El patrimonio de los hermanos Milei ya está bajo investigación en la causa sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria General de la Presidencia Karina Milei. Pero también requirió la misma medida respecto de un exfuncionario, Sergio Morales, quien fue asesor de la Comisión Nacional de Valores, y de los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que funcionaron como nexo entre el mandatario y los empresarios extranjeros que crearon el token que causó la pérdida de sus inversiones a miles de ahorristas y generó beneficios millonarios a un puñado de billeteras virtuales.
El secreto fiscal es el que obliga a mantener en reserva información económica y patrimonial de los contribuyentes y el bancario es el que determina que las entidades no pueden dar información sobre movimientos, operaciones o negocios de sus clientes. Es una garantía que se deriva del principio de privacidad. Por eso, cuando un fiscal –como en este caso– pide su levantamiento y lo hace respecto de las más altas autoridades, es un reflejo de la gravedad de lo que se investiga. Taiano ordena la formación de “un legajo de investigación patrimonial, a fin de disponer en ese marco todas las medidas relativas al aspecto económico de la pesquisa” y explica que varios de los requerimientos que hará, necesitan estar libres de secreto.
La novedad fue revelada por el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana), impulsor de una de las primeras denuncias por lo que se perfila como una mega estafa y quien representa junto con su equipo de abogados la querella de tres damnificados que compraron el criptoactivo confiados en que lo promovía el jefe de Estado. En un posteo en la red social “X” relató que la medida sobre el levantamiento del secreto fue posterior a una audiencia en Comdoro Py. “Ahora podemos decir que Karina Milei –la valijera– que venía zafando, está formalmente imputada a partir del pedido de nuestra querella…”, sostuvo. En tono irónico hizo una alusión al intento de la defensa de Novelli y Terrones Godoy de desplazarlo de la querella: “Una cosa chiquitos, por si no se dieron cuenta, con nosotros no funciona ni el palo ni la zanahoria”.
Los tres jóvenes que impulsan la querella –que declararán como testigos– habían pedido que se defina si la secretaria de la Presidencia estaba imputada. En un escrito del 3 de abril, previo al de las nuevas medidas, la fiscalía respondió: “Hágase saber que el objeto procesal de estas actuaciones comprende tanto al presidente Javier Milei, como a su círuclo de funcionarios y/o colaboradores más cercanos, motivo por el cual se han ordenado diversas medidas que alcanzan a la nombrada” (en alusión a Karina Milei).
¿Quiénes se beneficiaron?
En un despacho anterior el fiscal había anunciado que tenía previsto analizar la evolución de bienes de los implicados desde el año 2023. Le pidió asesoramiento a la secretaria para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli. Una de las preguntas obvias para estea investigación es si los funcionarios hicieron negocios u obtuvieron beneficios con el token $LIBRA.
Ya se sabe porque lo dijo el propio Milei que cuando promovió otras criptomonedas (que inclusive derivaron en fraudes) como CoinX y $Vulc, cobraba lo que llama sus “opinions”, según dijo en una entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum. Hacía videos y publicaciones llamando a comprar el criptoactivo, que en el caso de Vulcano (un token en el que se invertía a través de un juego) también estaba ligado a Novelli. Por entonces, el actual Presidente era diputado. Lo que en el caso $LIBRA se sabe es que hay una masa de por lo menos 210 millones de dólares, según concluyeron consultoras especializadas, que perdieron ahorristas y se quedaron otros. Y están los relatos de varios empresarios del mundo cripto, que cuentan que les cobraban o pretendían cobrarles por reunirse con Milei. Algunos, como surge de chats difundidos en medios del propio Hayden Davis –creador de $LIBRA– habrían tenido en cierto casos como intermediaria/filtro a Karina Milei. Davis decía que le pagaba “a la hermana” y tenía bajo “control” al mandatario.
Hasta ahora Taiano apuntaba a los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho. Todo indica que evalúa el posible enriquecimiento ilícito. Una presentación del Centro de Investigación y Prevención de la Actividad Económica (CIPCE) de la semana pasada sostuvo que Milei “debe ser investigado por negociaciones incompatibles con la función pública”. Esta ONG pidió en la causa a cargo del juzgado de María Servini –que delegó a Taiano la pesquisa– ser aceptada como “querella de la sociedad civil”. Todavía no tuvo respuesta.
Lo que sostiene el CIPCE es que “es un caso excepcional de corrupción, por ser prácticamente flagrante y estar probado casi en su totalidad a través de medidas de prueba de público conocimiento”. El delito de negociaciones incompatibles, explican, castiga hasta con seis años de prisión “a los funcionarios públicos que se interesen en contratos o negocios privados” “sea que lo hagan en forma directa o a través de personas o negocios simulados, y con independencia del resultado al que se arribe en la negociación”. “A diferencia del cohecho no exige que se compruebe la entrega de dinero a cambio de garantizar un hacer o un no hacer por parte del funcionario”, señalaron.
Es conocido, pero vale repasarlo bajo esta mirada: Milei publicó en su cuenta de “X” un mensaje que publicitada un proyecto privado que promovía un negocio llamado “Viva la Libertad Proyect” basado en la compra y venta de $LIBRA. El tuit, de las 19.01 del 14 de febrero, estuvo fijado cuatro horas. El valor del token subió en solo un rato de manera exponencial. Las billeteras que, con información preferencial, habían comprado $LIBRA a muy bajo valor, también vendieron cuando se disparó el precio. Junto con eso es escurrieron también los activos de respaldo. Por eso tanta gente perdió. Lo que el posteo dejaría en evidencia es que Milei conocía Viva La Libertad Proyect, a su impulsor Davis y al empresario Julian Peh, de Kip Protocol, nombre que aparece al pie de la web de ese proyecto. En su cuenta oficial difundió el nombre del token, el contrato, la página web y los supuestos propósitos de fondear emprendimientos pequeños. Después anuló el posteo y puso otro que decía que no estaba interiorizado y que, en efecto, era una iniciativa privada.
Redes, viajes dudosos, tarjetas de crédito
* En una nueva ronda de medidas, el fiscal Taiano dejó sentado que la Unidad de Ciberdelincuencia ya se ocupó de que pedir la preservación de las cuentas en redes sociales de las personas investigadas. A eso agregó pedidos de información que requerirán exhortos internacionales dirigidos a Meta, Google, Amanzon, Linkedin y X Corp, para obtener datos de quién creó cada cuenta, cuándo, qué e-mails asoció, la dirección IP de su creación y los últimos accesos. El trámite internacional puede ser engorroso y dilatar los tiempos. También habrá que ver cuánta disposición tiene Elon Musk a responder teniendo en cuenta que el imputado es su amigo.
Hay pedidos específicos sobre “Vivalalibertadproyect”, que tiene un gmail (a su vez vinculado a otro) y una página web. Quizá lo más interesante pueda surgir de las tarjetas de crédito y dispositivos (Android o IOS) vinculados con la cuenta y desde donde ese accedió a ella. También se requerirá a la empresa GoDaddy (que tienen una filial en Argentina) que proporcione información básica sobre quién solicitó y pagó –unas pocas horas antes del tuit de Milei– el registro del dominio que lleva ese nombre. A Amazon también se le piden detalles sobre una cuenta utilizada poara cargar y almacenr datos sobre el sitio vivalalibertadproyect.com.
* Del documento de Taiano surge que interviene, finalmente, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que el propio gobierno creó para “autoinvestigarse” dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Está al mando de María Florencia Zicavo, la jefa de gabinete de asesores del gabinete del ministro Mariano Cúneo Libarona, el funcionario a quien el propio presidente dijo en una entrevista con Jonatan Viale que sería quien lo asesore en su defensa (tramo que luego fue recortado, pero se filtró). La UTI le manda informes o prepara informes para entregar a Taiano. Uno de ellos es el listado de ingresos a la Secretaría General de la Presidencia. Se llama “Listado ingresos-UTI-protected Secretaría General”. Pero lo mandó blindado. Para abrirlo hace falta un código de acceso, que la fiscalía ahora le tuvo que pedir. Y así, ya se van a cumplir dos meses desde que estalló el escándalo cripto.
* Otro tema en interrogante clave que aparece: ¿A qué iban a Paraguay Novelli, Terrones Godoy y Morales? Justo cuando viajó también Davis ¿Quién sacó y pagó los pasajes? Parece que la Compañía de Aviación Paraguaya no respondió. Taiano volvió a pedir los datos de los tickets. Novelli y Terrones son dueños de Tech Forum, la empresa que organizó el foro donde se gestaron estos negocios. Según los registros de Migraciones a los que accedió Página/12 Novelli y Morales viajaron a Paraguay el 18 de noviembre de 2024. Terrones había ido dos días antes. Todos volvieron el 19. Davis fue en un vuelo privado el 17 de noviembre y volvió a Buenos Aires el 20. El 21 se juntaron en una reunión en la Casa Rosada. En un requerimiento anterior, el fiscal pidió los datos de la contratación del avión de Royal Class para que Davis se moviera por varios lugares cuando vino a la Argentina en noviembre. También pidió ingresos y egresos al hotel Libertador de todos ellos, más el padre y hermano de Davis, Peh y otros. Se sabe que Peh se reunió allí con Milei en el contexto del famoso foro tecnológico.
* Taiano pide saber también qué área o funcionario había propiciado la designación de Morales como coordinador de asesoramiento técnico. Morales aparece como nombre clave en el borrador de un contrato con Hayden Davis para asesor en exclusiva al gobierno en blockchain, criptomonedas e Inteligencia artificial.
