La periodista y candidata política peruana Susy Aponte Polo caminaba este sábado por un mercado de Caraz, una ciudad de la región andina de Áncash, al norte de Lima, cuando un hombre armado la mató a balazos e hirió de gravedad a otras dos personas. La China Polo, de 43 años, participaba en una actividad proselitista como candidata al Gobierno Regional por el partido Socios por Áncash. El crimen ocurrió pasado el mediodía, en medio de simpatizantes y miembros de su agrupación política. Horas después, la Policía detuvo a un ciudadano venezolano como presunto responsable del ataque, cuyo móvil todavía está bajo investigación.
Antes de convertirse en candidata, la comunicadora había ganado notoriedad en las redes sociales por sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción en municipalidades y otras instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público y la Policía Nacional. El pasado 15 de septiembre participó en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para los aspirantes al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días después fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras hacía campaña. Pero hay otro antecedente que ha pasado a ocupar el centro de las investigaciones: nueve días antes del crimen había dicho públicamente que su vida corría peligro.
Denuncias previas
El 10 de septiembre, Aponte aseguró en sus redes sociales haber recibido llamadas desde tres cárceles en las que le advertían de un supuesto plan para asesinarla. La periodista atribuyó esa amenaza al jefe de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo Farfán, y sostuvo que ya había acudido a las autoridades. “De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes. A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?”. No se han presentado hasta ahora elementos que permitan vincular esas acusaciones con el asesinato.
La periodista fue todavía más lejos en aquella intervención. “Ustedes, como siempre lo he dicho, altos mandos (de la Policía) serían los secuestradores, los narcos, los delincuentes, los extorsionadores, los criminales, porque ustedes están metidos, según denuncias. Yo ejerzo la labor periodística, a mucha honra. Yo miedo no tengo, señor Revoredo, pero esto no puede quedar impune. Porque este sería el modus operandi de estos ladrones que dizque son generales. Yo sé que están coludidos hasta con fiscales”.
Eran acusaciones de enorme gravedad que Aponte formulaba públicamente. A Revoredo lo señaló además de manera directa: “Revoredo es un presunto delincuente, mafioso. No merece que le hayan regalado el grado de general, así como tampoco merece ser el jefe de la Dirincri, porque sabemos cómo es la Dirincri. Todo es dinero. Siembran. Ellos mismos estarían extorsionando. Hasta los secuestran para conseguir dinero. No miento. Y lucharé por esta verdad hasta el final”. En otro mensaje, pronunció una frase que, tras su asesinato, adquiere un sentido especialmente inquietante: “Si usted quiere atentar contra mi vida, pues tenga los cojones y hágalo directo. Tómate un traguito y tú mismo búscame (…) No tengo miedo de morir, pero todavía no puedo morir, porque tengo que hacer mucho por mi región Áncash”.
La investigación deberá establecer ahora si aquellas amenazas guardan alguna relación con el asesinato o si el móvil se encuentra en otra parte de la actividad periodística o política de Aponte. La comunicadora continuaba difundiendo investigaciones mientras participaba en la campaña electoral. Para este domingo tenía previsto emitir una nueva edición de su programa en redes sociales, China Polo dominical. Había anunciado como tema “todo el historial de Ladislao Cruz, más conocido como ‘Lalo Villa’, candidato a la alcaldía de Huaraz por la agrupación Alianza para el Progreso”.
El asesinato se produce en un contexto de creciente violencia contra la prensa peruana. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú registró 140 ataques contra periodistas y medios entre enero y los primeros días de mayo de este año. Los casos abarcaron desde discursos estigmatizantes y amenazas hasta agresiones físicas y dos tentativas de homicidio. La organización ha advertido también del riesgo añadido por el contexto electoral. En 2025 se contabilizaron 458 ataques contra periodistas y medios y cuatro periodistas fueron asesinados, el mayor número de muertes de profesionales de la prensa registrado en el país en lo que va del siglo. Amnistía Internacional también ha advertido del incremento de los ataques contra periodistas.
Los episodios de las últimas semanas muestran que las amenazas no se concentran en una sola zona. El pasado 17 de septiembre, Kenny Yucra, director del medio digital La Lupa, de la región Ica, recibió mensajes de WhatsApp con dos videos en los que aparecía un arma simulando dispararle. Los autores mencionaron también la dirección de su vivienda y el nombre de su hijo de un año y medio. Una semana antes, dos hombres dispararon cuatro veces contra las instalaciones del medio digital La Noticia Clave, en la región Lambayeque, cuando todavía había periodistas en su interior. Y en julio, Kevin Rodríguez, periodista de la ciudad de Iquitos, en la selva peruana, encontró frente a su casa un mensaje intimidante acompañado de dos balas después de investigar el gasto de varias municipalidades.
El Gobierno Regional de Áncash condenó este sábado el asesinato y reclamó una respuesta inmediata de las autoridades nacionales. En tanto, desde las redes sociales de la ‘China Polo Dominical’, su equipo de prensa ha expresado su iracundo reclamo: “No queremos solo al que jaló el gatillo, queremos saber quién mandó asesinarla”.
