebre por sus maniobras para evitar el Congreso. En septiembre, se ausentó de la Comisión de Presupuesto y no defendió el proyecto de ley de Presupuesto 2025, que finalmente fue presentado por el propio presidente Javier Milei. Aunque la Constitución no prevé sanciones formales por su inasistencia, desde la oposición advierten que su ausencia podría interpretarse como un incumplimiento de los deberes de funcionario público —causal de juicio político—, e incluso señalan que “se puede interponer acción penal”, coincidieron distintas voces parlamentarias. Tampoco se lo espera al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva la Casa Rosada ni si quiera esbozó esfuerzos en convencerlo teniendo en cuenta que no se prevén sanciones para su cargo.
El oficialismo desestimó tanto las interpelaciones como la Comisión Investigadora, a las que calificó como “presiones políticas para subirse el precio y tratar de cascotear”. En esa línea, apuesta a desactivar el escándalo con el argumento de que “no hubo perjuicio para el Estado” derivado del posteo promovido por el presidente Javier Milei. Además, busca obturar el avance de la Comisión, hoy virtualmente empatada, gracias a la estrategia de balcanización de bloques que habilitó el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Un mecanismo excepcional
Aunque la interpelación es una herramienta consagrada por el artículo 71 de la Constitución Nacional, su aplicación ha sido casi nula desde el retorno de la democracia. Apenas tres casos resonantes quedaron grabados en la historia parlamentaria: el de los ministros del Interior y Defensa de Raúl Alfonsín, Antonio Tróccoli y Germán López, citados en 1986 por el secuestro y asesinato del empresario Osvaldo Sivak; y el del superministro Domingo Cavallo, interpelado en 1995 por el escándalo del Correo y sus vínculos con Alfredo Yabrán. Cavallo volvió al recinto en 1996 para una exposición más técnica, aunque con menor impacto público.
