La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla encargada de juzgar el mayor brote de listeriosis de Europa, que provocó cuatro muertes, siete abortos y afectó a más de 250 personas ―la mayoría en Andalucía―, ha acordado con todas las partes personadas en la causa darles una semana más de plazo para que alcancen un acuerdo que evite el macrojuicio. La decisión se ha adoptado tras una reunión a puerta cerrada de dos horas en la que se ha analizado el informe pericial del Instituto de Medicina Legal correspondiente a dos mellizos que nacieron prematuramente en agosto de 2019 debido a la infección por listera de la madre y que arrastran desde entonces graves problemas neurológicos, psicométricos, cardiovasculares, y digestivos, por los que reclaman en total ocho millones de euros como indemnización.
“La cantidad no se puede determinar porque hay efectivamente unas secuelas, pero después hay una serie de conceptos como las ayudas de terceras personas, el pronóstico de vida de los niños, que la cambia o la modifica”, ha explicado Manuel Parrilla, abogado de la familia de los dos mellizos, a la salida de la reunión en la sala de vistas de la Audiencia. Su caso es el más grave dentro de los lesionados por la listeriosis que siguen vivos.
Su solicitud altera en unos 5,5 millones de euros, los 6.120.000 euros que sumaban el total de las reclamaciones del resto de los demandantes ―243 lesionados y perjudicados y los familiares de las cuatro víctimas mortales y los siete abortos―, coinciden varios de sus abogados, unos 25 en total. Las partes llevan semanas reuniéndose con la Fiscalía y las dos aseguradoras del Ayuntamiento de Sevilla para tratar de cerrar un acuerdo sobre el pago de esa indemnización que no ha llegado a cuajar.
Hasta esta misma semana, el principal escollo era la reclamación de 3,8 millones de euros por gastos hospitalarios de la Junta de Andalucía, pero la administración autónoma se comprometió este martes a retirar su petición si el resto de los implicados alcanzaban ese acuerdo. Pero las dos aseguradoras del Ayuntamiento, una se ha comprometido con hasta seis millones y la otra con 1,2 millones, no han dado su brazo a torcer, explican los letrados consultados.
Tampoco el consistorio, que podría estar en disposición de asumir parte de las indemnizaciones, ha querido mover ficha. “Nosotros nos sentimos absolutamente abandonados por el Ayuntamiento”, ha dicho Parrilla. “Su postura no es solo alarmante, es indigna, porque además de estar como acusada y responsable civil subsidiaria, se ha presentado como acusación particular y va a reclamar incluso a su funcionario y a sus aseguradoras”, ha abundado. Se refiere a la veterinaria municipal, que también está acusada por no haber consignado adecuadamente el nivel de riesgo de Magrudis, la empresa donde se originó el brote, con la intención de ampliar los plazos para realizar nuevas inspecciones en la fábrica.
Los dueños de la cárnica, los principales acusados que se enfrentan hasta a penas de 11 años y seis meses de cárcel por delitos contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos por homicidio imprudente, siete de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, fueron declarados insolventes durante la instrucción. La póliza de su aseguradora solo alcanza 300.000 euros, una cantidad que impide satisfacer las demandas de los afectados.
Por eso es tan importante para las acusaciones particulares una condena de la veterinaria municipal, ya que eso allanaría el camino para exigir la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento en el mismo proceso penal. De lo contrario, debería abrirse otro procedimiento civil para reclamar las compensaciones económicas, lo que sumaría mucho más tiempo a los siete años que han transcurrido desde que, el 15 de agosto de 2019, la Junta de Andalucía decretara la alerta alimentaria por la presencia de listeria en la carne mechada elaborada por Magrudis.
En la semana que queda, los implicados pueden tratar de llegar a un acuerdo tanto en la parte penal como en la civil o solo en una de las dos, si bien, todos los abogados consultados prefieren zanjar el caso en un solo bloque.
Los principales acusados, José Antonio Marín Ponce, dueño y administrador de facto de la empresa; sus hijos Sandro ―administrador de derecho― y Mario, y su mujer Encarnación, aguardaban desde primera hora de la mañana en los pasillos de la Audiencia Provincial, junto con la veterinaria municipal y otro de los encausados, el arquitecto Sergio L.G, imputado por falsedad documental. Aunque todos se han sentado en el banquillo, deberán aguardar todavía siete días más para volver a ocupar ese mismo lugar y comprobar si la causa contra ellos continúa o se cierra con un acuerdo.
