El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, se ha amparado este viernes en su derecho a la libertad expresión y a la “crítica política” para justificar los ataques que dirigió en sus redes sociales contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) ha declarado ante el magistrado Juan Ramón Berdugo, que le investiga por varios mensajes que dirigió a través de Telegram contra Gisbert y que, según el alto tribunal, pueden constituir un delito de acoso.
Esta es la segunda vez que el agitador declara voluntariamente como investigado en el Supremo, ante el que está aforado por su condición de parlamentario. Alvise ya compareció el pasado 6 de junio ante el juez que le investiga por un test falso de covid del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En aquella ocasión, el líder de SALF alegó que él se limitó a reenviar una imagen que llevaba mucho tiempo circulando por internet y a que lo hizo sin “mala fe”, pese a que la Fiscalía considera que la imagen la confeccionó él.
El agitador ultra ha enmarcado sus mensajes contra Gisbert en la “crítica política”. “Por ese tipo de cuestiones que antes, antaño, eran libertad de expresión, hoy tengo que declarar en el Tribunal Supremo”, ha afirmado Alvise a la salida del tribunal. El eurodiputado ha justificado su actuación porque, asegura, se limitó a cuestionar a una fiscal que “quiere meter en prisión a personas que critiquen la inmigración masiva”.
La investigación por la que ha declarado este viernes se basa en la exposición razonada que envió al alto tribunal un juzgado de Valencia, que había abierto diligencias tras la denuncia de la fiscal Gisbert por un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y odio. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en el canal de Telegram de Alvise y que habían llevado a que personas que ella no conocía le remitieran mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.
El mensaje que Alvise publicó en Telegram difundía datos personales de Gisbert, a la que el agitador ultra señalaba por perseguir delitos de odio. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades”, escribió Alvise, que publicó una imagen de la fiscal, a la que definía como “la responsable en Valencia de haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas”.
El Supremo, tras estudiar la denuncia de Gisbert, consideró que la actuación de Alvise puede responder a un tipo de delito de acoso conocido como stalking y que consiste en intimidar a una persona, en este caso, a través de las redes sociales. Los magistrados señalan que el ahora eurodiputado hizo “una llamada a un grupo cercano a los 40.000 seguidores” para que expresaran y desarrollaran “una animadversión” hacia la fiscal. Además, advierte la sala, Alvise hizo un segundo llamamiento a movilizarse a sus seguidores después de que muchos de ellos hubieran expresado su intención de actuar contra Gisbert y su familia.
El tribunal advierte en esta actitud del líder de SALF “una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar los centenares de personas que asumieran su reto”. Estos hechos encajan en el delito de acoso citado por los magistrados.
El Supremo tiene una tercera causa abierta contra el agitador ultra, centrada en la supuesta financiación de SALF, su agrupación electoral, y tiene todavía que decidir si abre también causa por sobre, al menos, otras tres denuncias que tiene sobre la mesa.
