La posibilidad de reabrir parte de los gimnasios EXEN encontró la oposición de la Fiscalía Federal. El fiscal Patricio Sabadini se pronunció en contra de la medida cautelar promovida por trabajadores de la cadena, quienes propusieron constituir un fideicomiso para administrar temporalmente tres establecimientos que permanecen alcanzados por la investigación judicial.
El planteo laboral, presentado con el patrocinio del abogado Ignacio Sinkovich, apunta a recuperar la actividad en las sedes EXEN Illia, EXEN Santiago del Estero y EXEN Las Heras. La propuesta contempla que los establecimientos puedan funcionar bajo un esquema de administración transitoria que, según sus impulsores, permitiría preservar empleos, conservar los bienes y evitar la pérdida de valor de las unidades productivas.
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Por qué la Fiscalía se opone a la reapertura
En su dictamen, Sabadini consideró “inviable” el mecanismo propuesto y pidió que la cautelar sea rechazada. Uno de los principales argumentos es que un fideicomiso no supone solamente administrar determinados activos, sino que implica una transferencia fiduciaria de bienes y la constitución de un patrimonio separado.
La discusión adquiere especial relevancia por el origen que la Fiscalía atribuye a esos activos. De acuerdo con la hipótesis que se investiga en el expediente, los bienes utilizados por las firmas vinculadas a EXEN podrían ser producto de las presuntas maniobras de lavado de activos. Desde esa perspectiva, habilitar nuevamente su explotación comercial podría entrar en contradicción con las medidas destinadas a impedir que continúe el circuito bajo investigación.
El fiscal también vinculó su postura con la ampliación de la acción penal contra las sociedades EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.. La acusación sostiene que esas estructuras empresariales habrían intervenido en operaciones destinadas a introducir al circuito económico formal fondos de presunto origen ilícito.
Sobre esas empresas, además, el Ministerio Público Fiscal ya había solicitado la suspensión temporal de sus actividades comerciales y de su personería jurídica. Para Sabadini, permitir ahora que participen como fiduciantes del esquema propuesto para reabrir los gimnasios resultaría incompatible con ese planteo.
También cuestionó quién administraría los bienes
Otro de los puntos observados por la Fiscalía fue la propuesta de designar como fiduciario a Juan Martín Castillo Cassiet. Los trabajadores fundamentaron su elección en el conocimiento que posee sobre la administración, las finanzas, los proveedores y el funcionamiento operativo de las sociedades involucradas.
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Sabadini interpretó ese antecedente en sentido contrario. Según su postura, no sería conveniente que los bienes alcanzados por medidas judiciales queden bajo la gestión de una persona que ya tuvo facultades operativas dentro de las estructuras comerciales investigadas.
La presentación fiscal se incorporó al expediente después de que la representación de los trabajadores reclamara una definición sobre la cautelar. Sinkovich había advertido sobre la situación de quienes quedaron sin actividad tras el cierre de las sedes y sostuvo que estaban comprometidos derechos laborales y patrimoniales.








