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Para el jueves, a una semana del brutal crimen, los amigos de Josué Salvatierra organizan una suelta de globos en la plaza que está frente a la Escuela N° 63 de Bosques Norte. Los vecinos y padres del colegio no salen de la conmoción, acompañan –como pueden– a sus hijos ante el dolor de lo inexplicable. A Josué (14) y a su novia Paloma Gallardo (16) los asesinaron en un predio sobre la Ruta 36. Sus cuerpos fueron hallados el sábado y por el doble crimen no hay ningún señalado.

Ante la falta de certezas la versiones se bifurcan. Para la Justicia se trató de un homicidio criminis causa, es decir para ocultar otro delito, en este caso el robo. A Paloma y Josué, que salieron de su casa a las 18 horas del jueves 30 de enero, los mataron a metros de sus casas, les robaron sus pertenencias y sus teléfonos. Creen que el asesino los mató para evitar ser reconocido.

La familia de Josué trabaja recolectando cartones y haciendo changas. Su hijo los ayudaba en algunas oportunidades y todos lo recuerdan como “un chico muy bueno, muy educado, siempre respetuoso”.

También a Paloma, hija de un pastor evangélico que tiene un canal de streaming junto a la mamá de la joven.

Mientras la investigación intenta encontrar su cauce y esperan el resultado de las pericias y del análisis de las cámaras de seguridad que tomaron el ingreso al sendero en el que fueron asesinados los jóvenes, las familias tienen más dudas que certezas.

Omar Gallardo, el papá de Paloma, dijo el lunes que quería que se investigue un posible ataque sexual contra su hija, por lesiones que vio en el cadáver cuando insistió para reconocerlo.

La familia de Josué, que enterró a su hijo el lunes, contrató como abogado a Carlos Dieguez, para que los representara en la causa. En diálogo con Clarín, Dieguez aseguró que sospecha de “dos o tres personas” y que pedirá que se investigue una posible trama de narcomenudeo detrás del crimen.

“El padre de Paloma es muy conocido en la comunidad y había denunciado la venta de drogas en el barrio, esto es algo que habría que investigar también”, especuló en diálogo con Clarín.

Existen un elemento que, para Dieguez, contradice la hipótesis del robo. Uno, es la “saña y la violencia” con la que los atacaron. “Se roban miles de celulares por día, ¿cuántos de esos hechos terminan en homicidio? Es extraño que para robarles los teléfonos hayan estado tanto tiempo y un ataque con tanta violencia”, aseguró.

Además, contó que los teléfonos de los dos jóvenes se apagaron a las 18.15, por lo que presumen que el ataque fue pocos minutos después de que ingresaran al predio.

Juliana Flores (30) es docente y tiene una hija de 13 y su pareja uno de 14. El mayor era compañero de escuela de Josué y por estas horas se enfrenta con el dolor de la noticia.

“Conocí a Josué porque era compañero del hijo de mi pareja, ellos son amigos y venían juntos porque viven a dos casas de la nuestra. Esto nos impacta porque son chicos que tenían mucho por vivir. Él era un nene super bueno, muy educado que no andaba en la calle, la verdad es que el nene era una angelito, no tenía maldad”, lo describe Juliana.

Que además contó que los papás del colegio organizan una suelta de globos para este jueves en la “plaza del 38”, frente a la Escuela.

“Realmente los chicos están destruidos, ahora más que nada contención, mucho abrazo”, asegura.

Para Juliana “es más de lo mismo” porque “la Justicia no hace nada, las leyes no cambian, el municipio no hace nada. No toman conciencia de lo que está pasando”.

“Los vecinos tenemos que decidir entre, arriesgar la vida cruzando por el puente, por la ruta, sin semáforo ni puente. O por este camino que tomaron los chicos, que es peligroso y te arriesgas a que te pase cualquier cosa”, explica la mujer.

En la familia de Juliana, como en la de otros vecinos, la libertad que los adolescentes demandan se cruza con la inseguridad y el temor a la violencia.

“Los chicos se angustian o se ponen mal porque no les permitimos hacer ciertas cosas, porque vivimos con miedo, porque las personas que nos tienen que cuidar no lo hacen”, dijo la mujer.

Y agregó: “Hoy en día no podemos andar por la calle o confiar en la gente, trato de hablarles a mis hijos, decirles que tomen conciencia, que no se enojen con uno porque si no los protegemos no los protege nadie. A nosotros los adultos tampoco”.

Juliana sabe lo que es pelear pidiendo justicia y sentir el desamparo ante la falta de respuetas: “Con lo de los chicos -por Josué y Paloma- nos pasa lo mismo que con lo de mi primo porque no sabemos si ocultan pruebas, si es lo que la policía quiere que creamos que fue un robo o si quieren agarrar a cualquiera para dejar conforme a la familia. Los vecinos, todo el mundo, queremos saber qué pasó con ellos, pero queremos la verdad”, insiste Juliana en diálogo con Clarín.

El 19 de diciembre de 2023 su primo, Nahuel Sanabria, tenía que bajarse del colectivo en Bosques Norte, a pocas cuadras del lugar donde ahora mataron a Paloma y Josué.

“Nahuel fue al hospital Melchor Romero porque sufría de epilepsia y tenía que buscar la medicación. Iba con una amiga y se pasó de la parada, a unos diez minutos de su casa. Bajó justo frente a una distribuidora y fue a pedir algo de tomar pero terminó muerto”, recordó Juliana sobre el hecho.

Nahuel cumplía 26 años el 20 de enero pero su familia se encontró en el velorio y no en su cumpleaños. El día de su muerte bajó a la distribuidora de bebidas Emicat, en Ruta Provincial N° 36 al 2300. Pidió un vino pero, como sólo se dedican a la venta mayorista no se lo quisieron vender.

Cuando salió la amiga que lo acompañaba llamó a su familia para pedir ayuda: estaban golpeándolo salvajemente entre cuatro personas.

Tanto le pegaron que “tenía toda la cara desfigurada, tenía golpes en las manos, en el cuello” y falleció producto de las heridas.

“Sabemos bien cómo es hacer una denuncia en las comisarías de Varela porque te tienen cinco, seis u ocho horas esperando, no te quieren recibir, es un desastre. En el caso de mi primo nos entregaron un certificado de defunción que decía que Nahuel falleció en su casa cuando eso es mentira”, recordó la joven.

Y agregó: “En la autopsia que nos dieron no decía que tenía lesiones, sino que falleció por una enfermedad cardíaca que no tenía diagnosticada y por la epilepsia él estaba super controlado. Todo fue así, empezamos a manifestarnos y a exigir justicia porque a Nahuel lo mataron a golpes. Tenemos una testigo que vio cómo le estaban pegando entre cuatro personas, que también fue agredida por estas personas”.

La causa cayó en la fiscalía N° 2 de Florencio Varela a cargo de Mariana Dongiovani pero después de varios reclamos, lograron que se traspase a una fiscalía de Quilmes a cargo de Karina Gallo.